La Convención del 25 se prepara para debatir la autonomía municipal, un tema clave en la reforma constitucional que podría redefinir el poder local, la gestión de recursos y la relación entre los municipios y la provincia. Expertos analizaron en AIRE los desafíos y oportunidades que traerá este cambio para las localidades.
La Convención del 25 podría resolver en la reforma constitucional el histórico debate por la autonomía municipal.
La Convención del 25, encargada de la reforma constitucional en Santa Fe, avanza a buen ritmo en etapa de comisiones y el próximo viernes será la primera reunión de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, que tendrá a su cargo un arduo debate por un tema clave: la autonomía municipal.
Esta modificación, que daría mayor poder de decisión a los municipios, genera —y generó históricamente— diversas opiniones en el ámbito académico y político.
Para profundizar en lo que implicaría este cambio, AIRE consultó a dos expertos en derecho constitucional y administrativo: Esteban Gaggiamo, profesor adjunto de Derecho Administrativo de la UNL, y Juan Manuel Busto, docente de Derecho Constitucional del Poder de la UCA Rosario.
La autonomía municipal, como concepto, se refiere a la capacidad de los municipios para tomar decisiones de manera independiente, sin la intervención del Gobierno provincial. Este tema ha sido objeto de discusión durante años, y según Gaggiamo, “cuando hablamos de autonomía municipal, no estamos hablando solo de derechos, sino de cómo se va a distribuir el poder”.
De acuerdo con el docente, esta distribución del poder tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que justificaría la creación de una autonomía que permita a los municipios gestionar sus propios recursos y responsabilidades.
Por su parte, Busto destacó que Santa Fe —a diferencia de otras provincias argentinas— aún no ha incorporado este principio a su Carta Magna tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994, lo que genera una situación particular.
“Santa Fe es la única provincia que ha quedado con un sistema donde los municipios no pueden dictar sus cartas orgánicas ni tienen autonomía. Todas dependen de una normativa creada por la Legislatura provincial”, explicó el docente.
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La autonomía municipal, de acuerdo con Busto, se puede desglosar en cinco tipos: institucional, política, administrativa, económica y financiera. Algunas provincias han incorporado todos estos tipos de autonomía en sus constituciones, pero, según el docente, “hay algunas provincias que reconocen estas autonomías solo para los municipios más grandes, estableciendo límites según la cantidad de habitantes”. Un ejemplo de esto —recordó— es la provincia de Córdoba, donde solo los municipios de más de 10.000 habitantes pueden dictar su propia carta orgánica.
La autonomía municipal tendría implicaciones directas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Ambos especialistas coinciden en que los municipios tienen una relación más cercana e inmediata con los vecinos. Este contacto directo permitiría a los municipios gestionar servicios clave como el transporte público, la recolección de residuos, e incluso aspectos vinculados a la salud y la educación.
“El ciudadano se siente mucho más cerca del municipio que de los otros organismos del Estado”, afirmó Busto y sumó: “En países como Alemania, el 80% de las leyes nacionales las gestionan los municipios. La autonomía busca darle a los municipios las herramientas necesarias para resolver problemas concretos y específicos de cada localidad”.
Otro de los puntos destacados de una eventual reforma es el futuro de las zonas metropolitanas, como el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, donde la distancia entre localidades es mínima.
“La autonomía municipal no solo implica que los municipios tengan más poder, sino que también permite generar relaciones intermunicipales para resolver problemas comunes, como la gestión de residuos o la planificación urbana”, sostuvo Busto. En este sentido, los municipios podrían establecer acuerdos sin necesidad de la intervención de la provincia o de la Nación.
Gaggiamo consideró que el debate por la autonomía municipal es, en definitiva un debate político: "Lo que estamos evaluando con la autonomía es qué esfera de decisión va a tomar el municipio y cuál no".
"Desde mi punto de vista, interpreto que la autonomía municipal tiene que ser una garantía que no únicamente implique la posibilidad de dictar tus propias cartas, sino de la efectiva posibilidad de intervención de los municipios en aquellos aspectos que puedan incidir dentro de la vida cotidiana", consignó el profesor de la UNL y completó aclarando que la autonomía no debe ser entendida como una delegación de poder absoluto: “Si voy a dar mayor poder, también tiene que existir mayor control".
Un tema fundamental en el debate sobre la autonomía municipal es la suficiencia económica de los municipios para hacerse cargo de las nuevas competencias que les otorgue la reforma constitucional. Tanto la coparticipación de recursos como el cobro de impuestos y tasas se presentan como una cuestión clave.
"Como no puede existir una doble imposición, los municipios no van a poder cobrar un impuesto por lo mismo que cobra la provincia o que cobra Nación. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir estas posibilidades tributarias?", se preguntó Gaggiamo y aclaró: "Es toda una definición que parece no estar del todo zanjada, pero la Constitución podría modificar este reparto de competencias y ver qué capacidad tributaria tendrían los municipios".
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Por su parte, ante la misma consulta, Busto consignó: "De nada sirve tener autonomía si no se cuenta con la capacidad financiera para cumplir con las nuevas competencias”.
"Es un tema de recursos que se tiene que definir en la reforma constitucional. La redistribución primaria y secundaria, que es la coparticipación, tiene que tener en cuenta la suficiencia financiera de los municipios para poder lograr sus objetivos. En definitiva, lo que hay que hacer es sentarse a analizar cómo se distribuyen los recursos", completó el profesor de la UCA Rosario.
Y concluyó: "No necesariamente se tiene que tratar de una mayor carga tributaria para los ciudadanos. De hecho, la idea es que las políticas tributarias sean coordinadas de tal manera de que no se termine afectando al ciudadano bajo ningún punto de vista".
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