Niña abusada en Garibaldi: diputadas provinciales reclaman al gobierno que informe el protocolo con el que se actuó en el caso

Se trata de las diputadas Lucila De Ponti, Gisel Mahmud, Mónica Peralta, Agustina Donnet, Jimena Senn, Damaris Pachiotti y Silvana Distéfano, quienes en la nota dirigida al gobernador Perotti expresaron su “preocupación por los hechos acontecidos” y, teniendo en cuenta el amparo legal en el cual se encuentra comprendida la situación - de acuerdo a lo establecido las leyes nacionales 27610 y 26061 y la ley provincial 12967- y “observando la extrema vulnerabilidad de la niña y a la gravedad del caso así como la necesidad de garantizar su interés superior”, pretenden saber:

• - Detalle del protocolo de actuación implementado por los agentes estatales intervinientes al recibir el caso, cuáles fueron las áreas involucradas de los distintos Ministerios así como la intervención detallada de cada área y los tiempos establecidos para llevar a cabo el procedimiento.
• - Si fue previsto un dispositivo de acompañamiento permanente para la niña y su madre desde el momento en que fue abordada la situación hasta la fecha prevista para la realización del procedimiento. Si la fecha establecida para la realización del mismo se debió a la disponibilidad de personal capacitado y dispuesto para llevarlo a cabo.
• - Si pudo identificarse la responsabilidad respecto de la violación a la intimidad de la niña y su familia que implica la difusión de la información respecto de su decisión de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo.
• - De confirmarse las denuncias acerca de las acciones realizadas por la ONG Grávida, las cuales resultan violatorias de las leyes vigentes en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, si se iniciaran las acciones correspondientes ante la Justicia.

"Fue papi": cómo se descubrió el abuso sexual

El hombre imputado como autor de abusos sexuales reiterados en perjuicio de su hija de 12 años, producto de los cuales la menor resultó embarazada, continuará en prisión preventiva mientras avanza la investigación. La medida fue dispuesta por el juez penal Martín Torres este viernes a pedido de la fiscal Alejandra Del Río Ayala, en una audiencia en la que se revelaron varios detalles de la causa.

El hombre imputado no quería que su esposa trabaje ni que tenga teléfono celular. Tampoco quería que sus cinco hijos asistan a la escuela. La mujer y sus hijos huyeron del hogar en junio, estuvieron unos meses en Sunchales y en noviembre volvieron a Garibaldi. Allí supieron que la niña estaba embarazada. "Fue papi", le contó la menor a su madre.

El imputado G.A., de quien no se publica su apellido por respeto a la identidad de la víctima, fue asistido por la defensora pública Silvina Corvalán, quien sostuvo que aún falta colectar evidencia para vincular al imputado con los hechos.

Abusos y violencia

Del Río Ayala sostuvo en la audiencia que los abusos fueron cometidos en un período indeterminado de tiempo hasta junio de 2022, en la vivienda familiar de la localidad de Garibaldi, en un contexto de violencia de género desplegado por el imputado contra su esposa y sus cinco hijos pequeños: cuatro varones y una niña.

El servicio local de Garibaldi comenzó a intervenir con el grupo familiar a raíz de una notificación de la escuela, ante las reiteradas ausencias de los niños. La madre declaró ante varios organismos y relató los reiterados episodios de violencia psicológica, simbólica, económica y física desplegada por el imputado desde el inicio de la relación de pareja: golpes con palos, cadenas, puños… El hombre impedía que la mujer trabaje y tenga teléfono celular y no quería que los niños asistan a la escuela.

La fiscal Del Río Ayala explicó que la mujer y sus hijos lograron huir del hogar el 30 de junio de 2022, cuando el hombre había salido a trabajar y le pidió a una vecina que llame a la representante de la comuna, ya que era la única posibilidad que tenía de escapar de la casa con sus hijos. Desde el municipio dieron aviso a la policía, mientras la mujer armaba los bolsos para huir de la violencia. Cuando el móvil policial los pasó a buscar por el campo donde vivían, primero fue a radicar la denuncia por violencia a la comisaría y luego fueron alojados en una casa de resguardo en la localidad de Sunchales.

En noviembre, la mujer volvió a convivir con sus hijos en una casa en la zona urbana de Garibaldi; allí pudo advertir los cambios en el cuerpo de su hija. Un día de diciembre fueron al Samco local, ya que la niña tenía los pies hinchados y sentía malestar. Los médicos consideraron que podía haber un problema renal e hicieron los análisis correspondientes; al dar negativo, le practicaron un test de embarazo que dio positivo. Así, ante su mamá y la médica, la niña dijo, entre lágrimas: "Fue papi".

La fiscal sostuvo que la niña pudo referirse a los abusos con el equipo de profesionales que la asistieron en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, donde este viernes se iba a concretar la interrupción del embarazo. Al referirse a esos relatos, sostuvo que la niña le dijo a su mamá su deseo de no continuar con el embarazo y que solo quiere volver a la pileta con sus amigas. Agregó que la menor había referido su voluntad de poder expresarse antes de la audiencia, de no ser por su situación de internación.

La fiscal solicitó que se habilite la feria judicial para que la niña pueda declarar en Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba lo antes posible y reclamó que el hombre continúe en prisión preventiva atento a los riesgos procesales. El juez Martín Torres dio por acreditados los hechos y la calificación legal seleccionada por la Fiscalía, entre la que se encuentra la corrupción de menores por el grave daño ocasionado al libre desarrollo de la menor y abusos sexuales calificados reiterados.

Además, habilitó la feria judicial para concretar la Cámara Gesell de la niña para cuando quiera declarar y entendió la necesidad de dictar la prisión preventiva del imputado ante el estado de vulnerabilidad de todo el grupo familiar que debe declarar en la causa.