Erbetta: "Es una necedad de la política mantener las cosas como están"

La mención la hizo al cuestionar las demoras en el tratamiento de la mega reforma judicial que envió en 2020 y a la que quedó supeditada la ampliación prometida. A contracorriente de lo instalado públicamente, Erbetta relativiza la necesidad de que haya más juzgados federales. En su opinión, el acento debe ponerse en fortalecer el trabajo de las fiscalías. También cuestiona a sectores de la Justicia federal y de la política, porque tomó como un objeto de puja al fuero penal federal.

—En su discurso al Congreso el presidente vinculó la demora del Congreso en aprobar la reforma judicial con la falta de herramientas para atender los problemas de narcocriminalidad en Rosario. ¿Comparte esa mirada?

—Relativamente. Creo que hay un diagnóstico que no se puede discutir y es que la reforma judicial a nivel federal lamentablemente está atravesada por la grieta y hay espacios políticos que están interesados en mantener el statu quo. De un lado, sectores de la Justicia Federal que están colonizados por esta puja política y partidaria; y del otro, un sistema judicial federal que responde a estructuras obsoletas y a un modelo de gestión y organización propia del siglo pasado.

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—¿Cuál es el impacto que podría tener esa reforma que promueve el Ejecutivo como respuesta a la narcocriminalidad, que es lo que nos interesa en esta región?

—Creo que es relativo y de poca eficacia. Porque no se trata de sumar más jueces y cámaras federales. Se trata de reformular todo el sistema de organización y la política de persecución penal. En primer lugar hay que resolver lo del procurador general y designar uno de acuerdo a la ley, que sea responsable de definir una política de persecución penal estratégica para cada una de las problemáticas de los delitos complejos que atraviesan las distintas regiones del país. Nuestra zona tiene una problemática real muy acuciante y no se visualiza esa política estratégica a nivel federal. De hecho, nuestros fiscales federales y nuestra Justicia federal tienen una alta dedicación a delitos de menor cuantía. Y esto responde a que no podemos tener un procurador de facto. Por otro lado, hay que avanzar en forma urgente en implementar el Código Procesal nuevo. Implica inversión, sí, pero una inversión quirúrgica, no sumar por sumar. No sé si hacen falta muchas más cámaras federales o cuántos jueces.

—¿Dónde hay que poner el acento?

—En una reestructuración cabal del Ministerio Público Fiscal, en invertir en recursos tecnológicos y humanos en esa área. Después se verá, en función de la carga de trabajo, cuál es la necesidad de jueces, que ya no se dedicarán a investigar como ahora sino a ir a audiencias públicas a dirimir los conflictos que plantean las partes. Por eso creo que la reforma judicial debe ser pensada, es urgente y es una necedad de la política mantener las cosas como están hoy en día. No quiero olvidarme del Consejo de la Magistratura, que vino trabajando con una lentitud injustificable, también atravesado por esta disputa política. Este tema hay que resolverlo de una vez por todas.

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—Un dato objetivo que se menciona siempre es que Rosario tiene los mismos cuatro juzgados penales federales hace 50 años, a pesar de que la ciudad, la sociedad y el delito cambiaron completamente.

—El problema es que ya no deberíamos seguir hablando de juzgados. El juzgado es una concepción que tiene sus orígenes en la Edad Media y fue desarrollada en el siglo XIX. Y ese es uno de los problemas, que es necesario tomar en cuenta. La reforma (que debata el Congreso) debe incluso reformar la ley que se sancionó de implementación del sistema acusatorio, para tender a modelos más modernos y flexibles, que son los Colegios de Jueces, con jueces actuando en audiencias públicas y resolviendo los planteos de las partes.

—Un sistema al estilo del que funciona en Santa Fe.

—Sumar juzgados no sirve. Responde a un sistema inquisitivo de un juez que, además de resolver, investiga. La idea de juzgado es el problema que tenemos en la Justicia Civil y Comercial en Santa Fe. Mañana se jubila o se enferma un juez o una jueza y no tenemos quién lo reemplace. Los que litigan en ese juzgado se quedan esperando que un subrogante u otro juzgado les atienda algún caso, por dar un ejemplo. Es una idea arcaica, anquilosada, vetusta, superada. Aquí hay que poner el acento. La Justicia federal no puede comenzar con una reforma que empieza totalmente atrasada.

—¿Qué puede cambiar en Santa Fe con la anunciada implementación del Código Procesal Penal Federal reformado?

—Pueden cambiar muchas cosas, por lo que dije antes. El éxito de la implementación depende de muchos factores. Los papeles no se autorrealizan solos. De modo que la actitud, la capacitación y el compromiso de los operadores son fundamentales. Y para eso hay que definir muy bien los roles y objetivos de cada una de las instituciones. Por eso un Ministerio Público Fiscal fortalecido, autónomo, con fiscales capacitados y unidades fiscales de investigación en coordinación con los fiscales de la provincia, pueden tener un impacto bastante decisivo en nuestro territorio.

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—¿Los tiempos de esa implementación son los adecuados?

—Los tiempos no son los adecuados porque hubo muchos vaivenes. El gobierno anterior decidió retroceder ante la presión de espacios judiciales de Comodoro Py y se estableció una implementación gradual, por territorios, de modo que a Capital Federal llegue dentro de muchos años.

—¿No es lo más adecuado?

—No. Hace falta una fuerte decisión política para implementarlo en todo el territorio nacional (al mismo tiempo). Si se quiere de forma progresiva, pero en todo el territorio. Con el actual esquema siempre va a haber excusas para no avanzar, porque las resistencias naturales y culturales, por lo tanto nadie quiere cambiar la forma de trabajar. Siempre va a aparecer una excusa para “no, pará, esperemos un poquito”. Este es un error político que se va a pagar caro. La responsabilidad es muy fuerte del Congreso y de la política, que tomó esta reforma y a este sector de la Justicia federal como un objeto de puja político-partidaria y eso lesiona la independencia judicial.

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—¿Qué opinión le merece la afirmación del presidente sobre sectores de la Justicia federal que “actúan en complicidad judicial con el poder económico”?

—Creo que hay sectores de la Justicia que han perdido su objetividad e independencia y en alguna medida han tenido complicidad en situaciones muy irregulares. Por caso, es inexplicable que haya un fiscal con dos o tres procesamientos controlados por Cámara y que siga trabajando de fiscal (en referencia a Carlos Stornelli). Esto pasa en la Justicia federal de Comodoro Py. Y que la política y la ciudadanía naturalicen esto es de extrema gravedad. Y no es el único caso. En este esquema las alianzas con el poder real, con los poderes económicos concentrados y mediáticos se visualizan claramente. Cada día van apareciendo nuevas evidencias, ojo evidencias… no relatos, que van dando cuenta de esta actuación de algunos sectores de la Justicia federal, que merecerían el reproche no sólo social sino también la actuación de los órganos correspondientes para que esas situaciones sean esclarecidas. No puede ser que no sólo no haya responsabilidad sino que ni siquiera se intente dar explicaciones.