Por de pronto, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández –autor de la desafortunada frase “los narcos han ganado”- deberá dar explicaciones sobre el tema el próximo jueves en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. La iniciativa provino de la oposición, que la planteó en el recinto el martes pasado, dos días del ataque a la familia Roccuzzo.
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Fernández será interpelado por varias cuestiones, entre ellas por la bajísima ejecución del presupuesto que el Gobierno le asignó a Santa Fe en materia de seguridad interior. El diputado Juan Martín (Pro), vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, lo denunció en el recinto el martes pasado.
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Aníbal Fernández irá a la Cámara de Diputados a responder las preguntas de los legisladores santafesinos.
“Santa Fe ocupa el puesto 14 en la consideración del gobierno nacional en el ranking por provincias –acusó-. En 2022, apenas se ejecutaron en Santa Fe $6.599 millones, mientras que Catamarca ejecutó $9.212 millones. San Juan ejecutó más que Santa Fe y San Luis multiplicó por 12 su presupuesto en materia de seguridad”.
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Este año no va mejor para Santa Fe. Según los datos oficiales del Ministerio de Economía, en estos dos primeros meses la Nación le transfirió a la provincia solo el 6% del presupuesto asignado para seguridad ($947 millones). Es el porcentaje más bajo de todas las provincias, pese a que Santa Fe es el distrito con mayor cantidad de homicidios dolosos del país después de Buenos Aires de acuerdo a las estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad.
El problema no se limita a la cuestión de la seguridad. Rosario y Santa Fe, las ciudades más golpeadas por el narcotráfico, tienen más del 30% de sus cargos en la justicia federal sin cubrir. Se trata de vacantes en juzgados, como también en fiscalías y defensorías. Las responsabilidades son compartidas.
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En la actualidad, hay tres concursos de jueces y tres vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura; otras 2 vacantes pendientes de definición por parte del Poder Ejecutivo, y otras cuatro vacantes de jueces cuyos pliegos ya fueron enviados al Senado, pero que nunca fueron tratados en la Comisión de Acuerdos. Esta comisión es presidida Anabel Fernández Sagasti, un alfil de Cristina Kirchner en la Cámara alta.
Entre los fiscales también hay vacantes: casi la mitad de todos los cargos de la provincia. Los fiscales tienen un papel clave, pues son ellos los impulsores de la investigación. Para peor, el Poder Ejecutivo y el Congreso demoran, sin causa, la puesta en marcha en Santa Fe del sistema acusatorio previsto en el nuevo Código Procesal Penal; este sistema ha demostrado resultados sorprendentes en las provincias donde se aplica -Salta y Jujuy- con juicios más ágiles y sencillos.
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Luego de la última reunión de la Junta de Seguridad en Rosario, el gobernador Omar Perotti cuestionó los dichos de Aníbal Fernández que dijo que en Rosario habían ganado los narcos.
Apremiado por la presión opositora y el descontento ciudadano, el oficialismo arroja manotazos de ahogado. Tras varios meses de demora, activó por fin el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Penal federal en Santa Fe, el cual propone crear 13 cargos de fiscal federal, cuatro defensorías y seis juzgados federales. También crea seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión.
La oposición acompañará la iniciativa –de hecho, fue firmada por los diputados santafecinos de todos los bloques- pero advierte que el problema de la inseguridad de Santa Fe sólo comenzará a resolverse si el gobierno nacional y el oficialismo en el Congreso se deciden a cubrir los cargos judiciales hoy vacantes y, en paralelo, asignan mayores recursos –tanto humanos como presupuestarios- a la lucha contra el crimen. Hasta ahora, estos gestos estuvieron ausentes.
