Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación busca que la comisión bicameral del Congreso de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia (ley 25.520) investigue los presuntos hechos de espionaje ilegal que se habrían producido desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, bajo la gestión de Marcelo Sain. La iniciativa fue impulsada por los diputados nacionales Gabriel Chumpitaz (PRO - Santa Fe) y Cristian Ritondo (provincia de Buenos Aires) pretende profundizar la investigación con el propósito de relevar datos e investigar el accionar de los funcionarios.
Cámara de Diputados de la Nación.
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Para Chumpitaz, “estamos ante el hecho institucional más grave que vive nuestra provincia desde la vuelta de la democracia, sin precedentes” y por ello, “exponemos esta iniciativa buscando a través de la Comisión bicameral investigadora elaborar los respectivos informes ante eventuales infracciones y formular las correspondientes denuncias ante la justicia y/u organismos de control que estimemos competentes”.
Entre los fundamentos del proyecto, los legisladores hacen referencia a las 661 carpetas con datos del perfil y detalles de conversaciones telefónicas de empresarios, políticos y periodistas que fueron incautadas de las oficinas del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Para el diputado por Santa Fe, se trata de “evidencia de que funcionaría un centro de inteligencia ilegal para extorsionar a opositores políticos” en Santa Fe.
“A eso se suma, que luego de las diligencias judiciales renunció el viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, y todos los demás funcionarios que respondían a quien ahora se desempeña como asesor del ministro nacional de área, Aníbal Fernández”, agregó Chumpitaz.
En cuanto a la inseguridad, el legislador agregó: “Nuestro país necesita dirigentes que estén al servicio de la ciudadanía y no peleas internas partidarias, mientras en la calle nos están matando” y advirtió que "a dos años del inicio de gobierno de Alberto Fernández y Omar Perotti, todos los índices en materia de seguridad han aumentado”.
Por su parte, el diputado por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo aseguró que “desde todo el bloque del Pro, queremos expresar nuestro más absoluto repudio a dichas prácticas ilegales que habrían sido llevadas adelante con el aval del gobierno de turno, como sucediera a nivel nacional en otras oportunidades, por lo que no solo merecen nuestro rechazo unánime como bloque, sino profundizar la investigación”.
El Estado santafesino se constituirá como querellante
El pasado 20 de enero, AIRE informaba que el Estado santafesino se constituirá como querellante en la causa judicial en la que se investigan presuntos hechos de espionaje ilegal realizados desde el Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Marcelo Sain.
La decisión la tomó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien a través del Decreto N° 0022 –que también lleva la firma de la ministra de Gobierno provincia, Celia Arena– instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder a intervenir en la causa como parte querellante. La investigación tiene por objetivo precisar, en la faz administrativa, el legal funcionamiento interno de la cartera de Seguridad y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder.
La medida, establecida el 18 de enero, destaca entre los considerandos que apenas se tomó conocimiento de la investigación judicial encarada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y efectivizadas en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la provincia, el Ejecutivo había dispuesto a través del Decreto N° 26511/21 instruir al fiscal de Estado, para que, a través de la Dirección de Auditorías y Sumarios dependiente de esa jurisdicción- inicie los procedimientos administrativos que legalmente correspondan.
En ese contexto, el gobierno advierte que, en relación con la Investigación Penal Preparatoria, ha trascendido mediante diferentes publicaciones efectuadas por distintos medios de comunicación, la producción de nuevas medidas procesales dispuestas por el MPA en el marco de la investigación.
Por tal motivo, el gobernador Perotti instruyó nuevamente al fiscal de Estado a que se presente en nombre y representación de la Provincia como querellante en la Investigación Penal Preparatoria.
661 carpetas
Por la causa, fueron relevadas hasta el momento 661 carpetas con los nombres políticos, fiscales, abogados, policías, empresarios y sus firmas y hasta algunos periodistas. Dichas carpetas, fueron caratuladas como “perfiles” que eran creados sobre la base del cotejo de redes sociales y de bases de datos de organismos nacionales o provinciales. Según trascendió, los “perfiles” encontrados pudieron haber sido creados entre enero del 2020 hasta por lo menos el 26 de noviembre, fecha en la que se concretó el allanamiento del OI bajo un clima de masivas renuncias en la cartera, ya que en ese entonces renunciaron doce funcionarios que eran parte del equipo de Sain.
Políticos, fiscales y policías
Entre los nombres que surgieron de esas carpetas aparecen los nombres como el exgobernador Antonio Bofatti y los diputados provinciales Julio “Paco” Garibaldi, Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro. Además, figuran el extitular de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, y quienes lo suplantaron durante la actual gestión actual: Héctor “Pirucho” Acuña; y el posterior reemplazo, Jorge Bortolozzi, quien en la actualidad se desempeña como Secretario de Seguridad Pública.
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