La distribución de los fondos para municipios y comunas genera tensiones entre el oficialismo y la oposición.
La última sesión del año en la Legislatura provincial fue movida. El presupuesto no llegó a tratarse por falta de acuerdo y pasó a febrero. Y la ley tributaria consiguió su aprobación, pero con cambios que introdujo la oposición y que el gobierno no estaba de acuerdo porque implica sacar recursos de la provincia y traspasarlos al conjunto de municipios y comunas. Las estimaciones iniciales fijan esa cifra entre 1.500 y 2.000 millones de pesos al año.
En un presupuesto superior a 800.000 millones no parece una cifra determinante, pero implica un antecedente que, más allá de las razones de una y otra parte, puede resultar perjudicial para la Casa Gris. De ahí el enojo del gobernador Omar Perotti, que este jueves deslizó que podría recortar esa partida del presupuesto de la Legislatura provincial ante la dificultad que implica un veto parcial a la ley.
El gobernador tiene la potestad de vetar el artículo 55 de la discordia y tiene las de ganar, porque para rechazarle el veto se necesitan los dos tercios en ambas cámaras, y en el Senado ese número no está. La dificultad es que ese trámite podría llevarse puestos los primeros cuatro meses del año.
Primer trimestre. La Secretaría de Ingresos Públicos tiene que imprimir boletas para cobrar impuestos. Puede hacerlo con los valores de 2021 hasta tanto se resuelva la letra final de la ley de 2022 y entonces imprimir para el resto de año, según qué se puede cobrar y qué no. Incluso si luego hay aumentos autorizados deberían recalcularse las cuotas. Demasiado engorroso.
Toda esa complejidad es la que quita chances al veto entre las opciones que maneja el gobernador, aunque este viernes había funcionarios que no la daban como cerrada definitivamente.
El más molesto es el ministro de Economía Walter Agosto. Se queja de que la oposición calcula los ingresos con los parámetros macroeconómicos establecidos por el gobierno nacional para su presupuesto, pero el cálculo de lo que gastarán los municipios se hace con la tasa inflacionaria de las consultoras privadas, que es mucho más alta.
Eso les llevó a pedir una compensación, cuando el gobierno provincial había optado por aplicar los números y la introdujeron en la ley tributaria a través de la distribución de la recaudación propia de la provincia. Agosto siente que se le metieron en la caja; la oposición argumenta que el gobierno nunca atendió el planteo ni aceptó las opciones.
El proyecto de presupuesto está a tratarse, así que esa podría ser una instancia en la que administrar desequilibrios y compensaciones.
Aun si el gobierno no vetase, no todo está perdido. Distintos referentes de la Casa Gris consultados para este artículo admitieron que había voluntad en sectores de la oposición para encontrar alternativas. De esto debería hablarse a partir de enero para plasmar en febrero una salida legislativa si se avanza en un acuerdo oficialismo-oposición que no se consiguió en las últimas tres semanas de 2021.
Para no dejar el antecedente de un cambio en la distribución impositiva impuesta por la oposición, podría arreglarse que la provincia compense a municipios y comunas si la inflación (y por ende la recaudación) crece por encima de las pautas establecidas en el presupuesto provincial, que son reflejo de las proyecciones que hizo el gobierno nacional.
Para eso, deberían retomarse instancias de diálogo. El proyecto de presupuesto está a tratarse, así que esa podría ser una instancia en la que administrar desequilibrios y compensaciones. Pero lo más directo es que en febrero se alcance un acuerdo que modifique la ley que acaba de votarse, que devuelve el reparto del 50 y 50 del Inmobiliario entre municipios y provincia y que atienda el reclamo de la oposición y los intendentes con alguna cláusula de compensación eventual.
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