Así surge de un decreto del gobernador, por el que se les paga un porcentaje a las empresas que tienen a su cargo el funcionamiento de los cinemómetros. La polémica entre la gestión actual y la anterior que asoma detrás de las cifras de dinero.
De los casi 307 millones de pesos recaudados, el 17,5% les corresponde a las empresas concesionarias.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recaudó, en el primer trimestre de 2024, un total de $306.915.902,98 por multas detectadas con radares, según se lee en el decreto Nº 860 del 24 de junio pasado, que lleva las firmas del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares.
En el decisorio, al que accedió AIRE, se aprueba el pago del 17,5% del importe neto recibido por ese concepto al pool de empresas que tiene a su cargo el “servicio de puesta en funcionamiento y asistencia técnica de cinemómetros, con la provisión de servicios de soporte, mantenimiento y modernización del Sistema de Administración y Juzgamiento de Infracciones”.
Así, la unión transitoria (UT) conformada por las firmas Servicios y Consultoría S.A., Brocart S.A., It Net S.A. y Karstec S.A se llevaron $53.710.283,02 por su tarea, “a satisfacción de la administración”.
En las planillas anexas del decreto se pueden observar los montos netos mensuales de la recaudación por multas por infracciones de tránsito captadas por los radares:
De allí el total de casi 307 millones de pesos, sobre el cual se aplica el porcentaje ya mencionado a favor de las empresas concesionarias.
Detrás de las cifras de dinero se asoma tímidamente otra controversia entre los gobiernos de Maximiliano Pullaro y su antecesor Omar Perotti. Advertencia: tiene su complejidad seguir el hilo.
El pago a las empresas se ajusta a una resolución del 27 de febrero, del ministro Cococcioni, que aprueba una revisión de un contrato por 60 meses surgido de un concurso público de 2022, ratificado por decreto en agosto de ese año.
Allí, el actual ministro de Seguridad menciona un dictamen de la coordinación jurídica de la APSV que recomienda: “A los efectos de avanzar en la continuidad de las prestaciones, y de salvaguardar al Estado de los perjuicios que pudiera ocasionar la ambigüedad de los actos administrativos llevados adelante por la gestión anterior, se deberán formalizar los compromisos acordados por las partes”.
Dos actas. La primera, con fecha 13 de diciembre de 2023, apenas iniciado el gobierno de Pullaro. En ella se lee que el secretario de la Agencia de Seguridad Vial, Carlos Torres, “plantea la necesidad de acordar cuestiones relativas al desarrollo de las actividades inherentes al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato objeto de las presentes, a los fines de avanzar en la puesta en funcionamiento del mismo, considerando especialmente el inicio de la gestión a partir del día 10 de diciembre del 2023 próximo pasado”.
Y agrega: “El conocimiento de la resolución Nº 2324 del 30 de noviembre de 2023”, es decir, un decisorio de fines de la administración de Perotti, que dispuso prorrogar por 120 días corridos el plazo de cumplimiento de varias exigencias contempladas en el pliego y la exención de las penalidades que les correspondían a las empresas.
Por su lado, “los representantes de la UT adjudicataria del concurso comentaron el devenir de las situaciones que tuvieron que afrontar para poder cumplir con lo acordado en la propuesta efectuada y acompañaron un informe de lo actuado hasta la fecha”, dice el acta acuerdo. Allí mismo, se dispone la convocatoria “a una próxima reunión para el día 8 de febrero de 2024 donde se acordará un nuevo plan de trabajo y cuestiones inherentes a lo actuado hasta la fecha”.
En la fecha fijada se firma otra acta, en la que se escribe: “Habiéndose considerado lo acordado por la gestión anterior, que resultó plasmado en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares y que fuera objeto de aclaratoria por parte del ejecutivo de la gestión anterior, en relación a la forma de determinar el monto de lo que se debe abonar (…) y a los fines de que quede debidamente aclarado: la UT recibirá como pago conforme lo acordado oportunamente, el 17,5% del importe neto percibido por la Provincia en concepto de actas de infracción cuya autoridad de constatación sea la Agencia Provincial de Seguridad Vial y/o la Policía de Seguridad Vial. El importe mencionado sobre el cual se calculará dicho porcentaje, será el efectivamente percibido por la Provincia en su cuenta bancaria, neto de coparticipaciones a Municipios y Comunas y descontándose a su vez, los gastos de correo, comisiones bancarias y gastos administrativos”.
Traducción de la parrafada: había divergencias con la base de cálculo sobre la cual se aplicaba el porcentaje, lo cual equivalía a diferencias del dinero en juego. Esa es “la ambigüedad de los actos administrativos llevados adelante por la gestión anterior” que señaló la coordinación jurídica de la APSV, consignada en párrafos anteriores.
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En el punto siguiente se establece que la Provincia, en cumplimiento del contrato, “abonará a la UT un único pago de $ 108.509.915,38 (…) en concepto de todo lo realizado desde el día 17 de noviembre de 2022 hasta la fecha 31 de diciembre de 2023 que se encuentre debidamente acreditado, previa certificación de servicios correspondiente”. En criollo: siempre según este documento oficial, la actual gestión reconoce una deuda casi total de la administración anterior y decide cancelarla.
Sobre esta compleja estructura administrativa de acuerdos, se monta el pago de más de 53 millones de pesos a las empresas por lo recaudado en el primer trimestre de este año, cuyo monto global neto para la APSV es cercano a los 307 millones de pesos.
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