El jueves de esta semana será un día cargado en la Legislatura de Santa Fe. No solo porque sesionarán tanto la Cámara de Diputados, como la de Senadores; sino porque además está convocada una sesión de Asamblea Legislativa para tratar 79 pliegos de cargos judiciales y también una sesión conjunta de ambas Cámaras para definir el futuro de la fiscal Cristina Ferraro, investigada por su desempeño en el caso del homicidio del empresario santafesino Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020.
Los 79 pliegos para cargos judiciales se dividen de la siguiente manera:
- 36 jueces comunitarios,
- 14 fiscales titulares,
- 5 fiscales adjuntos,
- 18 jueces penales,
- 3 jueces de Familia,
- 1 juez de Menores (para Rafaela),
- 1 juez Civil y Comercial,
- 1 juez Laboral.
A estos cargos se suman dos puestos para el Enress y un integrante del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.
La selección de los nombres propuestos para ocupar cargos de jueces comunitarios viene generando fuertes discusiones entre sectores de la oposición y el Gobierno. Los cruces se produjeron a partir de que postulantes que no lograron los mejores resultados durante los exámenes escritos, terminaron encabezando las nóminas propuestas por el Poder Ejecutivo.
Según el Gobierno, todo el proceso se desarrolló dentro de los carriles legales, pero sectores de la oposición sospechan que existieron acuerdos políticos para favorecer a algunos postulantes.
Cinco meses de suspensión para Ferraro
De todos modos, el dictamen de la Comisión planteará expresamente que, si el procesamiento que pesa sobre Ferraro en la Justicia federal quedara firme –fue apelado–, la fiscal será desplazada de su cargo.
Distintas fuentes consultadas por AIRE coincidieron en que no fue fácil consensuar un dictamen conjunto entre los 12 miembros de la Comisión de Acuerdos en este caso.
Los diputados Fabián Bastía (UCR), Juan Cruz Cándido (UCR), Clara García (PS) y Lionella Cattalini (PS), junto al senador Lisandro Enrico (UCR), plantearon inicialmente una suspensión de dos meses a tres meses para la fiscal Ferraro. Por su parte, los diputados Leandro Busatto (PJ), Julián Galdeano (UCR), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) y Grabriel Real (PDP), junto al los senadores Rubén Pirola (PJ) y Alcides Calvo (PJ), propusieron que fuera suspendida durante seis meses.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador Joaquín Gramajo (PJ), planteó la posibilidad de solicitar cinco meses de suspensión, lo que terminó siendo aceptado por los 12 miembros del cuerpo.
En su defensa, la fiscal Cristina Ferraro asegura que no se percató que familiares del empresario Hugo Oldani se llevaban dinero de la escena del crimen y remarcó que ninguno de los presentes aquella noche observó lo que estaba sucediendo, ya que este hecho no aparece en ninguna de las actas de procedimiento.
A Cristina Ferraro no solo se la investiga en la Legislatura por su accionar durante las horas posteriores a la muerte de Hugo Oldani, sino que se encuentra procesada por los posibles delitos de "encubrimiento agravado por ser funcionaria pública" y "abuso de autoridad" en la Justicia federal. Este procesamiento fue apelado pero, en caso de ser confirmado, la Legislatura deberá pedir el apartamiento de la fiscal en sus funciones dentro del Ministerio Público de la Acusación.
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