Una de las preguntas que supura en la provincia de Santa Fe tras el resultado electoral es si la seguridad tuvo una influencia determinante en el resultado electoral, como marcaban en la previa las encuestas que situaban a ese problema en la cima de las preocupaciones de los santafesinos, con mayor impacto en Rosario.
A contramano de las encuestas, el problema de la inseguridad tuvo poca influencia en el resultado electoral.
GentilezaLa respuesta es que en la votación nacional el flagelo de la violencia, el narcotráfico y el crecimiento de los robos no influyó como los analistas pronosticaban. La dedicación que puso Patricia Bullrich en colocar a Rosario como una especie de plataforma de lucha contra el narcotráfico no generó ahora el respaldo que esperaba, a diferencia del año pasado, como advertían las encuestas, cuando sí convencía y parecía imbatible. La exministra de Seguridad de la Nación quedó en tercer lugar, detrás de Sergio Massa y Javier Milei en la provincia.
La relevancia que le dio Bullrich al problema del narcotráfico resultó por momentos exagerada, a pesar de la gravedad del problema. Decir que iba a utilizar las fuerzas armadas para combatir el tráfico de drogas no generó lo que dictaban los focus group, estudios electorales más profundos, como advertían dirigentes de su más estrecho entorno. Esas frases desmedidas las puso en práctica luego Carolina Losada, orientada con el mismo perfil que Bullrich y le fue pésimo en las Paso frente a Maximiliano Pullaro.
La apuesta de Juntos por el Cambio no funcionó en Rosario, aunque tampoco en el resto de la provincia. Lo que le había funcionado antes a Bullrich luego se disipó frente a problemas que empezaron a tener más pesar en lo cotidiano, como lo económico.
El ganador de los comicios en Santa Fe, Javier Milei, pisó un par de veces una provincia que desconoce. Su perfil financiero alejado de la economía real, la del campo y la industria, resta de desinterés lo que sucede en el interior del país. Milei delegó la seguridad en su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, una abogada que su labor más visible a nivel profesional fue respaldar los reclamos de los represores presos de la última dictadura.
Villarruel se refirió en varias oportunidades al problema del narcotráfico en Rosario. Para desmarcarse de Bullrich, la letrada planteó que no era correcto usar las fuerzas armadas. Lo decía como vocera de los sectores del Ejército. Los altos mandos de esa fuerza rechazan involucrarse en ese tipo de acción en la seguridad interna.
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Villarruel convocó a gente del Ejército para elaborar un posible plan de seguridad. Su mano derecha en esa materia es Jorge Vives, un exjefe de inteligencia del Ejército que se retiró en tiempos del kirchnerismo y la llegada de César Milani.
Govea había trabajado cerca de Elisa Carrió, que fue quien peleó para que el exmilitar fuera designado en la Aduana de San Lorenzo durante el gobierno de Macri. Ese lugar estratégico tenía un porqué. Carrió quería investigar las operaciones de Vicentin. La sospecha era que antes de la caída de la cerealera, la agroexportadora de Avellaneda protagonizaba millonarios contrabandos de aceite de soja. Nunca Carrió pudo avanzar porque la causa en la justicia federal de Rosario jamás se movió.
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Hace poco menos de un mes Massa prometió que reforzarían con más gendarmes la seguridad de Rosario. El anuncio no generó ningún tipo de repercusión, cuando meses antes, como cuando fue el ataque al súper del suegro de Lionel Messi y el crimen de Máximo Gerez en el barrio Los Pumitas, el tema del envío de gendarmes estaba en el centro la escena. Massa anunció en la campaña la instalación de una sede de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Aunque el delito económico es una de las matrices por la cual circula la renta del crimen organizado nada generó repercusión. Rosario parece adormecida por el problema. O resignada. El descreimiento de que puede haber una solución atraviesa a todos los frentes políticos, una posición compleja porque despoja de presiones a las capas de la clase política.
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