Mediante un comunicado dado a conocer mediante las redes sociales, se precisó que el ministro de Mariano Cúneo Libarona dispuso – según resolución – la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado y destacó que se determinó llevar a cabo dicha auditoría “debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
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Al respecto, en diálogo con el programa de AIRE Santa Siesta, Guillermo Munné, abogado especialista en Derechos Humanos admitió que “me preocupa esto de aludir a un supuesto festival de cobros, hacer mención de auditorías que parecen superpuestas para, en realidad, suspender los pagos”. Sobre este punto, sostuvo que “sería una omisión de los deberes de funcionarios sobre derechos establecidos por leyes”.
Reparaciones ante violaciones a los derechos humanos
Munné explicó que las leyes de reparación “es una de las consecuencias de la catástrofe por el actuar criminal de las fuerzas armadas que se dedicaron a atacar a la población civil de la Nación mediante la persecución política que supusieron gravísimos crímenes como secuestros, torturas, desapariciones y apropiaciones de niños”. El abogado precisó que “cuando un Estado comete estos crímenes surgen planos de responsabilidad para el Estado y los actores materiales que hayan tenido los actos”.
El especialista en Derechos Humanos destacó que además de establecer que debe sancionarse a los ejecutores de esos delitos y hacerles cumplir sanciones de manera efectiva, “las víctimas tienen derecho a la verdad y a la reparación”. Esa reparación de daños es por un monto económico. Las leyes que permitieron el cumplimiento de esas normas se fueron sancionando desde los años 90 hasta pasados los 2000.
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Guillermo Munné, abogado especialista en Derechos Humanos admitió que “me preocupa esto de aludir a un supuesto festival de cobros, hacer mención de auditorías que parecen superpuestas para, en realidad, suspender los pagos”.
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Las auditorías anunciadas por Mariano Cúneo Libarona
Respecto a las auditorías anunciadas por el gobierno, Munné aclaró que “para que se reconozca este derecho (las reparaciones) las víctimas debieron presentar una solicitud ante la Secretaría de Derechos Humanos, con intervención del Ministerio de Justicia, dando datos, relatando los hechos padecidos y acompañando pruebas al respecto”.
“Desde el propio Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos tienen la posibilidad ante la solicitud de establecer un control de que se traten de hechos reales y las pruebas sean efectivas. Quieren hacer auditorias cuando los controles se hacen desde el principio del trámite”, remarcó.
Por último, el especialista reveló que la causa que originó estas medidas del gobierno fue iniciada ante denuncias de los propios organismos de derechos humanos sobre el fragüe de pruebas. “La Secretaría ejerció controles, presentó la denuncia, se constituyó como querellante y se ha logrado este resultado del procesamiento. Todo esto fue anterior a la gestión de Cúneo Libarona. Por eso, debió haber dicho que se seguirían los controles que ya se venían haciendo”, concluyó.
