Hay partidas previstas muy importantes en el proyecto de presupuesto que espera media sanción del Senado.
Cortesía Legislatura
La autorización de un préstamo por 100 millones de dólares que está trabajando la Legislatura provincial para financiar el plan de fibra óptica y conectividad en toda la provincia no es la única previsión de endeudamiento para 2021 que tiene el gobierno de Omar Perotti. Hay partidas previstas muy importantes en el proyecto de presupuesto que espera media sanción del Senado.
La partida más relevante es por u$s 154 millones o su equivalente en pesos, según si se recurre a mercado de deuda externo o local. La alternativa bimonetaria es de fórmula, pero cobra relevancia teniendo en cuenta que todavía no está resuelto el acuerdo con el FMI y está avanzado pero no cerrado el Consenso 2020 (pacto fiscal provincias-Nación) que la Casa Rosada le pide firmar a las provincias y CABA.
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La otra gran pata de financiamiento que pretende el gobierno para el año próximo para gastos corrientes. En el Presupuesto 2021 pide que se le renueve la Ley de Emergencia sancionada a fines de marzo, que entre emergencias sanitaria, de seguridad y fiscal autorizaba unos 55 mil millones de pesos. Este año el gobierno tomó –entre emisión de bonos para proveedores, préstamos bancarios y créditos del Tesoro nacional–, unos 21 mil millones, aunque parte de esos fondos los consiguió con autorizaciones que venían de normas vigentes anteriores y no exclusivamente de la Ley de emergencia.
Según cálculos de la oposición, si se renovara en bloque la ley de emergencia, el gobierno podría tomar hasta 39 mil millones de pesos para gasto corriente. En caso de que acá a fin de año el Ministerio de Economía resuelva pedir más financiamiento, habrá que descontarlo de esa cifra. Fuentes del gobierno consideraron que podrían emitir letras por unos 2 mil millones de pesos para cubrir las necesidades de caja de fin de año.
Con respecto a la renovación de la emergencia, el debate legislativo será arduo. La plataforma de acuerdos que el gobernador finalmente logró con los senadores del PJ le facilita el tratamiento en la Cámara Alta. Será distinto el trámite en Diputados, donde la oposición en principio es reticente a renovar todas las prerrogativas de la ley de emergencia.
Cabe recordar que se trata de una ley compleja, que además de las previsiones de financiamiento para gastos corrientes, concedió al Ejecutivo potestades especiales para comprar desde medicamentos a patrulleros y renegociar contratos, entre otros alcances administrativos.
Con respecto a los u$s154 millones, podrían encuadrarse como una continuidad de la colocación de bonos en mercados externos por 500 millones que se autorizaron durante el mandato de Lifschitz, pero hay cuestiones en el trámite parlamentario que difieren.
En primer lugar la redacción. En el artículo que solicita la autorización se establece que el dinero se utilizará para infraestructura, gastos de capital y “atención de casos de evidente necesidad en servicios esenciales”. Los senadores radicales entienden que en esta última frase el Ejecutivo deja abierta la posibilidad para usar parte en gastos corrientes. Apuntan que ni siquiera plantea “en caso de emergencia”, simplemente alude a servicios esenciales, con lo cual ni siquiera requeriría declarar la emergencia para hacerlo.
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En segundo lugar, a diferencia de los anteriores endeudamientos, se trata de un pedido genérico y no atado específicamente a uno o más proyectos, como fue costumbre en la última década. Esa condición la impusieron los senadores del PJ que tenían también entonces el control de la Cámara alta. De esa manera garantizaban que los gobiernos de Bonfatti y Lifschitz hicieran un reparto territorialmente equitativo de las obras. Por eso las negociaciones para esas emisiones de deuda incluían maratónicas negociaciones y frondosas planillas con detalles de cada obra y su presupuesto tentativo.
Esto es lo que ahora falta en el pedido de autorización, lo cual no quiere decir que no exista, teniendo en cuenta que difícilmente los senadores del PJ, por más que el gobernador sea del mismo partido, levanten la mano sin garantizarse antes que sus departamentos recibirán en obras parte de los fondos que ayudaron a conseguir.
El temor de los senadores radicales es que ese listado se haya negociado afuera de la Legislatura, sólo entre Ejecutivo y legisladores del PJ, dejando afuera de la negociación a sus departamentos.
Otro aspecto a tener en cuenta son las condiciones de acceso a los mercados el año próximo. Falta aún el acuerdo con el FMI para terminar de reordenar la deuda argentina. Y si bien pareciera haber buenas perspectivas, uno de puntos que preocupa al organismo internacional son los niveles de gasto público y endeudamiento de las provincias.
Para ordenar ese frente el gobierno negocia el Consenso Fiscal 2020, que reemplaza al de Macri de 2018 y que Alberto Fernández suspendió en los primeros meses de su gestión.
El Consenso 2020 lleva varias semanas de borradores que van y vuelven entre las gobernaciones y la Casa Rosada. La idea es firmarlo antes de fin de año.
Un capítulo está dedicado a los límites de endeudamiento de las provincias. Habrá que esperar la letra final, pero conceptualmente se apunta a no incrementar el stock total de deuda al 31 de diciembre, que lo que se capte sólo puede destinarse a inversión en infraestructura, con la excepción de las provincias que están en proceso de refinanciar su pasivo en dólares.
En cuanto a las fuentes de financiamiento, Nación las limitará organismos multilaterales, emisión de bonos, letras y otros instrumentos de mercado, cerrando la posibilidad de los créditos bancarios. El objetivo de esto último es que el sistema bancario nacional se dedique a prestarle a la producción y no a los Estados, que es un negocio “fácil y seguro” y por su peso termina repercutiendo en las tasas y condiciones de acceso al dinero del sector privado.
En cualquiera de esos escenarios Santa Fe no enfrenta ninguna dificultad técnica: hace años que junto con CABA lideran las mejores calificaciones de deuda del país y es una de las 4 que atravesaron la crisis económica y cambiaria 2019-2020 sin necesidad de renegociar su deuda en dólares o pesos. Es decir, sólo necesita construir los consensos políticos internos.
El capítulo más áspero del Consenso 2020 es el pone en aprietos a Ciudad de Buenos Aires, porque se le exige a las jurisdicciones renunciar a las demandas con el gobierno nacional, y Rodríguez Larreta abrió ese frente después de que el gobierno le redujera unilateralmente parte del aumento de la coparticipación que Macri le había dado para financiar el traspaso de la Policía Federal a la ciudad. Si Rodríguez Larreta no aceptara, podrá seguir adelante con ese juicio millonario, pero se quedará sin los beneficios que prevé el actual Consenso, probablemente se limite la capacidad de financiarse de la Ciudad y quizás hasta tenga que retomar la rebaja de alícuotas impositivas prevista en el acuerdo de 2018.
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