“Hace una semana votamos a favor de la deuda por U$S 150 millones con la CAF para obras en la zona del complejo agroexportador del Gran Rosario. A diferencia de los mil millones de Wall Street, este crédito nos parece razonable y sostenible. Ahora bien: ¿las empresas van a aportar algo?”, se preguntó Corach en sus redes sociales.
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El legislador apuntó al criterio de equidad que, según dijo, debería guiar las decisiones del Ejecutivo provincial. “El gobierno provincial les está pidiendo contribución de mejoras a las comunas de Bella Vista y Aurelia por la pavimentación de la ruta 70. Un criterio de mínima equidad exige que el complejo agroexportador tenga similar tratamiento”, reclamó.
Corach también fue crítico con el gobierno nacional: “Ni que hablar del aporte nulo de la gestión de Javier Milei, a la que el gobernador apoya sin recibir nada a cambio en favor de Santa Fe. ¿La Provincia se endeuda en dólares para obras que benefician al complejo agroexportador y ni las empresas ni la Nación van a aportar un peso?”.
El diputado planteó que detrás de la discusión por el endeudamiento hay una cuestión más profunda: el rol del Estado en relación con el sector privado. “Nuestra postura es clara: ni Estado inexistente ni Estado bobo. Es posible. La discusión de fondo sobre este tema es cuál es el rol del Estado y su capacidad de articulación con el sector privado, especialmente en un sector de semejante importancia para la provincia y el país”.
El endeudamiento aprobado
La Legislatura santafesina dio sanción definitiva a dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo: una autoriza a tomar un crédito de 150 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para obras en el Gran Rosario; la otra, a realizar operaciones de crédito por hasta 1.000 millones de dólares para financiar infraestructura en toda la provincia.
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La Legislatura dio sanción definitiva a dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo: una autoriza a tomar un crédito de 150 millones de dólares con el CAF y la otra para realizar operaciones de crédito por hasta 1.000 millones de dólares.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
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El proyecto de los 1.000 millones fue modificado en la Cámara de Diputados, que estableció la distribución del gasto: 50% a infraestructura productiva, 25% a infraestructura social y 25% a seguridad pública. También se dispuso la creación de una comisión legislativa de seguimiento del uso de los fondos. Esas modificaciones fueron ratificadas por el Senado.