Las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se extenderán hasta el 28 de febrero, estarán marcadas por un temario que tiene un hecho histórico: el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia-.
Las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se extenderán hasta el 28 de febrero, estarán marcadas por un temario que tiene un hecho histórico: el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, por el que serán citados sus cuatro integrantes, dos de ellos santafesinos. En el orden de temas, también se destacan una nueva moratoria previsional para 800.000 personas, la reforma del Indec y del Consejo de la Magistratura.
Dos aclaraciones del todo necesarias para medios y lectores de medios de alcance global, pero concentrados en sus agendas regionales, por aquella frase atribuida a León Tolstói, pero que tiene antecedentes en Platón y el Antiguo Testamento: pinta tu aldea y serás universal. La primera es que las sesiones extraordinarias impulsadas por el Poder Ejecutivo (cual fuera, más o menos unitario, más o menos federal) usualmente se utilizan para resolver temáticas de alcance nacional o general, prioridades de gestión desestimadas por la oposición y que no obtuvieron dictámenes de comisión para ser debatidas en el recinto. También para incluir un puñado complementario de demandas ajustadas a las agendas políticas provinciales, coladas detrás de otros proyectos estelares.
La segunda es que repasando la lista completa de los 27 proyectos, no aparece ninguna de las prioridades establecidas por el gobierno santafesino, centralmente la creación de fondos e instituciones destinadas a paliar los efectos de la sequía que azota a la Pampa húmeda, como el proyecto de Promoción y Fomento de Sistemas de Riego (se estima que Argentina pierde u$s 1.500 millones por no tener un sistema de riego unificado), que -al igual que la Ley de Humedales y la de Alquileres- tenía expectativas de colarse pero deberán esperar una nueva oportunidad para marzo. De todos modos habrá proyecto provincial a falta de una iniciativa nacional, porque la creación del Sistema Provincial de Riesgo de Emergencias y Desastre Agropecuario, es uno de los proyectos que ocupa las extraordinarias convocadas por el gobernador.
Y esto en medio de una tensión inocultable entre las agendas de Omar Perotti, Alberto Fernández, e incluso, Cristina (para quien la reforma del Consejo de la Magistratura e impulsar el histórico Juicio Político a la CSJ son prioridades macro), tanto por los distintos peronismos que profesan como por la definición la estrategia de campaña con el que Perotti buscará posicionar a quien fuera su candidato: diferenciación y desmarque agitando el cúmulo de obras, una relación diferente con el círculo rojo local y nacional y la promoción de una agenda regional desenganchada de las prioridades ideológicas y políticas de la marca nacional y del “centralismo porteño”.
El mismísimo diputado y precandidato a gobernador Roberto Mirabella expresó que “el juicio a la Corte no es prioritario para Santa Fe, lo prioritario es que combatamos el narcotráfico, la violencia urbana que tenemos” y hasta llegó a comparar éstos momentos con los de la histórica puja entre federales y unitarios que “tuvo preso al Brigadier Estanislao López cuando comandaba una estrategia para construir una Argentina federal”. En el entorno del gobernador están convencidos de que la falta de vocación federal del presidente les complicó la gestión y que “perdimos en 2021 pero la gente votó en contra de la gestión nacional, eso no se lo facturaron a Omar”. Con esa convicción, sin reelección, concentrado en un puñado de leales, con iguales o superiores dificultades para aglutinar el voto peronista que el FDT nacional, encara el perottismo los meses hasta las primarias de agosto.
El proyecto más importante -y que no deja de tener un impacto general, para nada una cruzada unitaria- es el proyecto de más de 400 páginas que se acaba de ingresar a la Comisión de Juicio Político de Diputados, para evaluar la destitución de los cuatro miembros del máximo tribunal de justicia de la Nación, que comenzará a debatirse el 25 de enero; y que incluye un abultado anexo de pruebas documentales, un pedido para investigar entrecruzamiento de mensajes y llamadas en los celulares de Rosatti, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti, una extensa y para nada cerrada lista de testimoniales (que incluye a Silvio Robles, Marcelo D´Alessandro, empleados de la vocalía de Rosatti, Damián Loretti y varios de los gobernadores que sí creyeron que la justicia no se autodepura y hay que limitar de modo republicano los excesos del menos transparente y democrático de los poderes del Estado).
Por separado se ingresaron tres proyectos diferentes: uno para modificar el artículo 21 del Decreto Ley 1285/58 para ampliar el número de miembros de la CSJ, otro para modificar la Ley del Consejo de la Magistratura y un tercero para remover al actual Procurador General de la Nación Eduardo Casal, jefe de los fiscales federales y nacionales e interino desde que el macrismo lograra (con extorsiones y amenazas a familiares directos mediante) la renuncia de Alejandra Gils Carbó a un cargo que hasta hoy es vitalicio.
Aquí hay algo importante que destacar como reconocimiento a un gobierno remiso a enfrentarse con santas sedes del establishment; el presidente -hablando de retenciones móviles que podría haber retocado por Decreto- decía que no iba a enviar al Congreso proyectos que “la oposición se niega a discutir, yo no creo en las derrotas épicas, las derrotas épicas son derrotas”. Pues bien, tampoco hoy están los números para los dictámenes ni mucho menos para imponer ninguno de los 3 proyectos mencionados en el recinto, es decir que el presidente se apresta para una victoria utópica o a una derrota que será épica y puede cimentar una victoria electoral, si quienes tienen que defenderlos con rosca y discursos públicos recuperan la convicción de que retrocediendo también se puede pegar y noquear. O vender carísima (en votos) una derrota y recuperar el centro de un ring resbaladizo, donde el rival no respeta código ni pacto democrático, mientras aseguran que “con éste gobierno no hay nada que negociar” y los árbitros convalidan cualquier abuso reglamentario, cualquier golpe bajo.
Otro proyecto importante, por el número de beneficiaries potenciales, es el de la moratoria previsional que le permitiría jubilarse a 800.000 personas (de las que 447.000 son mujeres) que llegaron a la edad requerida pero sin los 30 años de aporte exigidos por ley (sobre el que ya publicáramos en AIRE). Juntos por el Cambio bloqueó este proyecto en sesiones ordinarias y es probable que pueda hacerlo también en estos dos meses añadidos, será mérito o flaqueza del Poder Ejecutivo y su polémico (por ineficaz) dispositivo comunicacional, que la oposición pague algún precio en votos por dejar sin cobertura a casi un millón de argentines.
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