En teoría, según apuntan fuentes de ese organismo y del gobierno nacional, la renuncia que presentó Bailaque ante el Ministerio de Justicia de la Nación no sería tenida en cuenta, debido a que –según consultas que hizo esa cartera con el Consejo de la Magistratura– el proceso contra el juez está muy avanzado y en una etapa culmine.
Bailaque hizo esa presentación el 10 de junio pasado, luego de que el Consejo de la Magistratura confirmara la acusación en su contra. Es decir, quedará a un paso de perder el cargo que obtuvo en 2008, cuando asumió como juez federal. Bailaque estuvo antes desempeñándose en Santa Cruz como Defensor Oficial, en un principio, y luego como juez de Instrucción en Caleta Olivia. Por eso, inició los trámites de jubilación en esa provincia, donde los beneficios previsionales son más ventajosos. Aún no está claro qué sucederá con su jubilación si Bailaque es destituido.
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Antes de enviar su renuncia, Bailaque pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario una certificación de ingresos para mandar esa documentación a Santa Cruz.
Sin fueros y con prisión domiciliaria
Si el Poder Ejecutivo acepta su renuncia o si el Consejo de la Judicial lo destituye, en ambos casos, perderá sus fueros y deberá cumplir la prisión preventiva que fue ordenada por el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz ante el pedido del fiscal de PROCELAC Diego Velazco.
Luego, la Cámara Federal de Apelaciones, con el voto de los jueces Aníbal Pineda, Elida Vidal y Fernando Barbará, le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria con el argumento de que no había peligro de fuga del magistrado y que en la comodidad de su casa no podía interceder en la causa judicial en la que se lo investiga.
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Marcelo Bailaque junto a su contador Gabriel Mizzau, quien además llevaba la contabilidad de las empresas del líder narco Esteban Alvarado.
Bailaque tomó esta decisión al verse acorralado por el avance de la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, y luego de quedar imputado en tres causas que enfrenta en la Justicia federal de Rosario. En el Consejo de la Magistratura observaron que eligió un contexto particular para presentar su renuncia, en momentos en que el foco de la atención de los medios de prensa y de la política estaba puesta en la detención de Cristina Fernández de Kirchner.
Las tres acusaciones contra Marcelo Bailaque
El juez federal de Rosario enfrenta una compleja investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, que se divide en tres capítulos:
- Está acusado de extorsionar a un empresario junto con el financista Fernando Whpei, con prisión domiciliaria, y el exjefe de ARCA en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna.
- También está imputado de favorecer al jefe narco Esteban Alvarado, con quien compartía su contador, como reveló AIRE el 11 de junio pasado.
- Y está acusado de darle el manejo de fondos millonarios de una cooperativa intervenida a Whpei, quien el propio jefe de ARCA dijo en su declaración que manejaba el organismo recaudador y la Aduana, que debe controlar el complejo portuario del Gran Rosario, donde se cuela el narcotráfico a través de la hidrovía.
Por eso, varias fuentes judiciales insisten en que “esto es sólo la punta del iceberg”, aunque hay dudas de que la caída de Bailaque actúe como un techo. El dilema futuro es qué pasará cuando un juez ocupe el Juzgado Federal N°4. La sospecha es que la matriz de corrupción, que quedó al descubierto con esta investigación judicial y su correlato en el Consejo de la Magistratura, contaminó todo y era parte de un sistema de funcionamiento ilegal.
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Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA, Carlos Vaudagna, armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la Justicia– para perjudicar al empresario Claudio Iglesias.
Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares, los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.
Marcelo Bailaque o la inacción de la Justicia
Marcelo Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Esteban Lindor Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas.
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La Justicia tiene pruebas sobre la protección que le brindaba el juez Marcelo Bailaque al jefe narco Esteban Lindor Alvarado.
En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.
Bailaque, Alvarado y un contador todoterreno
Bailaque tenía el mismo contador, Gabriel Mizzau, que el narco al que debía investigar. El hijo de este hombre, que era también su amigo, entró a trabajar en 2017 al Juzgado Federal N°4, que llevaba adelante las pesquisas por lavado de dinero contra el jefe narco.
Los balances de las empresas que estaban a nombre de la expareja de Alvarado tenían la firma de Mizzau. “No tenía idea que Mizzau era contador de Alvarado”, respondió Bailaque ante una consulta de este cronista. Su excompañero de la secundaria en el Colegio Maristas era quien había construido un andamiaje legal para blanquear el dinero narco, con la conformación de empresas legales, como Logística Santino y Sagrado Corazón.
Las versiones sobre la oscuridad que reinaba en el juzgado a cargo de Bailaque provienen desde hace años. Eso se cristalizaba en las investigaciones, que mostraban una particularidad en medio de una guerra narco sangrienta que sufría la ciudad: la Justicia federal condenaba a los grupos narcos después de que lo hiciera el fuero provincial, donde los delitos que se juzgaban no eran tráfico de drogas, sino asociación ilícita y homicidios, en su mayoría.
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Por ejemplo, la causa de lavado de dinero contra Los Monos, que se tramitó en su juzgado no sumó casi ningún elemento nuevo al expediente de la Justicia provincial, que terminó con las primeras condenas contra este grupo criminal en 2018.
Bailaque asumió como juez federal en Rosario en 2008, luego de empezar su carrera judicial en Santa Cruz, donde fue protagonista de la precuela del kirchnerismo, entabló una buena relación Carlos “Chino” Zannini, cuando era ministro de la Corte Suprema provincial y aceitó las conexiones con una clase política que en 2003 llegó al poder con Néstor Kirchner.
Pero no sólo fue este sector político el que lo sostuvo y protegió, sino también, como insisten en la Justicia federal de Rosario, funcionarios de peso del Poder Judicial, que custodiaban una de las jurisdicciones más relevantes del país.
