Errores producto de exceso de confianza tras el triunfo electoral, costaron una derrota inesperada en un capítulo clave que pone en riesgo el superávit fiscal.
El Gobierno nacional buscará asegurar el Presupuesto 2026, tras el traspié en Diputados.
El Gobierno nacional imaginaba un cierre de año a toda orquesta. Las principales variables macroeconómicas lucen estables y el oficialismo, después de su triunfo electoral, ganó volumen en el Congreso frente a una oposición atomizada y en crisis. Sin embargo, como ya le ocurrió en otras oportunidades, incurre en errores no forzados que lo complican de manera innecesaria y riesgosa.
Los episodios del miércoles pasado en la Cámara de Diputados dan fe de ello. Por pecar de soberbio y sobreestimar sus fuerzas como primera minoría, perdió un capítulo clave del proyecto de Presupuesto 2026. Si bien logró darle media sanción, lo cierto es que esta derrota pone en riesgo el superávit fiscal porque, dentro de ese capítulo, figuraban la derogación de las leyes de financiamiento de las universidades y de la emergencia en discapacidad.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al asesor presidencial Santiago Caputo, fueron los ideólogos de incorporar la derogación de ambas normas en el dictamen, cuentan en los despachos oficialistas de la Cámara baja. Obviamente, con la venia de Javier Milei. Hicieron una jugada de más cuando tenían en el puño la aprobación de la ley con amplia mayoría.
En la Casa Rosada ardían de furia. Los gobernadores supuestamente aliados (el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil) no contuvieron a sus diputados que votaron en contra de la derogación y contribuyeron a la derrota del Gobierno.
Hubo traiciones y pases de factura: el clima político se enrareció a tal punto que, al día siguiente, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, debió anunciar que el tratamiento del proyecto de modernización laboral se postergará a febrero.
Los errores no forzados cuestan caros. Ahora el oficialismo recalculó su hoja de ruta para enfocar todo su esfuerzo en la sanción del Presupuesto 2026 antes de fin de año, sin riesgos ni dilaciones: es la señal de gobernabilidad que esperan los mercados en las vísperas de vencimiento de U$S 4200 millones de deuda del 9 de enero próximo.
Es por ello que el oficialismo en el Senado buscará aprobarlo tal como lo recibió de la Cámara de Diputados, sin el capítulo que derogaba las leyes de financiamiento para universidades y servicios de discapacidad.
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El impacto fiscal que implican ambas normas –que fueron vetadas por el presidente Javier Milei pero luego insistidas por el Congreso- será subsanado por el Ministerio de Economía con otras medidas o, eventualmente, con proyectos de ley modificatorios que envíe el Poder Ejecutivo, anticiparon fuentes legislativas. “Se está buscando la salida para evitar caer en déficit, pero el capítulo XI no será reincorporado en el texto”, indicaron.
El oficialismo convocó a sesionar el próximo 26 en el Senado y finiquitar allí mismo la sanción del Presupuesto. Sabe que cualquier cambio a la media sanción implicaría su regreso a la Cámara de Diputados, que tendría solo dos días hábiles -29 y 30- para discutir el proyecto. Si no llega a tiempo, el Gobierno se verá obligado a reconducir por tercera vez consecutiva el presupuesto actual cuando sabe que ya no tiene margen político para hacerlo.
No solo eso: una nueva prórroga le complicaría, además, la sanción de las leyes por venir, entre ellas la de modernización laboral. Los gobernadores ya han dicho que su prioridad es que se sancione el Presupuesto 2026 porque necesitan tener una garantía de los recursos que recibirán para sus provincias. Después viene lo demás, advirtieron.
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