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En su exposición ante los legisladores, el exministro de Seguridad de la provincia dejó en claro su postura ante la acusación que afronta ante el Poder Legislativo y aseguró que se tratan de maniobras políticas e institucionales para evitar que se investiguen estructuras de poder vinculadas al delito y que cuentan con protección política y judicial.
“Ya que varios dicen que tengo carpetas, ¿cuándo piensan que las voy a sacar? Hasta ahora no me ha ido muy bien, ¿no? ¿Dónde están esas carpetas? ¿Qué hago yo con esa información que no la pongo en juego?”, cuestionó Sain, en referencia al supuesto material con el que contaría y que sería usado para extorsionar a funcionarios de diferentes ámbitos.
“En las causas que he intervenido son causas judicializadas y con control de jueces. ¿O creen que como director puedo dirigir una investigación contra a quien a mí se me antoje? Son investigaciones a las estructuras de poder y muchas de las cuales comprometen a personas que están acá presentes”, disparó el director del OI y agregó: “Lo que están haciendo acá es sacarme del medio porque les molestan estas investigaciones”.
“No es un tuit lo que les molesta, les molesta que avancemos sobre investigaciones sobre estructuras criminales que tienen protección del poder púbico y legisladores”, dijo Sain; y en clara referencia al senador provincial Armando Traferri, resaltó que hay legisladores “que no tienen la valentía de presentarse en una audiencia imputativa. Desmerecen las instituciones. Esos son algunos de los que me van a juzgar, siento orgullo de que así sea”.
En esa misma dirección, Sain realizó un resumen de las innumerables acciones y gestiones realizadas por hombres de la política para evitar que, retorne primero y se mantenga después, en la dirección del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.
Marcelo Sain ingresó al Organismo de Investigaciones en 2018 y a fines de 2019 tomó licencia para ocupar el cargo de ministro de Seguridad de la provincia, en los inicios de la gestión del gobernador Omar Perotti. Dicha licencia, según Sain había sido concedida por el fiscal general y con algún tipo de convalidación de la Corte de la provincia.
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El exministro Marcelo Sain, que enfrenta la acusación de realizar actos proselitistas desde su cargo en el MPA, ingresó a la Legislatura haciendo la "V" que identifica al peronismo.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Luego, comienza lo que para Sain es “la saga”. El 22 de marzo, cuatro días después de la renuncia al cargo del Ejecutivo, solicitó la reincorporación como director del Organismo de Investigaciones. El mismo día, 22 de marzo, el fiscal regional Carlos Arietti informó al fiscal general, Jorge Baclini, sobre una investigación en contra de Sain sobre la situación de encarcelamiento de personas en sede de comisarías, a partir de la presentación de un hábeas corpus.
Al día siguiente, 23 de marzo, el diputado socialista Pablo Farías presentó una denuncia contra Sain ante el Inadi por dichos del funcionario que ofendía a la ciudadanía santafesina. El mismo 23 de marzo, un grupo de 27 diputados provinciales le solicitaron a Jorge Baclini que no autorice la reincorporación de Sain al OI. “Fíjense el amplio espectro político e institucional que estaba atrás de esta saga”, dijo el acusado ante los integrantes de la comisión de Acuerdos.
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Luego, el 25 de marzo, el diputado socialista Joaquín Blanco informó al fiscal general Baclini sobre una resolución de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en la que solicitaba que se impida el retorno al OI hasta que se defina el juicio político. Vale señalar que ese juicio político se pretendía desarrollar por acciones de Sain al frente de la cartera de Seguridad, pero según la ley, ese proceso se cae con la renuncia del funcionario, cuestión que finalmente ocurrió.
Luego, el 29 de marzo, el fiscal regional Carlos Arietti presentó una denuncia en contra de Sain ante la Auditoría General de Gestión del MPA por faltas graves. “Es nado sincronizado. Parecía una gran organización político e institucional funcionando en bloque”, dijo Sain mientras enumeraba cada una de las gestiones iniciadas para evitar su permanencia dentro del MPA.
El 26 de marzo se elevaron las actuaciones a la Auditoría de Gestión y el 29 de marzo la titular de la auditoría, Cecilia Vranicich resolvió que no tenía la potestad de investigar. Sobre este punto, Sain advirtió que “el fiscal general Baclini forma parte de este concordato”.
“Yo asumo el 31 de marzo y la junta de fiscales, en un procedimiento fuera de reglamento, inventó una suerte de apelación administrativa de la resolución final y vinculante de la auditoría y resuelven aceptar el recurso de reconsideración presentado por Arietti. Luego deciden apartar a Vranicich y se designa como auditor al fiscal Rubén Martínez para que inicie un nuevo sumario”, explicó el exministro de Seguridad.
Según relata, el 15 de junio Sain fue notificado de que se admitió la denuncia y que se había elevado a la comisión de Acuerdos la información para que se aboque al caso. “Hernández no investigó nada, solo elevó los autos que le llegaron y los remitió a la comisión de Acuerdos. Luego la comisión decidió avanzar en mi suspensión por 180 días y reducción de mi salario en un 50%.”
Sin embargo, el 19 de julio se iba a expedir la comisión, pero la justicia laboral resolvió dar lugar a un recurso de amparo con medida cautelar presentado por Sain, donde se ordenó a la comisión que se abstenga de tomar medidas disciplinarias. Es ese marco, la jueza Vigo le ordenó a la comisión que deje sin efecto el proceso. “Pero la comisión de Acuerdos, ustedes, hacen lo que se les da la gana”, les reprochó Sain durante su exposición y agregó: “Sesionaron y resolvieron que la causa no iba a archivo. Va a ser interesante estudiar esto en las facultades de derecho de la provincia”.
Luego, el director del OI hizo mención a las notas del diputado radical Fabián Bastía dirigidas la Cámara de Apelación en lo Laboral y a la Corte, en la que solicitaba intervención. “Ese día la Corte aceptó la solicitud de Bastía y luego el procurador de la Corte, Barraguirre, rechazó el pedido de abocamiento y aceptó la intervención de la justicia laboral”.
Sain también hizo referencia al caso de Débora Cotichini, funcionaria de tercera línea del Organismo de Investigaciones, acusada de acercarle información confidencial. Concretamente, marcó la afiliación política de los denunciantes, pese a ser parte del poder judicial. “Muchos de ellos son militantes radicales. Son personas de una clara afiliación política”, dijo y enumeró al menos cuatro personas que se desempeñan dentro del OI, afiliadas al radicalismo y que, incluso, fueron candidatos en 2019.
División de poderes
Otro de los puntos abordados por Sain en su defensa ante la comisión de Acuerdos es la supuesta violación de poderes y la incompatibilidad para ser funcionario del MPA por haber sido miembro del Ejecutivo.
Al respecto, explicó que cuando fue director del OI “fui muchas veces consultado por el gobernador Miguel Lifschitz en materia de seguridad pública. Nunca interpreté que las consultas del gobernador de la provincia de Santa Fe al director el Organismo de Investigaciones, que dependía del Ministerio Público de la Acusación, fuese una violación a la división de poderes”.
“Yo recuerdo un día en carnaval del 2019 que me pide una reunión del gobernador Lifschitz y terminé tomando mate en la casa de la entonces diputada Clara García y con el gobernador, hablando acerca de la violencia que estaba llevando adelante Guille Cantero en Rosario”, recordó a modo de ejemplo, y ratificó: “En ningún momento yo fui a esa reunión o a las numerosas reuniones de las que participé con funcionarios del Poder Ejecutivo, incluso con el doctor Silberstein (ministro de Justicia) y con el ministro Pullaro (ministro de Seguridad), que eran reuniones asiduas que en aquel entonces no se veían como cuestiones que violaran la división de poderes”.
En esa misma dirección, Sain mencionó el día en que detuvieron a Esteban Alvarado –un delincuente de máximo calibre del sur provincial- en Córdoba. “El día que se detuvieron a Alvarado, ahí empezó la noche para muchos y muchas, a la mañana cuando se tenía la información que Alvarado estaba en Córdoba, recibo el llamado de Pullaro y le sugerí que cuando vayan no lo hagan en autos oficiales y que no le avisen al jefe de la policía. Fueron tres de las Tropas de Operaciones Especiales en autos particulares. Ahí terminó en la detención de Alvarado. No fue violación de podres”.
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Durante la exposición de Sain, el diputado Maximiliano Pullaro negó esa situación. “Es mentira. Está contando un relato que es completamente falso, en ningún momento esa mañana nos comunicamos”, resaltó el dirigente radical. Pero Sain profundizó sus dichos: “A tal punto es veraz que el comisario Bertolotti le pidió a Pullaro que lo eximiera del aviso al jefe de la policía”. “Lo que quiero explicar es que había relaciones razonables entre personas que dirigen el OI y funcionarios del poder ejecutivo”, concluyó Sain.
