Malfesi exige explicaciones ante la denuncia de más de 100 radares sin autorización nacional
Luego de que un relevamiento de Vialidad Nacional pusiera bajo la lupa el funcionamiento irregular de los controles de velocidad en la provincia, la diputada provincial Silvia Malfesi presentó un proyecto para exigir que el Poder Ejecutivo santafesino explique la situación de los radares instalados en corredores de jurisdicción nacional.
Silvia Malfesi, diputada provincial de Santa Fe.
La diputada provincial Silvia Malfesi (Partido Libertario) presentó un proyecto de comunicación para exigir que el Poder Ejecutivo santafesino brinde explicaciones urgentes y detalladas sobre la situación de los radares instalados en corredores de jurisdicción nacional.
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Fue después de un relevamiento de Vialidad Nacional que puso bajo la lupa el funcionamiento irregular de los controles de velocidad en la provincia y que señala la existencia de más de cien equipos operando dentro de la zona de camino sin los permisos correspondientes.
El pedido de informes apunta a dispositivos ubicados en puntos estratégicos de la provincia, sembrando serias dudas sobre la legalidad de miles de fotomultas emitidas.
"Cuando el control se ejerce al margen de la ley y de las competencias correspondientes, pierde por completo su función preventiva y se transforma en una mera herramienta para extraer recursos de los conductores", disparó Malfesi, sugiriendo que la proliferación de estos dispositivos responde a un afán puramente fiscal.
"Queremos saber si los santafesinos nos encontramos desprotegidos ante un esquema de fiscalización irregular destinado mayormente a aumentar las arcas públicas".
Los puntos clave del pedido de informes
A través del proyecto, la legisladora libertaria le exige formalmente al gobierno provincial que precise:
La cantidad exacta y ubicación de los cinemómetros fijos y móviles en rutas nacionales, detallando cuáles cuentan con la autorización técnica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el permiso de uso de espacio de Vialidad Nacional.
El monto total recaudado por la Provincia y los municipios adheridos mediante los radares cuestionados durante los últimos dos años.
Qué criterio legal se adoptará sobre la validez de las actas labradas y si se prevén mecanismos para anular las sanciones y devolver el dinero a los conductores en caso de confirmarse la invalidez legal de los dispositivos.
Un límite fijado por la Corte Suprema
En los fundamentos de la norma, la diputada Malfesi recordó que la controversia jurídica ya cuenta con un límite institucional muy claro establecido por la jurisprudencia de la máxima instancia judicial del país.
Un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó de manera categórica las intenciones del Municipio de Darwin (Río Negro) de rehabilitar radares dados de baja por la ANSV invocando una supuesta "autonomía local" sobre tramos de rutas nacionales. El Máximo Tribunal ratificó que las jurisdicciones locales no pueden arrogarse facultades unilaterales eludiendo las homologaciones y autorizaciones del Estado Nacional.
"Este antecedente desarticula cualquier pretensión de la provincia de Santa Fe o de sus municipios de convalidar cinemómetros que carezcan del aval explícito de los organismos federales pertinentes", explicó la legisladora. Ante el cruce de declaraciones entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y los organismos nacionales, Malfesi concluyó: "La seguridad jurídica de los ciudadanos no puede quedar atrapada en medio de disputas políticas o interpretaciones caprichosas. Los santafesinos merecen total claridad y saber si las multas que les cobran son legales o un atropello recaudatorio".