El cerco judicial se sigue estrechando en torno el senador justicialista Armando Traferri. En una entrevista con AIRE, Luis Schiappa Pietra, fiscal de delitos complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), contó que el abogado de Leonardo Peiti, Luis Rossini, confirmó en su declaración el vínculo entre el zar del juego clandestino y Traferri.
Los fiscales aseguran que está probada la responsabilidad penal del senador Armando Traferri en la causa que investiga la red de juego clandestino en Santa Fe.
En la audiencia de anticipo de prueba, que se adelantó por motivos de salud, Rossini confirmó la línea de investigación que siguen los fiscales (Schiappa Pietra y Martín Edery) y contó que Peiti le encomendó que le solicitara a Traferri una morigeración en las medidas judiciales que lo afectaban por una causa en Rafaela y que el senador hizo la gestiones.
"La relación de Traferri con Peiti y su responsabilidad penal en esta causa nos parece probada. En el expediente están los mensajes que intercambiaron Rossini y Traferri por esta causa en Rafaela", precisó Schiappa Pietra, en diálogo con Alejandra Pautasso en Ahora Vengo.
Los fiscales esperan en el 2022 poder sentar al senador Traferri en el banquillo de los acusados en el marco del juicio oral por la causa del juego clandestino (hace un año, los senadores rechazaron su desafuero). "La decisión está en manos de la Corte de Justicia de la provincia y seguramente va a terminar en la Corte Suprema de la Nación", adelantó Schiappa Pietra.
Es que si la decisión de la corte santafesina es favorable a Traferri, los fiscales elevarán la causa a la Corte nacional y si sucede lo contrario, lo más probable es que la defensa del senador apele ante el máximo tribunal de la Nación. "No hay dudas de la participación penal del señor Traferri, lo que hay que definir es si podemos ir a juicio con él o con el resto de los involucrados y esperar a que el senador ya no tenga más fueros, que se pierden cuando se deja el cargo", recordó el fiscal.
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Los fiscales del MPA llevan un largo año argumentando que es inconstitucional -porque no está alineado con la Constitución Nacional y los tratados internacionales- el artículo de la constitución santafesina que impide juzgar a los legisladores provinciales sin acuerdo de sus pares.
En octubre, Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, dictaminó que es admisible el pedido de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia, que trata sobre los obstáculos legales para conseguir el desafuero de legisladores que se encuentran en ejercicio del cargo. Una decisión que favorece el planteo de los fiscales.
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Schiappa Pietra dijo que evalúan presentar un nuevo pedido de desafuero ante la Legislatura porque hay más pruebas que comprometen al senador.
Altos jefes policiales imputados por vender autopartes de patrulleros
El fiscal también recordó que el ex subjefe de la Unidad Regional II (Rosario), Ariel Zancocchia, y otros seis policías, fueron imputados por integrar una asociación ilícita que vendía autopartes de patrulleros. "Lo que hacían era pedir repuestos nuevos, se los daban a los talleristas y en vez de ponerlos en un patrullero los vendían. Se hacía todo con la aceptación de las cúpulas policiales lo que da cuenta de un entramado de corrupción muy grosero", destacó Schiappa Pietra.
"Gran parte de la evidencia de las maniobras que se hacían con las autopartes en el taller de la rampa Tarragona, se sustrae de dos teléfonos celulares que usaba el personal del taller, en los que constan los mensajes y las conversaciones con los policías", concluyó el fiscal.
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