La iniciativa, impulsada por la diputada del Socialismo, Lionela Cattalini pide que el gobierno informe los motivos del otorgamiento indiscriminado a la policía de la provincia y al servicio penitenciario partidas para ejecutar por una suma cercana a los 280 millones de pesos y las justificaciones de cada uno de los actos administrativos donde se facultó la policía de la provincia o al servicio penitenciario para ejecutar parte del presupuesto de la Ley sin determinar que bienes debían ser adquiridos.
A su vez, la oposición pretende conocer los motivos y justificaciones de cada uno de los acto administrativos tendientes a la compras de bienes que no tenían relación con el objeto de la Ley.
Cuáles son las observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe emitió ocho observaciones legales sobre actos administrativos del Ministerio de Seguridad en las que objetó el uso de fondos de la ley de emergencia en seguridad y penitenciaria durante 2022. En total, las observaciones alcanzan gastos que superan los 280 millones de pesos.
Las observaciones legales hacen hincapié en que el Ministerio destinó los fondos a fines no contemplados en la ley de emergencia y cediendo partidas a áreas policiales y penitenciarias que debió ejecutar el propio Ministerio. Además, dice, no está debidamente justificada la necesidad de hacer esas compras de bienes y servicios. La excepción es la observación legal N° 10, donde la irregularidad pasa por el uso de una partida asignada a otros fines para contratar la compra y mantenimiento de equipamiento para la cárcel de Coronda.
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Hay ocho observaciones hechas por el organismo de control por el gasto de 280 millones de pesos.
Todas las resoluciones del Ministerio objetadas por el Tribunal de Cuentas están fechadas entre el 5 y el 23 de diciembre, lo que para quienes conocen la administración pública es signo de que se dio la orden de gastar como sea el crédito existente antes de que venciera la ley de emergencia el 31 de diciembre de 2022.
Las ocho observaciones legales fueron respaldadas por los vocales del Tribunal de Cuentas María del Carmen Crescimanno, Lisandro Villar, Oscar Biagioni y Sergio Beccari, con el voto disidente de Marcelo Terenzio, el vocal alineado con el gobernador Omar Perotti que fue el último en ingresar al organismo, en noviembre del año pasado.
El secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Gustavo Bode, se limitó a aclarar que las observaciones están siendo analizadas porque llegaron "a última hora". "El Tribunal objeta que las partidas especiales no están contempladas en la ley de emergencia, pero la verdad es que son una forma de solucionar de inmediato los problemas. Santa Fe es una provincia grande y hay muchos problemas que deben ser atendidos lo antes posible”, dijo este martes.
¿Por qué el Ministerio de Seguridad compró electrodomésticos, inodoros y bicicletas?
Básicamente, el Tribunal de Cuentas objetó que durante diciembre, pocos días antes de que venciera la ley de emergencia, el Ministerio de Seguridad firmó resoluciones para destinar fondos a la adquisición de bicicletas, electrodomésticos, inodoros y bidets, refacciones de consultorios de medicina legal, traslado de oficinas administrativas y adquisición de otros bienes de uso, consumo y equipamiento que no tienen relación con la emergencia en seguridad. Además, los vocales del Tribunal hicieron hincapié en que la ley de emergencia no habilita al Ministerio a delegar la ejecución del dinero en la policía y el Servicio Penitenciario bajo el régimen de excepcionalidad y que es el Poder Ejecutivo el que define las necesidades para hacer cesar la emergencia.
También hace notar en varios pasajes que no está debidamente justificada la necesidad de las compras y adquisiciones para las que se solicitan las millonarias partidas. La observación legal 9/23 fue hecha sobre una resolución del Ministerio de Seguridad del 21 de diciembre de 2022 que asigna partidas especiales por 10 millones de pesos a la Unidad Regional II (Rosario) y I (La Capital) para la adquisición de bicicletas y elementos de protección.
La 3/23 observa una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad y Economía por la cual se concede una partida especial de 27 millones al Servicio Penitenciario para adquirir bienes de consumo y bienes de uso.
La 4/23 observa una resolución del 5 de diciembre en la que el Ministerio le concede una partida especial de 50 millones de pesos a la Jefatura de Policía para adquisición de electrodomésticos (cocina, heladera, aire acondicionado, ventilador, calefón, termotanque, calefactor) y sanitarios (inodoro, bidet, etc.) a distribuir en las distintas Unidades Regionales. El Tribunal de Cuentas recalca que se trata de bienes que no están contemplados en la ley de emergencia y que, por lo tanto, al tratarse de “una actividad no prevista, invocando para ello la emergencia, se halla en un desajuste con las reales circunstancias que el legislador reguló como habilitantes para conjurar los efectos negativos de la emergencia, adoleciendo así del vicio de falsa causa".
La 5/23 observa la resolución 1074 del 15 de diciembre. El Ministerio le otorgó otra partida especial de 100 millones de pesos a dependencias de la Policía para “la adquisición de bienes” sin especificar en la resolución de qué tipo de bienes se trata ni aportar ningún detalle.
Las observaciones Legales 6/23 y 7/23 objetan las resoluciones 1.157 y 1.158 del 19 y 23 de diciembre pasados. En la primera el Ministerio le otorga 3.300.000 pesos a la Unidad Regional II para refacciones y traslado de las oficinas administrativas del área de Medicina Legal y en la segunda 2.700.000 para la refacción de los consultorios de la misma área.
La 8/23 observa la resolución 1195 del 23 de diciembre que concede 90 millones como partida especial a distintas unidades penitenciarias para la adquisición de bienes de uso. La observación legal 9/23 es sobre la resolución ministerial 1.196 del 21 de diciembre pasado que concede 10 millones (7 a Rosario y 3 a La Capital) para adquisición de bicicletas y elementos de protección. En particular resulta curiosa la compra de bicicletas para la policía y desconocido su destino y fines.
Compra de scanners para la cárcel de Coronda: un proceso irregular
Por último, la observación legal 10/23 obedece a razones diferentes de las anteriores y recae sobre una de las adquisiciones más promocionadas por el gobierno, como es la compra de scanners para el control de personas y bultos y un arco detector de metales para la cárcel de Coronda. Fue bochada por el Tribunal de Cuentas por medio de la observación legal 10/23. En este caso, la contratación por 642 mil dólares a la empresa Nuctech Company LTD sucursal Argentina “no se encuentra debidamente imputada presupuestariamente”.
Indica que ya la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía había informado que el procedimiento era incorrecto y que la imputación debía hacerse “a la categoría programática específica Programa 25 - Actividad Específica 02. En su lugar la imputación fue realizada con cargo al Programa Custodia y guarda de procesados y condenados”. En la Legislatura, a donde el lunes llegaron copias de todas las observaciones legales y este martes pasó el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, los principales bloques de la oposición interpretaban que existió una orden de ejecutar lo que no se había gastado y que sea antes del vencimiento de la ley de emergencia el 31 de diciembre. Y como el Ministerio no tenía proyectos ni posibilidades reales de gastarlo en cuestión de días, lo distribuyó hacia abajo a pesar de que la normativa no lo habilita para hacerlo y es bien taxativa en cuanto a los destinos de esos fondos, que no fue este el caso. Ocurre que se trata de cifras millonarias para gastar en cuestión de días, lo que abre el riesgo a adquisiciones simuladas, comprobantes de facturación truchos, favoritismo con proveedores. En casi todas las observaciones legales, el Tribunal de Cuentas reitera que las áreas policiales y penitenciarias no tienen facultades delegadas, por lo tanto no pueden disponer de los procesos excepcionales y abreviados de la ley de emergencia, sino que en su caso deben actuar con los procedimientos ordinarios establecidos en la ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado.
Observación legal sobre una partida de 50 millones de pesos para que la Policía compre electrodomésticos y sanitarios para las distintas Unidades Regionales
