Condenan a dos policías por cobrar coimas para hacer verificaciones fantasmas en la Sección Automotores de Esperanza

Ambos fueron sentenciados en el marco de un juicio abreviado realizado en los Tribunales de Santa Fe. Por el caso, hay otros dos policías detenidos con prisión preventiva.

Ingreso a la Sección Automotores de Esperanza, en donde se hacían las verificaciones fantasmas. 

Ingreso a la Sección Automotores de Esperanza, en donde se hacían las verificaciones fantasmas. 

La causa que investiga el pago de sobornos para realizar verificaciones fantasmas en la Sección Automotores de Esperanza sumó en las últimas horas los primeros condenados. Se trata de dos suboficiales, identificados como Bruno Santiago Vignatti y Bernardo Agustín Gonzalez que por medio de un juicio abreviado realizado en tribunales aceptaron condenas de tres años de prisión en suspenso por cohecho pasivo.

La sentencia fue dictada por el juez Leandro Lazzarini que homologó un acuerdo pactado entre el fiscal Ezequiel Hernández, del área de Violencia Institucional, y las defensas de ambos uniformados, a cargo de los abogados Catalino Miguel Ángel Portillo y Candela Bottero (por Vignatti) y Juan Carlos Galetto (González).

El fallo judicial declaró una inhabilitación perpetua para ambos policías para ejercer la función pública y el pago de multas: en el caso de Vignatti por $8.000.000; y González por $11.520.000.

La sentencia fue dictada en una audiencia que tuvo lugar en el Anexo al Palacio de Justicia.

La sentencia fue dictada en una audiencia que tuvo lugar en el Anexo al Palacio de Justicia.

La sentencia es la primera que se da en la causa ya que también se encuentran detenidos otros dos policías que atraviesan la investigación bajo prisión preventiva: Gustavo Vittore y Luis Rodrigo Ulerich. No obstante, fue imputada, en libertad, una gestora de la localidad de Sarmiento (departamento Las Colonias) identificada como Érica Andrea Lucca.

Verificaciones fantasmas

Del acuerdo abreviado alcanzado entre ambas partes, surge que tanto Vignatti como González participaron de un sistema de recaudación ilegal basado en la emisión e instrumentación irregular de formularios de verificación automotor (formulario 12 del RNPA).

Según estableció la investigación, los agentes percibían dinero a cambio de confeccionar, sellar y firmar dichos documentos oficiales obligatorios para la transferencia o inscripción de vehículos. Sin embargo, toda la maniobra se realizaba al margen del procedimiento legalmente establecido: sin la solicitud de turnos previos, ni el pago de las tasas correspondientes y mucho menos sin el ingreso de los vehículos a la planta verificadora.

Según Fiscalía, se confeccionaban

Según Fiscalía, se confeccionaban "Formularios 12" sin la revisión de los vehículos involucrados.

La Fiscalía sospecha además que del entramado participó la gestora Érica Andrea Lucca, la cual oficiaba como intermediaria entre los clientes y los policías que prestaban servicios en el área automotor.

En cuanto al modus operandi, la causa detectó que tanto González como Vignatti entregaban formularios estampados con el sello oficial y firmados sin haber completado previamente los datos del vehículo ni del titular, otorgándolos "en blanco", para que la gestora los utilizara a luego con sus clientes.

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De acuerdo a lo establecido en la investigación, Vignatti participó en al menos 17 hechos, entre el 16 de mayo del 2025 y el 30 de abril de 2026. Mientras que González, hizo lo mismo pero entre el 3 de enero de 2020 y el 13 de agosto de 2025, por un total de 26 hechos.

En cuanto a los montos de dinero calculados, la Fiscalía descubrió que los policías cobraban distintos tarifarios por los formularios: en el caso de las motos, por $30.000; y $50.000 para los autos.

Origen y detención

El origen del caso se dio a raíz de un llamado anónimo que recibió Asuntos Internos de Santa Fe en julio de este año y el cual alertó sobre las maniobras que involucraban a policías de la planta verificadora de la Unidad Regional IX, con sede en la ciudad de Esperanza.

Dicha denuncia tomó curso y fue tomada por el fiscal Hernández que ordenó la detención de los policías investigados y citó en estado de libertad a la gestora para acusarla en una audiencia en sede de la Fiscalía de Delitos Complejos.

Desde entonces, el caso destapó las maniobras que se realizaban por lo menos desde el 2020 y que permitieron a la gestora imputada hacer el trámite administrativo sin sacar un turno previo, abonar la tasa correspondiente y asistir a la planta verificadora.

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