La década del 90’ fue una de las más vertiginosas y abrumadoras de la historia argentina. Con el protagonismo político de Carlos Saúl Menem, que gobernó desde 1989 hasta 1999, en el país pasó absolutamente de todo.
La década del 90’ fue una de las más vertiginosas y abrumadoras de la historia argentina. Con el protagonismo político de Carlos Saúl Menem, que gobernó desde 1989 hasta 1999, en el país pasó absolutamente de todo.
POR AGUSTÍN VISSIO
Carlos Saúl Menem, el riojano que arrastraba las “r” marcó una época para nuestro país al ritmo de frases insólitas como: "Estamos en búsqueda de vida en el espacio, en planetas, en asteroides. En una de esas, en los próximos cuatro años me dedico a hacer un curso de astronauta".
Pero ahí no terminó todo, porque en ese mismo acto de 1996 en Salta planteó la posibilidad de remontarse “a la estratosfera” a través de un sistema de vuelos espaciales e ir de Argentina a Japón en una hora y media.
Menem se transformó en un presidente que excedió el ámbito político para convertirse en un personaje público (del jet set). Andaba en Ferrari, jugaba partidos de básquet, fútbol, se fotografiaba con Los Rollings Stones, por solo mencionar algunos episodios.
Los 90’ fueron una catarata incontable de hechos tragicómicos que se sucedieron mientras algunos indicadores económicos crecían a la par de la desigualdad, el desempleo y la pobreza.
"Yo no uso sobretodo, prefiero un poncho", le dijo el expresidente a la Reina Isabel II en una visita a Reino Unido en 1998. Otra frase célebre fue cuando afirmó que su “libro de cabecera son las obras completas de Sócrates”. La cuestión es que el filósofo nunca escribió, sino que lo que se conoce de su pensamiento es a través de Platón.
Carlos Menem irrumpió en la escena nacional e hizo su campaña presidencial mostrándose como una especie de caudillo que representaba las ideas del peronismo. En un contexto de mucha inflación, recesión económica y descontento social prometió “salariazo y revolución productiva”. En un acto de campaña pidió: “Síganme, no los voy a defraudar…”.
El riojano, que llevó como candidato a vicepresidente a Eduardo Duhalde, ganó las elecciones del 14 de mayo de 1989 con el 47,49% de los votos. En segundo lugar quedó Eduardo Angeloz y Juan Manuel Casella de la UCR con el 32,45%.
Por la situación que vivía el país, Ricardo Alfonsín creyó que era conveniente anticipar el recambio y el peronista asumió el 8 de julio.
Una vez que arribó al poder, comenzó a aplicar políticas que nada tenían que ver con la matriz ideológica del justicialismo. Envió al Congreso y logró que se aprueben los proyectos de Emergencia Económica y Reforma del Estado que serían pilares fundamentales para sus gobierno.
Por un lado se iniciaba un proceso de recortes en los gastos estatales, reformas en la Carta Orgánica del Banco Central, suspensión de los beneficios promocionales para la industria local, abolición del régimen de compre nacional y facilitación del ingreso de capitales extranjeros.
Por otra parte, se sentaron las bases para comenzar con un voraz proceso de privatización y liquidación de las empresas estatales.
En un principio, el gobierno de Menem intentó mejorar la situación a través de diferentes planes económicos que no le resultaron. Entre ellos se encontraban el Plan Bunge-Born, Plan Erman, Plan Bonex, entre otros. La recesión se profundizó y, por ejemplo, la inflación anualizada de 1990 fue de 1.344%. Era el turno de la convertibilidad.
Tras una corrida bancaria en enero de 1991, Domingo Cavallo arribó a la cartera Económica. La suerte estaba echada, el futuro del país se empezaba a teñir de verde y “el uno a uno” se volvió realidad el 27 de marzo del ‘91 cuando el Congreso sancionó la Ley de Convertibilidad: fijaba paridad de cambio y establecía la obligación de respaldarla con divisas internacionales.
“En la práctica, la implementación de una paridad fija (10.000 australes [luego 1 peso] = 1 dólar) significó la renuncia a la formulación de una política monetaria autónoma”, explica Diego Rubinzal en su libro Historia política y económica de la Argentina.
Esta política implementada se transformó en el eje central del modelo neoliberal que modificaría la estructura económica, productiva y social del país. El plan logró un fuerte apoyo popular luego de la caída de la inflación, la estabilización de precios y el aumento del crédito.
Hubo una recuperación salarial que generó que la pobreza bajara a 21,5% y la indigencia a un 3%. Paralelamente muchas personas pudieron viajar al exterior (Estados Unidos, Brasil y Europa como destinos principales) y acceder a bienes que hasta ese momento les resultaban imposibles de comprar.
A nivel macroeconómico generó que el PBI creciera desde 1991 a 1994, aumentando un 31,6%. Pero esos indicadores positivos, no tuvieron su correlato en todos los ámbitos y se empezaron a registrar pérdidas de puestos de trabajo en determinados sectores. La apuesta por importar bienes antes que producirlos a nivel local empezó a hacer efecto.
Según el economista Rubinzal, el crecimiento inicial se debió a tres cuestiones: el ingreso de capitales externos; el incremento del endeudamiento público y privado; y la venta y privatizaciones del patrimonio público.
Luego de la crisis de 1994 conocida como “tequilazo”, la convertibilidad mostró la otra cara de la moneda: tras algunos años de impasse, la pobreza e indigencia retomaron el ritmo alcista que habían tenido a principio de la década.
Una de las leyes fundamentales para que funcione el plan de Menem fue la Ley de Reforma del Estado que seguía los lineamientos principales del Consenso de Washington. Apuntando a la “modernización” del Estado se inició en la última década del S. XX un proceso privatizador sin precedentes en la historia argentina.
Se pregonaba el “achicamiento” del Estado para que su funcionamiento sea mejor. "Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, dijo el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, acompañado por el presidente.
Esta política tuvo múltiples efectos.Si bien generó dólares, retiró al Estado de lugares estratégicos dejando en manos del sector privado áreas claves y contribuyó a que empeore la situación laboral.
Entre las principales privatizaciones figuran YPF, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles, canales de televisión, radios, petroquímicas, fábricas militares, astilleros, bancos. Las empresas estatales se transformaron en conglomerados económicos formados por grupos locales y también de capitales extranjeros.
Según Runinzal, el 67,5% de las inversiones correspondieron a extranjeros y el resto a capitales nacionales.
Otro de los puntos centrales fue el nivel de endeudamiento que se dio durante la década. La deuda externa pasó de los 61.337 millones de dólares en 1991 a los 146.338 millones en el 2000.
El economista Rubinzal indica que en ese periodo se abonó en concepto de intereses más de 32.000 millones de dólares. El endeudamiento externo engrosó las reservas para “sostener” la convertibilidad y a su vez financió la fuga de capitales del sector privado.
En 1993 se aprobó la ley 24.241 que creaba el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La nueva normativa dio origen a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y se concretó un sistema de seguridad social mixto: un régimen de reparto (estatal) y un régimen de capitalización (privado).
En esa época se modificó la edad mínima requerida para jubilarse (pasó a ser de 60 para las mujeres y de 65 para los varones) y el incremento de los años mínimos de aportes requeridos para acceder a las jubilaciones (de 20 a 30 años).
Así como caía el poder adquisitivo de los sueldos, lo mismo ocurría con las jubilaciones y las pensiones. Ante esta situación los miércoles se transformaron en el día de lucha de los jubilados y jubiladas que, encabezados por Norma Plá, se manifestaban frente al Congreso pidiendo una mejora económica.
La implementación de la convertibilidad mejoró en un primer momento los indicadores de la actividad económica y del empleo, pero con el correr de los años la situación se fue deteriorando fuertemente. Prueba de ello es que en 1996 la tasa de empleo fue menor a la registrada en 1990.
La contracción se debió a la disminución de los puestos de trabajo en la industria manufacturera afectada directamente por la apertura comercial y la “apreciación cambiaria”.
Entre 1991 y 1999 la desocupación pasó del 6,9% al 14,5% y la subocupación del 8,6% al 13,7%. Otra de las caras de la crisis laboral fue el crecimiento del universo de trabajadores y trabajadoras informales: en 1991 representaban el 31% y una década después esa cifra escaló al 38,1%.
Más allá de todos estos números, los salarios presentaron un crecimiento del poder adquisitivo que se sostuvo hasta 1994. Sin embargo, si se toma el periodo 1993-1999 el salario promedio real cayó un 10%.
Esto se vio acompañado de un proceso de concentración de la riqueza y de que una parte importante de la población que pertenecía a la clase media cayó en la pobreza.
Con el argumento de que “los elevados costos” laborales conspiraban contra la regularización laboral se implementó la flexibilización. En teoría eso colaboraría con la “formalización”.
Se aprobaron diversas normas que terminaron contribuyendo con la reducción salarial y paralelamente se suspendió la vigencia del Salario Mínimo Vital y Móvil. "Para la mitad de mi próximo mandato, venceremos al desempleo", había dicho el riojano en la campaña electoral de 1995 en que fue reelecto.
A través de 20 decretos firmados entre octubre de 1989 y diciembre de 1990, Menem indultó a cerca de 1.200 personas que fueron miembros de las juntas militares y jefes de las organizaciones guerrilleras. Algunos de los liberados fueron Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Arturo Ignacio LamiDozo, José Alfredo Martínez de Hoz, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, entre otros tantos.
Se sucedieron numerosas y multitudinarias marchas encabezadas por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y la junta de firmas en repudio al accionar del Poder Ejecutivo. Menem no hizo caso y decidió continuar con lo que llamó "operativo pacificación".
“Se terminó el país del todos contra todos, comienza el país del todos junto a todos”, había dicho cuando asumió.
Durante el mandato de Menem se dieron dos de los hechos más catastróficos de la historia reciente de Argentina. Se trata de los atentados a la Embajada de Israel (17 de marzo de 1992) que dejó 29 muertos y a la AMIA (18 de julio de 1994) que terminó con la vida de 85 personas.
El presidente los calificó como “los días más dramáticos desde la democracia recuperada en 1983”. Las investigaciones judiciales no arrojaron ningún resultado concreto, estuvieron envueltas en sospechas de corrupción y hasta el momento no se sabe con precisión qué ocurrió.
Años más tarde otro hecho sacudió, literalmente, a la Argentina. El 3 de noviembre de 1995 la Fábrica Militar cordobesa de Río Tercero explotó en varias ocasiones. En el hecho murieron siete personas y hubo más de 300 heridos y heridas.
“Se trata de un accidente y no un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra”, aseguró el riojano tras el suceso. Se vinculó lo ocurrido con la venta ilegal de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia-Herzegovina.
Pero esos no fueron los únicos hechos oscuros durante la gestión de Menem. En la lista aparece la muerte del soldado conscripto Carrasco en 1994 en un cuartel militar de Zapala (Neuquén), que terminó con el servicio militar obligatorio. También el presunto accidente aéreo que derivó en la muerte de su hijo “Carlitos” en 1995.
El expresidente enfrentó más de 10 denuncias en su contra por hechos de corrupción durante su mandato. Desde haber recibido coimas durante las privatizaciones a la explosión de la fábrica militar. Solo fue condenado por dos hechos: el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno y también por la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural.
En las causas por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y el encubrimiento del atentado a la AMIA fue absuelto.