La Casa Rosada pretende cumplir con el plazo de nueve días y retomar las restricciones vigentes hasta el último decreto presidencial, para en todo caso regresar a la cuarentena dura a partir del 11 de junio. Ese día vence el DNU, que estipula que el fin de semana del 5 y 6 de junio volverán a regir las medidas de confinamiento total actuales.
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El lento avance en la vacunación contra el covid es una de las principales críticas de la oposición.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Los 35.000 contagios del miércoles y los más de 41.000 del jueves causaron un cimbronazo en la coalición de gobierno. Sin embargo, en la Casa Rosada aclaran que este pico de casos positivos no refleja los contagios producidos en el confinamiento duro, sino que fueron por contactos previos al cierre total. Por lo tanto, los contagios se produjeron aún mucho antes.
“El verdadero impacto del confinamiento duro se comenzará a registrar el martes o miércoles de la semana próxima. Porque todas las medidas tienen impacto una semana o 10 días después”, explican desde el Ministerio de Salud que dirige Carla Vizzotti.
Más allá de las explicaciones formales, lo cierto es que la razón que motiva al Gobierno a interrumpir la cuarentena estricta, al menos por unos días, obedece a razones políticas y electorales. Por empezar, se quiere evitar que la palabra del presidente Fernández quede nuevamente devaluada por las idas y venidas respecto de las medidas anunciadas de una semana a la otra. Máxime después de que el propio presidente negara una vuelta a fase 1 el martes de la semana pasada y la decretara sólo dos días después.
Además, los funcionarios nacionales y provinciales perciben una creciente resistencia social a las medidas de encierro, que ya se traduce en escraches y ataques a gobernadores e intendentes, como le sucedió a Gustavo Bordet en Entre Ríos y a algunos jefes comunales de Córdoba. En Rosario, los militantes anticuarentena se enfrentaron directamente con la policía.
“El gobierno de Joe Biden está preparando un anuncio de distribución de 80 millones de dosis. No hay todavía precisiones de cuánto y cuándo y para qué países enviará”, señaló una fuente diplomática.
Frente a esta situación, el Gobierno ratificó que a partir de la semana próxima se volverá a un esquema de restricciones moderadas: actividad hasta las 19, restricción de circulación de 20 a 6, y apertura de comercios no esenciales. Los bares y restaurantes podrán recibir gente en sus espacios exteriores. Pero habrá más controles policiales para que se cumplan estas restricciones y se baje la circulación para evitar la propagación de los contagios.
Mientras tanto, el Gobierno intenta apurar la llegada de vacunas. En la Casa Rosada confirman que está avanzada la negociación con Sinopharm, de China, por 6 millones de dosis.
Cafiero también confirmó que se cerró un acuerdo con CanSino, mientras que el canciller, Felipe Solá, apura al embajador Jorge Argüello para que Estados Unidos envíe millones de dosis que en ese país no se usarán. “El gobierno de Joe Biden está preparando un anuncio de distribución de 80 millones de dosis. No hay todavía precisiones de cuánto y cuándo y para qué países enviará”, señaló una fuente diplomática.
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Por lo pronto, Felipe Solá le informó en Ecuador al delegado del Consejo de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Juan González, que la Argentina puede disponer aviones para resolver la logística, que es un punto clave y que elimina varias vallas. González deslizó que la Argentina sería privilegiada porque es uno de los países grandes con más crecimiento de casos. No deja de resultar paradójico que Estados Unidos priorice a la Argentina por su mala gestión de la pandemia.
Carlos Tomada, embajador en México, anticipó que en junio habrá un vuelo semanal con 800.000 dosis de AstraZeneca cada uno. El gobierno nacional ya recibió 15,4 millones de vacunas desde que comenzó la pandemia y hasta ayer distribuyó 14,2 millones, de las cuales aplicó sólo 11,6 millones.
Esta diferencia de más de 3 millones de dosis (entre las distribuidas y las aplicadas) desnuda las falencias de la campaña de vacunación. Esta lentitud es, a juicio de la oposición, deliberada: advierte que el oficialismo intentará prolongar la vacunación hasta las elecciones por considerar que cada dosis que aplica redundará en un voto para su cosecha electoral.
