La Policía, en el centro de la disputa: la Corte cuestionó la reforma que impulsa el Gobierno de Santa Fe
"Nunca es bueno darle mucho poder a nadie", resumió uno de los integrantes de la Corte Suprema en medio del encuentro con los legisladores.
La Corte Suprema cuestionó el proyecto que busca darle más poder a la Policía en Santa Fe.
La reforma de seguridad impulsada por el Gobierno de Santa Fe sumó este miércoles un fuerte cuestionamiento institucional. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, y los ministros Margarita Zabalza, Diego Maciel, Daniel Erbetta, Rubén Weder, Jorge Baclini y Roberto Falistocco, expusieron sus objeciones ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, con críticas centradas en el alcance de las facultades que el proyecto busca otorgar a la Policía y a los fiscales, y en sus posibles consecuencias sobre garantías constitucionales.
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La delegación de facultades a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), la posibilidad de tomar declaraciones sin la intervención de un defensor público y la creación de zonas de intervención policial especial estuvieron entre los puntos más cuestionados. Sobre este último mecanismo, los ministros trazaron una comparación con un estado de sitio, mientras que respecto de las declaraciones sin defensa advirtieron por un posible retroceso en cuanto a la esencia del sistema acusatorio. También señalaron que algunas disposiciones podrían entrar en conflicto con la Constitución provincial y estándares internacionales de derechos humanos.
La postura fue expresada con matices entre los integrantes del tribunal, que también plantearon objeciones a otros aspectos de la iniciativa. Uno de los puntos en los que hubo diferencias fue la reforma del régimen de visitas para internos carcelarios.
Allí aparecieron argumentos a favor y en contra, aunque coincidieron en señalar la falta de precisiones sobre cómo se implementaría la propuesta. Los ministros, además, aclararon que sus observaciones se formulaban con reserva, dado que la Corte Suprema conserva la responsabilidad constitucional de controlar la constitucionalidad de las leyes.
Cuestionamientos constitucionales y dudas sobre la necesidad de la reforma
El ministro Daniel Erbetta fue uno de los que desarrolló con mayor profundidad los reparos del máximo tribunal. Según recordó, "el sistema acusatorio se estructura sobre la base de que los fiscales investigan y persiguen los delitos, mientras que las restricciones a los derechos fundamentales requieren control jurisdiccional".
“Lo que vemos en el proyecto es que hay una delegación de facultades a la Policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y, en general, con los estándares internacionales”, sostuvo en diálogo con la prensa tras el cónclave.
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Para Erbetta, el debate no debe limitarse a la discusión sobre nuevas herramientas para combatir el delito, sino que también debe contemplar su necesidad y su compatibilidad con el marco constitucional. En ese sentido, consideró que la iniciativa debe evaluarse a la luz de los resultados que ya obtuvo el sistema penal santafesino y de las modificaciones introducidas en la organización de la seguridad pública.
El juez sostuvo que la tasa de encierro se triplicó en diez años desde la implementación del sistema acusatorio y destacó la cantidad de condenas dictadas contra integrantes de organizaciones criminales. También mencionó la reducción de los homicidios y de otros indicadores delictivos como elementos que, a su entender, deben formar parte de la discusión sobre la necesidad de modificar la legislación procesal penal.
“Hay que tratar de fortalecer el sistema acusatorio, el trabajo de los jueces, el trabajo del Ministerio Público y el trabajo de la defensa pública, y no tocar tanto la legislación procesal penal ni tampoco jugar sobre el límite cuando están en juego derechos fundamentales”, planteó.
Zonas especiales y declaraciones sin defensor: los puntos más sensibles
Uno de los capítulos que concentró las críticas fue la creación de las zonas de intervención policial especial. El proyecto habilita a las autoridades ejecutivas a delimitar áreas de intervención a partir de indicadores de criminalidad y contempla facultades excepcionales vinculadas con la circulación de personas y la regulación del espacio público.
Erbetta explicó que el tribunal consideró que algunas de esas atribuciones podrían implicar una afectación significativa de derechos y garantías. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de detener a una persona durante 48 horas para identificarla, una facultad que, según advirtió, entraría en tensión con la Constitución provincial reformada en 2025, que establece que nadie puede permanecer detenido más de 24 horas sin revisión judicial.
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“Establecer una zona especial donde prácticamente se suspenden determinados derechos que tiene cualquier ciudadano y ciudadana es equiparable a un estado de sitio”, afirmó el ministro al explicar el sentido de la comparación planteada por la Corte.
Otro de los puntos objetados por los ministros es la posibilidad de tomar declaraciones sin que la presencia de un defensor público sea una condición ineludible. La propuesta también contempla la restitución de la declaración informativa en las primeras instancias de una investigación, cuando todavía no estaría definido si una persona debe declarar como imputada o como testigo.
"Nunca es bueno darle tanto poder a nadie", resumió al respecto el ministro Erbetta.
La reforma entra en una etapa decisiva en la Legislatura
La exposición de la Corte formó parte de una ronda de consultas impulsada por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados. La agenda de este miércoles incluyó también a representantes del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, que expusieron sus respectivas posiciones sobre el paquete de iniciativas enviado por el Poder Ejecutivo.
El oficialismo de Unidos había iniciado una instancia de discusión interna para evaluar posibles modificaciones al texto y buscar acuerdos antes de avanzar con su tratamiento legislativo.
Además de las declaraciones, los allanamientos y las zonas especiales, el proyecto incluye cambios en la ejecución de medidas vinculadas con inmuebles utilizados para el microtráfico, la validación de pruebas obtenidas durante investigaciones, los juicios en rebeldía y el régimen penitenciario para personas que ordenen delitos graves desde las cárceles.
La intención del oficialismo es aprobar la normativa en la sesión del jueves 29 de octubre, y para ello ampliarán las reuniones con otras entidades en los próximos días. Las observaciones de la Corte Suprema pueden resultar determinantes para definir modificaciones al texto, en un debate en el que Unidos ya analiza cambios a distintos artículos del proyecto.
