En un contexto de ajuste inducido por el FMI, con exportadores reticentes a liquidar a menos que haya dólares preferenciales o devaluación (que el Fondo rechaza porque la asfixia para la derrota es la idea), una sequía histórica y caída en la actividad económica con impacto en la recaudación tributaria, se puso de moda auditar para abajo y, por lo tanto, ajustar hacia abajo.
En esa dinámica y en línea con lo que reclama el FMI, todos los candidatos de la ultraderecha y (curiosa y forzadamente) del Frente de Todos se pusieron a contar planes y pobres, a hacer números para optimizar recursos en un país con 21.943.528 argentines entre pobres e indigentes. Despilfarrar recursos en una economía mediana y con recursos finitos, sujetos a extorsiones de grupos de poder y donde además están mal distribuidos, es claramente inaceptable. Pero justamente por esto último, ¿había que sobreactuar austeridad mirando hacia abajo, auditando un gasto que representa el 0,5% del PBI en vez de alinearse con la promesa de campaña de ponerse serios con los bancos y achicar intereses de pases pasivos y Leliqs, que alcanzaron al 4,1% del PBI ($3,39 billones)?
Evidentemente sí, lo que desató el aplauso de una tribuna repleta que jamás votará peronismos e impuso un puñado de slogans sin soporte estadístico, pero de indudable eficacia y racismo social: “Son pobres porque no les gusta trabajar”, “se la gastan en el juego y la droga” o “son caros y viven de planes y subsidios estatales”.
Por estos días, el 28,7% de los que trabajan son pobres, hay estudios cualitativos del CONICET y el CIPPEC (think proveedor de cuadros para Juntos x el Cambio) sobre cómo gastan la AUH los que compran fideos secos en vez de dólares y el último informe de la consultora heterodoxa ExQuanti nos cuenta cuánto de lo que gasta un pobre o un indigente por mes, lo aporta el Estado. Esa progresión trimestral, no semestral como la que informa el INDEC, se ve en el siguiente cuadro.
Como puede observarse, ninguno de los que sobrevive por debajo de la línea de pobreza se basta con aportes y subsidios estatales. Durante el macrismo puro y duro que contó con el concurso inicial de movimientos sociales y del peronismo razonable el promedio estuvo entre el 8 y 9%.
En plena pandemia, el mejor momento del FDT, el Estado salió al rescate de parte de los salarios registrados y los colectivos más vulnerables a través de diferentes instrumentos y esa participación tuvo una incidencia del 17,9% promedio, casi un cuarto del ingreso en el tercer trimestre.
Luego la recuperación económica que traccionó al empleo bajó esa incidencia hasta casi empatarla con los años macristas. Pero con esta serie: crecimiento de la actividad económica y del empleo, con inflación promedio del 6% mensual para los últimos doce meses y aumento de la pobreza e indigencia.
El mismo cálculo sobre el colectivo de los indigentes, los que ganan menos de $65.000 y, por lo tanto, no acopian ni divisas ni latas de arvejas, se ve en el siguiente cuadro.
Clientes del Potenciar, completamente informalizados y precarizados, replican la secuencia estadística de los pobres pero con aportes del Estado que superan el 20% de sus ingresos totales, con un pico durante el peor momento de la pandemia de casi el 40% de lo que disponen para gastar (y se gastan todo, sin especular ni correr contra el peso). Dato saliente: el FDT subsidia la indigencia apenas por debajo de Cambiemos, no hay planerismo exponencial ni derroche, sino la voluntad de sostener subsidios imprescindibles después de las cuatro calamidades que signaron la transición de Alberto Fernández (el tema es la transición hacia qué): el macrismo, el Covid 19, la Guerra ruso-ucraniana y la peor sequía en 60 años.
La mayoría de las estadísticas económicas y sociales complican la estrategia oficialista de diferenciarse de la peor gestión desde la primer Alianza, pero Tolosa Paz y Larreta no son la misma cosa; Tolosa cree que puede convertirlos en empleos decentes, aunque la Ministra de Trabajo reconozca que ese “puente” fracasó.
Larreta y Bullrich (que son Macri) y sobre todo el motosierrista Milei, prometen bajar hasta eliminar planes. De hecho Horacio -como le dice el presidente- acaba de dar de baja 1.445 planes sociales al detectar, auditoría justiciera mediante, que sus padres no enviaban sus hijes a la escuela. “Sin educación no hay plan” fue el slogan acuñado por los equipos del ex gerente de la ANSES menemista y que el progresismo mediático insiste en nominar como “progresista neoliberal”.
Vender presente y futuro, para no volver al pasado
“Necesitamos un shock de propuestas”, confía un asesor directo de Alberto Fernández. Lo que hace falta en realidad es un shock redistributivo que, con paritarias trimestrales sin techo inertizadas por el acuerdo inflacionario con el FMI, no sucede ni sucederá. Pese a lo dinámico de la realidad, las encuestas -y varios llamados desde el establishment- bajaron la candidatura de Macri y poco antes o después de mayo, será el turno del presidente. No es un piletazo ni un deseo de quien suscribe, es un dato. Pero los enojos y la frustración indisimulable de Alberto pueden volver a complicarlo todo; mientras como presidente del PJ no acierta a definir lo primero y esencial, una estrategia electoral nacional o cuanto menos la convocar a la segunda mesa no política del FDT.
El decretazo para posibilitar la jubilación de más de 800.000 argentines muestra el único camino posible para producir los cambios que posicionarían mejor al panperonismo de cara a las primarias. La estrategia de instalar una “agenda blanda” en el Congreso seguirá fracasando y victimizarse señalando a los que no quieren jugar a la democracia, también.
2023 será el año en que viviremos, tanto a nivel nacional como provincial, en peligro por la vuelta de un neoliberalismo que dice “haber aprendido la lección”, lo que básicamente significa que hará mucho más de lo mismo y en los primeros 100 días, para consumar un viejo sueño húmedo de la derecha argentina: transformar el país en un protectorado norteamericano y desactivar al último núcleo inasimilable del peronismo: el kirchnerismo.
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