El 29 de marzo de 2020 el gobierno nacional publicaba en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 320, por el cual declaraba la emergencia en materia de alquileres en el marco de la pandemia y el Aspo, que transcurría sus primeros días. En lo esencial, prohibía los desalojos, difería el pago de los aumentos de alquiler y prorrogaba los contratos de forma automática. Ese paquete de protección para los 4,5 millones de argentinos (1,7 millón de hogares) que viven en situación de alquiler vence este miércoles 31 de marzo y el gobierno ya anunció que no será renovado. Por lo tanto, a partir del 1° de abril los contratos pueden actualizarse y quienes acumularon deuda tienen que pagar (entre 3 y 12 cuotas dice la normativa) o enfrentar la posibilidad del desalojo.
¿Mejoró tanto la situación como para que los inquilinos se las arreglen cara a cara con las inmobiliarias? En realidad no. La economía no termina de repuntar, la desocupación creció en muchos de los grandes centros urbanos y miles de familias perdieron ingresos en términos nominales y reales.
Qué es lo que viene
A pesar de eso, el gobierno nacional apuesta a no prorrogar el DNU 320 y sus sucesivas renovaciones y poner en plena vigencia la otra gran herramienta por la que los inquilinos batallaron durante años: la ley de alquileres, sancionada en julio del año pasado. El ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, sostuvo que a partir de este 1° de abril se usará esa ley, votada el año pasado y ya reglamentada. Específicamente se refirió a las instancias de mediación que deberá implementar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que como condición previa para poder desalojar los propietarios deberán inscribir los contratos en el registro de AFIP, otra de las innovaciones de la nueva ley. Al mismo tiempo publicó un protocolo de desalojos para los casos en los que el fin del decreto reactive la autorización judicial para avanzar en el lanzamiento del ocupante.
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Sin embargo las organizaciones de inquilinos afirman que la emergencia sanitaria continúa y que las herramientas previstas en la ley no son suficientes para esa circunstancia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) retrucó al ministro: “No es verdad que la nueva ley de alquileres indique instancias de mediación prejudicial obligatorias”, sólo menciona “fomentar ámbitos de mediación y arbitraje en las provincias”. En cuanto al registro de Afip, “aplica solamente a los alquileres firmados después de la sanción de la ley, con lo cual todos los contratos que hayan sido firmados antes de julio 2020 no tienen obligación de registrarse”.
Con este panorama, el lunes y el martes hubo protestas de inquilinos en distintas plazas del país, denominados "ruidazos" o "inquilinazos". El reclamo de base era que el gobierno renovase el DNU. Nire Roldán, de la Concejalía Popular, indicó a Aire Digital otras medidas propuestas de corto y mediano plazo que propusieron en la última reunión de la Mesa Nacional de Vivienda y Hábitat. Entre ellas estirar de 12 a 36 la cantidad de cuotas para el pago de las deudas generadas por alquileres impagos o por la postergación del pago de los aumentos que estaban previstos en los contratos. Se pide al gobierno nacional implementar un sistema similar al Ahora 36 que se utiliza para financiar la compra de equipos de electrónicos o automotores pero en este caso para financiar el pago de la deuda que hoy está prevista en plazos de 3 meses mínimo y 12 máximo. También pidieron avanzar con el alquiler social, con una especie de IFE para el inquilino pero con la condición de que informe el alquiler, de manera de obligar al blanqueo del cada vez más extendido mercado inmobiliario en negro. Un tercer punto es establecer un indicador de referencia para los precios de los nuevos contratos, porque en la práctica “las renovaciones vienen con aumentos de entre 80 y 100%”, según los referentes de inquilinos.
Sebastián Artola, referente de la Defensoría del Inquilino, aseguró que en los últimos días recibieron “innumerables denuncias de pedidos de desalojos” y reiteró el pedido de prorrogar el decreto 320 y la intervención en el tema de los gobiernos nacional, provincial y municipal. “Si el Estado en sus tres niveles no está presente garantizando las instancias de mediación que plantea el artículo 21 de la ley de alquileres, el mercado inmobiliario actúa por la fuerza, expulsando cada vez más personas a la calle”, explicó.
La mirada de las inmobiliarias
Mientras los inquilinos avizoran un aluvión de desalojos que estaban detenidos por el decreto y son críticos del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, desde la vereda de enfrente las cámaras inmobiliarias celebran el fin del DNU 320/20 y sus sucesivas renovaciones.
Para las inmobiliarias, el problema de inquilinos morosos no tiene la dimensión de la que se está hablando entre los partidarios de prorrogar el DNU. “Desde abril de 2020 a hoy hicimos estadísticas junto con la Universidad Nacional de Rosario y la verdad que la morosidad en los contratos formales de alquiler es del 5%. El 95% pudo cumplir y está al día”, le dijo a Aire Digital Andrés Gariboldi, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir). Recuerda que “para ese 5%, nuestro colegio creó el Instituto de Mediación con la finalidad de evitar la judicialización de las dificultades que se puedan presentar”.
“Creemos atinado que el ministerio haya dejado sin efecto el DNU, la actividad en general está tomando ritmo de normalidad”, argumenta. Y si bien las cámaras inmobiliarias resistieron la nueva ley de alquileres, creen que es necesario ponerla en marcha “para dar certidumbre a aquellos que invirtieron en vivienda y quieren llevarla al mercado locativo. Hay contratos que venían de 2019 y se congelaron… es la búsqueda de normalización de un mercado”.
De todas maneras, queda picando la situación de quienes recurren al mercado inmobiliario informal por las barreras económicas que implica la formalidad. Muy difundida esta modalidad en asentamientos irregulares y barrios populares, allí es donde las organizaciones de inquilinos aseguran que se sentirá muy fuerte la caída del anillo protector que significaba el DNU, a pesar de que por tratarse de una relación informal esos beneficios eran bastante relativos.
Gariboldi admite que puede haber contratos nuevos con incrementos de 80 a 100% como argumentan las organizaciones de inquilinos. “Pero hay que ver en relación a qué contrato lo están comparando, no nos olvidemos que hay contratos vigentes que vienen de 2019 que hubo 50% de inflación y en 2020 casi 40%. A eso hay que sumarle un año de congelamiento”.
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