La inseguridad y la violencia irrumpieron en el último tramo con un foco que hasta ahora estaba copado por el problema endémico del crimen organizado en Rosario. Ahora es el conurbano el que emergió como el escenario donde todos los males conviven. Es la región electoral más caudalosa del país, que acapara el 40% del electoral del país y en la provincia de Buenos Aires se juega, además, otra partida, como es la gobernabilidad de la Argentina.
A lo largo de esta campaña electoral de cara a la PASO de este domingo, las plataformas electorales sobre seguridad tuvieron como eje el fenómeno de la violencia en Rosario, donde converge una amenaza más latente, como es el poder y el crecimiento del crimen organizado, asociado al narcotráfico. Pero se expusieron pocas medidas concretas. La adjetivación y las demostraciones de mayor dureza tuvieron mayor incidencia en los discursos que las medidas puntuales.
Esa temática tuvo mayor atención en los candidatos de Juntos por el Cambio. El peronismo a nivel nacional dejó de lado este problema que aparece en las encuestas entre las preocupaciones más acuciantes de los argentinos. Como señaló Juan Tokatlian, los sectores políticos de izquierda y progresistas en América latina dejaron a los partidos de derecha la hegemonía del discurso sobre seguridad.
Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio, eligió esta ciudad para presentar una especie de decálogo de medidas sobre seguridad más urgentes. En su disputa con Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno porteño se metió en un terreno donde su competidora se mueve con comodidad por haber pasado por el Ministerio de Seguridad y haber creado una imagen de dureza y de luchadora contra las mafias, algo que en los datos duros no se corresponde con ese éxito autoadjudicado.
"Medidas concretas, ir al cómo. Venir a gritar 'vamos a meter a todos presos' o 'vamos a mejorar la seguridad', lo dice cualquiera", sostuvo el 20 de julio pasado en el parque de las Colectividades de Rosario, junto a Maximiliano Pullaro.
Rodríguez Larreta hizo una lista de propuestas que implementaría en su eventual gobierno para combatir la inseguridad y la delincuencia a nivel nacional. Las medidas parecían responder los planteos de su contrincante en la interna, más que medidas para aportar profundidad sobre un fenómeno que, por lo menos en Rosario, lleva una década de crecimiento estable, como es la violencia que supura de la mafia y del narcotráfico.
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Bullrich propone que el Ejército intervenga en la lucha contra el narcotráfico. Dijo que pretendía que las fuerzas armadas crearan un anillo en torno a Rosario donde dentro actuarían las fuerzas federales. Larreta, en cambio, consideró que el Ejército debe blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas.
“Con el Ejército en las fronteras, 10.000 nuevos gendarmes y efectivos de la policía federal van a poner el cuerpo en las zonas más críticas del país: 3.000 van a ir a Rosario, 6.000 van a ir al conurbano bonaerense y otros 1.000 a Córdoba”, apuntó.
Larreta propuso además “crear el Grupo de Elite Antinarcotráfico con los mejores agentes de todas las fuerzas. Tendrá el prestigio del FBI y contará con tecnología de punta para enfrentar delitos complejos”. Y sumar a esto una ley de extinción de dominio para incautar los bienes de los criminales mientras se resuelve la condena. “No van a poder usar su plata robada para comprar sicarios, ni usar sus autos y camiones para trasladar la droga, ni sus casas como bunkers”, consideró. En el equipo de Larreta aparece como principal candidato a ocupar la cartera de Seguridad el actual secretario de esa área en CABA como es Eugenio Burzaco, que fue viceministro con Bullrich, con quien no tenía una buena relación.
La otra pata importante es la “construcción de módulos de máxima seguridad en las cárceles con inhibidores de señal para incomunicar a los líderes de las organizaciones criminales”.
Los equipos de Bullrich trabajan el problema del narcotráfico desde hace tiempo en Rosario, donde mantienen reuniones y acopian información judicial para confeccionar un diagnóstico acertado. En 2016, cuando Miguel Lifschitz era gobernador y Pullaro ministro de Seguridad, Bullrich propuso al entonces presidente Mauricio Macri la “intervención” de la policía de Santa Fe. Ahora esa medida drástica no está en análisis si la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe gana las elecciones del 13 de setiembre.
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Alberto Förhig, un académico de la universidad de San Andrés, quien ya estuvo con Bullrich en su paso por la cartera de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, es uno de los candidatos a ocupar la jefatura de las fuerzas de seguridad. Förhig había confeccionado un plan de reestructuración de las fuerzas federales con una orientación nueva en cuanto a la capacitación para los problemas que se enfrentan en los principales centros urbanos.
Bullrich se recostará, como ya lo hizo en su gestión hasta 2019, en las fuerzas federales, donde tiene una muy buena llegada. La candidata trabaja en “un programa especial para que las fuerzas federales desembarquen el mismo 10 de diciembre en la ciudad, para poder retomar el control territorial, y que la ley que rija sea la constitución y no la narco”, señalaron desde su entorno.
Sergio Massa se trató de desmarcar del tema de la seguridad como uno de sus puntales en la campaña. El ministro de Economía en su paso por Santa Fe la semana pasada habló de su experiencia en el municipio de Tigre, que fue uno de los primeros en dotar de tecnología el control de la seguridad. Repitió que hará eso en las principales ciudades del país si llega a la presidencia.
También apuntó a un tema sensible como es la ruta del dinero del narcotráfico. Esa fue una medida concreta que logró establecer el gobierno nacional en este último tiempo, que fue la creación de una sede de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario, donde comenzaron a moverse algunas investigaciones. Este año recién se realiza el primer juicio por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que tiene a Delfín Zacarías como acusado. Hay un déficit importante en esta materia.
La cara de la seguridad del entorno de Cristina Fernández y del peronismo bonaerense era Sergio Berni, que quedó devaluado en el escenario político después de una gestión deslucida en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, enemistado con Berni, es un dirigente que parece alejado de la gestión. El peronismo no tuvo una renovación de cuadros en materia de seguridad y dejó que la oposición se moviera con soltura en un tema que es una de las principales preocupaciones en las encuestas.
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