Por Hernán Lascano
A dos semanas de las elecciones primarias presidenciales, el gobierno de Mauricio Macri estableció como eje central de campaña electoral la temática de seguridad. “El 11 de agosto se decide si seguimos luchando contra el narcotráfico, las mafias de la inseguridad y la corrupción”, dijo el presidente el viernes en un acto en Mar del Plata. Los afiches en cartelera pública en todo el país no hablan de economía, ni de empleo, ni de salud, ni de educación. El andamiaje discursivo escogido para la reelección es la exaltación del desempeño de las fuerzas de seguridad, el avance contra el narcotráfico medido en especial por cargamentos de estupefacientes incautados, la lucha contra las mafias, el endurecimiento de la aplicación de leyes vigentes contra delincuentes, el sistema de inteligencia en fronteras e ideas como el servicio cívico voluntario a impartir por Gendarmería Nacional.
Todos estos planteos forman parte de una agenda que en el debate público tropieza con profundos disensos. Para los sectores que disputan contra Macri desde la centroizquierda, en especial el kirchnerismo, la política de seguridad del oficialismo tiene dos grandes déficit. El primero es que implica retrocesos serios en materia de derechos y garantías, con el aval a fuerzas de seguridad a abrir fuego sin dar explicaciones o con el endurecimiento de prisiones preventivas a personas muchas veces acusadas en causas dudosas, en especial contra dirigentes políticos opositores. El segundo y principal problema de la política de seguridad es que, en contra de lo que proclama, no es eficaz.
El campo escogido por el macrismo para buscar una prórroga de mandato es especialmente sensible en Santa Fe. El territorio provincial fue para el gobierno nacional un laboratorio constante para sus acciones relacionadas con la cuestión criminal. Y también el más persistente motivo de conflicto entre el gobierno de Miguel Lifschitz y el de Macri. Lo fue desde el inicio y lo será hasta el final.
La atormentada relación en esta temática se dio de arranque, a partir de la segunda semana de la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, con la fuga de una cárcel bonaerense de los autores del triple crimen de General Rodríguez. Los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci escaparon en un viejo 128 del penal de General Alvear y fueron capturados en Santa Fe.
Desde ese momento se abrió una brecha que casi nunca pudo ser salvada. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se adelantó a dar cuenta de las detenciones pero el ministro santafesino de la misma cartera, Maximiliano Pullaro, no terminaba de verificar esas capturas. La funcionaria trató de aficionado a su colega provincial. Este respondió, luego de moderar una evidente perplejidad inicial, que los presos de alta peligrosidad se habían ido del territorio gobernado por Cambiemos y habían sido frenados por fuerzas santafesinas.
Ese malentendido fundacional barnizó la entera relación posterior. También delineó una constante que fue la inclinación de Bullrich a anunciar toda acción de fuerzas federales contra actores criminales en la provincia como un éxito propio de gestión. Cometiendo errores a veces notorios, tanto en manejo de información como en acciones operativas.
La ministra Bullrich durante el traslado de los prófugos a Buenos Aires. Foto/ NA
El problema fue compartido por Lifschitz y Pullaro que dieron a la funcionaria nacional todo el crédito para avanzar, luciendo siempre a la defensiva, temerosos de que la Nación retaceara apoyos indispensables para las investigaciones tanto en recursos humanos como materiales. En la Casa Gris persistía el síndrome de guerra que sentían les había declarado el kirchnerismo en el momento de mayor inestabilidad política de Antonio Bonfatti hacia 2013. Con la oleada de crímenes en Rosario tras el asesinato del líder de la Banda de Los Monos, el pico de homicidios dolosos y una criminalidad policial notoria, la Nación había impulsado la investigación contra el ex jefe de policía Hugo Tognoli, absuelto en esa causa tras cinco años de prisión preventiva. La provincia quiso alejar el espejo de Andrés “Cuervo” Larroque tratando a su conducción de narcosocialistas en el Congreso Nacional. Pero el aval que el Frente Progresista le concedió a Bullrich por el temor a reiteraciones del pasado, y a la frontalidad de ella misma, tampoco les salió barato.
El Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo en Santa Fe un terreno de maniobras pero, sobre todo, un campo de propaganda. En septiembre de 2016 la ministra imputaba a Lifschitz no querer asumir el compromiso de depurar y hacer cambios estructurales en la policía. Amenazaba con la intervención nacional de esa fuerza en un comité conjunto de conducción, exigía el control de las comunicaciones radiales y demoraba el envío de fuerzas federales en un contexto frágil para el gobernador, que por esos días sufría cuestionamientos fuertes ante una secuencia de homicidios resonantes con 20 mil rosarinos manifestando en las calles.
Eso siguió con altas y bajas. La cooperación para investigaciones contra bandas delictivas en Rosario y Santa Fe, con aportes de efectivos de la División Operaciones Federales de la Policía Federal, dio frutos en cuanto a detenciones de referentes criminales. Pero también en muchas de esas pesquisas contra los mismos actores participaban investigadores provinciales. Se desataban tristes guerras de cartel por quién se colgaba los laureles de las acciones.
A veces con groserías. En mayo pasado Bullrich llegó a Rosario a realizar una conferencia de prensa donde anunció que se habían detenido a 19 personas directamente implicadas en tiroteos contra objetivos del Poder Judicial con 24 armas de fuego. “Hoy podemos decir que todos los sicarios y tiradores están en manos de la Justicia”. Tras las pericias balísticas el fiscal del caso anunció que ninguna de esas armas se había usado en los tiroteos y dispuso en ese tema la libertad de los detenidos.
En tren de desconfianzas, todavía perdura el enigma en Santa Fe de para quién estaba trabajando el falso abogado Marcelo D’Alessio, procesado por extorsión y espionaje ilegal, cuando llegó a Rosario a entrevistarse con Monchi Cantero y Lorena Verdún, de la Banda de Los Monos, durante el juicio. Y por qué este oscuro individuo realizó tareas de inteligencia y filmaciones con drones a espaldas de órdenes formales en un barrio privado de la localidad de Roldán, donde tiene posesiones Esteban Alvarado, quien hoy está encarcelado como referente central del delito económico violento de Rosario. El gobierno provincial realizó una denuncia ante la Justicia Federal y la Justicia provincial para que investiguen quién había mandado a D’Alessio a Santa Fe.
Lo hicieron porque no pueden afirmar de viva voz sus sospechas luego de advertir que hay imágenes del espía en diálogo con la ministra. Una tensión acrecentada cuando se confirmó que la empresa Movistar confirmó al juez federal Alejo Ramos Padilla que el contacto en la agenda del falso abogado pertenecía a Bullrich. Meses antes se había divulgado un chat donde D’Alessio pasaba información sobre grupos delictivos y conexiones policiales en Santa Fe a ese número que, se supo con la pericia, era de la ministra.
Cuando ocurrió el Operativo Contrafuego la provincia acusó a Bullrich de llegar a anunciar un procedimiento resonante la semana previa a las primarias santafesinas, con sospechables tintes electoralistas y fallido en sus resultados. También ocurrió que el sábado antes de los comicios la Policía Federal hizo un operativo contra Olga Tata Medina, una figura histórica del narcomenudeo de la zona norte rosarina. “Los fiscales de Rosario no le dieron las órdenes pedidas el viernes antes de las elecciones. Entonces avanzó pidiendo operativos en la Justicia Federal contra la Tata. Y eso sí llegó a la prensa el día antes de la votación”, dijo por entonces un encumbrado miembro de Seguridad provincial.
El politólogo Marcelo Saín conoce los dos lados del Arroyo del Medio. Fue viceministro de Seguridad en Buenos Aires y ahora es director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe. El funcionario entiende que la violencia en Rosario, que no es un invento, le permitió a Bullrich enfocar un territorio para demostrar acción para desviar la atención de otro, ese verdadero campo de batalla que es Buenos Aires. Quien gane o pierda lo hará en ese coloso donde están habilitadas para votar 12.885.105 personas.
Marcelo Saín, el politólogo que está al frente del Organismo de Investigaciones. Foto/ NA
“En Buenos Aires tenemos balaceras diarias en el conurbano de enorme gravedad, una policía que gerencia el delito y se mete en todo, aumento de los delitos de robo cometidos con armas y de los homicidios en ocasión de robo. Esto ocurre en el territorio que gobierna María Eugenia Vidal. Pero la mirada en el delito y el debate sobre lo que hay que hacer Bullrich no lo sitúa ahí. Lo pone en Santa Fe”, sostuvo.
En efecto, un informe dado a conocer la semana pasada por la Procuración Bonaerense expone que en 2018 crecieron un 63 por ciento los robos, un 55,4 las estafas y un 50 por ciento los secuestros en 2018 en contraste con el año previo. Los homicidios en ocasión de robo escalaron un 25 por ciento. Esto no quita a Santa Fe sus cifras de criminalidad pero ilumina la discusión electoral.
Estos matices son importantes en el eje del gobierno nacional. Porque al presentar como eficaz el modelo de gestión de seguridad queda claro que en terreno bonaerense, donde gobierna Cambiemos, hay casos de secuestros extorsivos y piratería del asfalto que son infrecuentes en otras jurisdicciones. Con respecto al plan “Argentina sin narcotráfico”, lanzado por el gobierno nacional, el especialista Juan Gabriel Tokatlian indica que al desagregar las cifras del balance 2016-2018 el éxito no es tan rutilante. Los decomisos de marihuana crecieron entre 2017 y 2018. Pero los de cocaína cayeron: pasó de 12.133 kilos confiscados en 2017 a 8.522 kilos en 2018 y en cuanto a drogas sintéticas se pasó de 222.201 unidades incautadas en 2017 a 68.750 unidades en 2018.
En realidad el éxito en cuanto a incautaciones, señala Tokatlian, dice muy poco. Lo importante es cuántas incautaciones se vinculan al ingreso de drogas, a si las fuerzas de seguridad regulan el mercado y a la capacidad de los narcotraficantes. En la campaña además, señala el especialista, Cambiemos no menciona qué eficacia tiene en relación a mejorar la cobertura y el tratamiento a consumidores para reducir los daños del uso de drogas. Y qué alternativas al encarcelamiento ofrece a los jóvenes, mujeres y pobres con problemas de drogas, cuando el uso de estas sustancias en Argentina es hoy un 30 por ciento mayor al de 2009. Un problema más civil que penal.
Todo esto queda lejos de la campaña. Como lo estarán los tres enfrentamientos a balazos en un mes, en territorio bonaerense, de efectivos de esa provincia con miembros de la Policía Federal. El caso más importante fue en marzo frente al shopping de Avellaneda. Allí murió el comisario bonaerense Hernán Martín, que iba a cobrar el dinero de una extorsión a una mujer dominicana, pareja de un dealer de drogas.
Los problemas de seguridad de Rosario son tan auténticos como complejos. Acaso hayan sido el motivo del final de 12 años de gestiones del Frente Progresista que tuvieron en esta área un déficit histórico de gestión. Pero los remedios que se proponen brillan por su ausencia en otros distritos, en especial los que están más cerca de la Casa Rosada, tanto en proximidad geográfica como en coloración política.
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