La Ley Penal Juvenil será sometida a votación en una sesión especial de la Cámara de Diputados este jueves desde las 11, luego de que el oficialismo junto a aliados y representantes de la oposición dialoguista lograran en un plenario de comisiones firmar dictamen a favor del proyecto, que entre otros puntos reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.
Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
Ley Penal Juvenil: la mirada del Gobierno
Desde el Ejecutivo indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).
La iniciativa va muy en línea con el espíritu que emana permanentemente el Gobierno y en particular el presidente Javier Milei de que el que “las hace las paga”, y que frente a un “delito de un adulto, pena de adulto”.
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Se espera un largo debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley Penal Juvenil.
La idea es elevar los costos para quienes delinquen, en este caso a los menores de edad, y que tomen consciencia de a qué consecuencias se exponen si siguen el camino del delito.
También hay una narrativa antigarantista con perspectiva de víctima que combate la idea de que hay que considerar a los autores de delitos como víctimas de un sistema social que los excluyó.
Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con un régimen penal de minoridad junto con Cuba, y de ahí el debate sobre la necesidad de generar un marco que por un lado aplique sanciones diferenciales a los menores que delinquen pero al mismo tiempo genere mecanismos de resocialización, de reinserción laboral para que cuando salgan del encierro no vuelvan a caer en el espiral de la delincuencia.
La mirada de la oposición dura
Desde la oposición más dura, refractaria a la reforma, señalan que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia.
Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a los 12 años y la tasa de homicidios en dicho país, lejos de bajar, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes.
La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a un sistema histórico de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades.
