El presidente Javier Milei anticipó ayer, durante su discurso frente a la Asamblea Legislativa, que la semana que viene los gobernadores serán convocados por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros de Economía Luis Caputo, y de Interior, Guillermo Francos.
Tras semanas de enfrentamientos entre la Casa Rosada y los distintos gobernadores por la quita de transferencias a las provincias, la reunión cumbre tiene como propósito establecer los lineamientos de un nuevo pacto fiscal que, en los hechos, redundaría en más recursos a las provincias, clave para allanar el camino para la sanción de las leyes que el Poder Ejecutivo requiere con urgencia para impulsar sus reformas estructurales.
El discurso frente a la Asamblea Legislativa mostró dos rostros de Milei. Uno de ellos, de tan conocido, ya es predecible: un Presidente feroz contra la “la casta” –en la que incluyó a políticos, sindicalistas, organizaciones sociales, empresarios y periodistas-, a la que no escatimó críticas y agravios.
El otro rostro, inédito hasta ahora, es el de un Presidente forzado a pactar con los políticos. Sin mayorías propias en el Congreso, Milei es consciente que no puede legislar –como dijo– por decreto; no solo tiene serias limitaciones constitucionales sino que, además, se arriesga a que la mayoría opositora le voltee todos y cada uno de sus decretos.
Por caso, el mega DNU 70/23 está a tiro de ser rechazado por el Senado y, de continuar con su política beligerante contra “la casta”, el Gobierno corre serio riesgo de que la Cámara de Diputados haga lo propio.
Esta situación haría escalar la tensión política a niveles peligrosos, y Milei lo sabe. Si bien el FMI y los mercados celebran los avances logrados a nivel macroeconómico en estos casi tres meses de gestión, advirtieron sus dudas sobre el nivel de sustentabilidad política de su gobierno.
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El principal capital con que cuenta el presidente Milei –y que hábilmente lo sabe aprovechar en lo discursivo– es el apoyo de un amplio sector de la sociedad, pero no alcanza. Además, el clima social es tan fugaz como impredecible: en un escenario de alta inflación, recesión y primeros indicios de suba de desempleo, puede cambiar de la euforia a las cacerolas en un segundo.
En la reunión con los gobernadores, a realizarse la semana próxima, los ministros buscarán sentar las bases de acuerdo para avanzar en la frustrada ley ómnibus, condición sine qua non para la posterior firma del “Pacto de Mayo” anunciado por el Presidente. La elección de Córdoba para la suscripción de ese acuerdo no es antojadiza. En esa provincia Milei obtuvo el 74% de los votos. Allí, también, nació su perro Conan, recordó el Presidente.
Los mandatarios provinciales, necesitados de recursos por las urgencias en sus distritos, no faltarán a la reunión convocada por la Casa Rosada. La mayoría de ellos, salvo el bonaerense Axel Kicillof, celebraron con alivio la invitación del Presidente, aunque todavía persisten las desconfianzas y, en privado, se muestran escépticos sobre la viabilidad del acuerdo, máxime si el presidente Milei insiste en imponer sus condiciones, tal como lo hizo con la frustrada ley ómnibus.
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“Hay artículos (de la ley ómnibus) que no se acompañaron y hay que buscar alternativas. Cuando uno abre una etapa de diálogo tiene que abrirla, porque si no, no es diálogo, es imposición”, advirtió el cordobés Martín Llaryora, cuando se retiraba del Congreso. El gobernador de Córdoba había sido uno de los más apuntados por Milei tras la caída de la ley ómnibus.
En la misma sintonía que Llaryora se expresó su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que en sus primeras declaraciones a la salida del Congreso dijo que “siempre es importante la convocatoria al diálogo” pero agregó que “hay que ver cuál es” la ley ómnibus que esta vez quiere discutir el Gobierno.
Según trascendió, la estrategia de la Casa Rosada es fraccionar la llamada “Ley de Bases” en distintos proyectos de ley. No serán réplicas exactas de los capítulos que integraban esa iniciativa, sino que incluirán modificaciones, anticiparon desde el entorno libertario.
En esta nueva versión de “leyes combi”, estará incluido el paquete fiscal que había sido extraído del megaproyecto: allí figurarán un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva, dos señuelos pensados para los gobernadores, ya que la recaudación de ambas iniciativas sería coparticipable.
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