La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich
El juez Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que puso en práctica la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró este lunes la nulidad del llamado protocolo antipiquetes que puso en práctica la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró este lunes la nulidad del llamado protocolo antipiquetes que puso en práctica la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.
Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.
La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich
piquete fuerzas federales
Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023.
En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.
La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.
bullrich milei.jpg
En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.
Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.
En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.
policia operativo marcha universitaria
El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.
Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.
De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.
La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario.
