El encuentro se desarrolló esta mañana en la Legislatura provincial y contó con la participación de representantes de los magistrados, trabajadores del Poder Judicial y del Sadop, gremio que nuclea a los docentes privados.
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En 45 días, a partir de la recolección de distintas voces y miradas, la Comisión elevará un informe al Poder Ejecutivo que deberá decidir en qué sentido avanza con los posibles cambios a la Caja de Jubilaciones.
El primer cruce se produjo a partir del pedido del gremio de docentes privados quienes, a través de su secretario General, Pedro Bayúgar, pidieron la suspensión de las reuniones de la Comisión. Según explicó ante el móvil de AIRE, la solicitud está fundada en la falta de información que solicitaron semanas atrás junto a otros sindicatos nucleados en la CGT.
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"Pedimos a la Caja de Jubilaciones que nos informara sobre ciertos datos que son importantes para la evaluación del sistema, pero hasta ahora no nos respondieron, por lo tanto, nosotros pedimos que, hasta tanto nos hagamos de esa información, se suspendan las reuniones y los plazos que acotan el tiempo de debate y con los datos en mano podremos hacer buenas propuestas", indicó Bayúgar.
Entre los elementos que faltan, el representante docente mencionó: "Deudas que muchas entidades oficiales o privadas tienen con la Caja, se cobran, qué monto es, son datos muy importantes", indicó y también señaló que la mitad de los trabajadores municipales y comunales no están registrados y que son deudas. "El día de mañana pasan a planta y se jubilan en la Caja de la provincia y mientras tanto acumulan deudas", graficó.
Pedido denegado
El senador del departamento San Justo y presidente de la Comisión, Rodrigo Borla, fue el encargado de echar por tierra el pedido que elevó Sadop. "Hoy empezamos a entregar los datos que necesitan de la Caja por el Poder Ejecutivo. Se trata de una ley que fue promulgada por el gobernador y donde están todos invitados a participar", remarcó.
De la reunión participaron los representantes del Poder Ejecutivo del Ministerio de Economía, del Ministerio de Gobierno, la directora provincial de la Caja de Jubilaciones Alicia Berzero y el secretario de Seguridad Social Jorge Boasso, que fueron los encargados de acercar la información oficial.
"Legalmente, el Estatuto del empleado municipal permite que los tengamos en negro", reconoció Rodrigo Borla quien fue intendente de la ciudad de San Justo y apuntó que "en la discusión, cada gremio pretenderá algunos planteos que escucharemos y será el Ejecutivo el que elabore alguna ley o no".
Jubilaciones en Santa Fe: el objetivo de la comisión
El texto de la norma que creó la comisión –que salió de la Cámara de Senadores, luego modificó Diputados y convalidó la Cámara alta– refiere a la "necesidad de abordar el análisis del régimen previsional, garantizando la permanencia de la Caja de Jubilaciones y Prensiones en la órbita del Estado Provincial y su carácter solidario".
A partir de críticas, que partieron principalmente de los gremios y sectores progresistas, atrás quedó la iniciativa original que hablaba directamente de reformar el sistema previsional. De esta forma nació la idea de la comisión que tiene por objeto "el estudio, elaboración y redacción de un informe respecto a la sustentabilidad del régimen previsional vigente en Santa Fe", detalla el artículo 3.
Entre las funciones, la comisión podrá requerir informes de entes públicos o privados, citar funcionarios públicos de cualquier rango, como así también convocar a toda persona o asociación que por su conocimiento sobre la materia pueda realizar aportes que permitan un mejor desarrollo de la tarea. A su vez, la Comisión deberá elevar un informe al Poder Ejecutivo en un plazo de hasta 45 días, que regirán “a partir de la fecha de su publicación”. Según indica el nuevo texto, las autoridades de la Comisión están facultadas a prorrogar el plazo establecido.
