Ahora, la decisión de la Justicia fue haciendo lugar a un amparo colectivo y la ley recuperó su plena vigencia, por lo que se deberá pagar una compensación para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre un 0,22% y un 0,42% del PBI.
El Gobierno puede recurrir a esta sentencia y llegar a la Corte Suprema de Justicia con su reclamo, pero por lo pronto la normativa tiene efectos para todas las personas con discapacidad del país, sus familias y prestadores de servicios.
El Gobierno confirmó una prórroga automática para millones de personas con discapacidad.
El Gobierno había promulgado la Ley en Discapacidad, pero suspendido su aplicación.
La ley promueve saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. También prevé actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
