Los gastos corrientes, que incluyen los salarios del personal policial, insumirán casi el 90% del presupuesto del Ministerio de Seguridad.
El irresistible ascenso de la inseguridad en Santa Fe durante los últimos largos años tiene su correlato en la creciente participación del Ministerio de Seguridad en el presupuesto provincial, según se refleja en las previsiones oficiales de inversión pública de los diferentes gobiernos.
Es importante, antes de pasar a los datos, hacer una aclaración. Al haberse presentado recientemente el proyecto de presupuesto 2023, lo que se comparará aquí serán los números incluidos en iniciativas similares desde la creación de la cartera de Seguridad. Es decir, las cifras expresan la voluntad de las diferentes administraciones, que no necesariamente equivalen a la ejecución presupuestaria. En criollo: es la plata que se pensaba gastar, no la que efectivamente se gastó.
El primer registro que Aire Digital constató en las planillas oficiales fue el de 2008, primer año de existencia del ministerio. Y este es un elemento inicial como para destacar: la decisión de Hermes Binner de crear esta cartera es sintomática del aumento de la violencia, sobre todo en las grandes urbes de la provincia. Claro que, al asumir el gobierno a fines de 2007, todavía no estaba contemplada la nueva estructura gubernamental. Aún así, sirve como parámetro el presupuesto de Gobierno, Justicia y Culto, que tenía en su interior a la entonces secretaría de Seguridad.
El detalle de la participación del área de seguridad en el presupuesto total de la provincia es el siguiente:
Como se podrá observar, hay una tendencia consistente hacia arriba en el peso de seguridad sobre el total de la inversión pública santafesina desde 2008 hasta 2016, cuando se llega al pico de más de 10 pesos de cada 100.
El descenso posterior tiene su explicación. El gobierno de Miguel Lifschitz se caracterizó por una fuerte apuesta a la obra pública, muy por encima de sus antecesores socialistas, apalancada parcialmente por la aprobación legislativa en 2016 de un endeudamiento por 500 millones de dólares. La caída en la participación de seguridad es producto, entonces, de un crecimiento importante de otras áreas del Estado.
Una situación similar se produjo en 2021 y 2022, con los presupuestos de la pandemia. El incremento de la porción del Ministerio de Salud deja a Seguridad en el tercer puesto de la tabla de posiciones presupuestarias por primera vez varios años, con Educación siempre liderando. El antecedente más cercano de esta conformación del podio se verifica en 2011 y 2013, consecuencia en parte de la firma del convenio entre Provincia y Rosario para el financiamiento de la salud pública municipal, que implicó un punto más de la inversión pública total en favor de la cartera sanitaria.
Otra comparación muy gráfica para visualizar el aumento de peso del área que contiene a la policía es la relación con la ya mencionada cartera educativa. En el primer año que figura el Ministerio de Seguridad como tal, 2009, su presupuesto era poco más de un cuarto de Educación; en el proyecto oficial para 2023 ya es la mitad.
El presupuesto 2023 enviado por el gobierno de Omar Perotti a la Legislatura prevé una inversión global en el Ministerio de Seguridad de $168.037.010.000, lo cual representa casi un 9% del total, calculado en $1.874.878.624.000. Eso supone que el área retoma el curso de participación ascendente en la torta del gasto provincial.
El 89,29% de ese total está destinado a gastos corrientes. En ese ítem está inscripto el pago de salarios del personal policial y es lo que explica, en buena medida, el tamaño de este ministerio, al igual que lo que ocurre con Educación y Salud. El poco más del 10% restante está destinado a gastos de capital, básicamente compra y reparación de armas, municiones, móviles e inversiones similares.
En el desagregado presupuestario por programas también es revelador del funcionamiento del área. Naturalmente, la gran mayoría del gasto, el 77%, se vuelca a “Seguridad de personas y bienes”, o sea el sentido básico de la existencia de la policía. Un 16,53% se destina a “Custodia y guarda de procesados y condenados”: Servicio Penitenciario y comisarías con presos.
Aparece, finalmente, un ítem novedoso: “Acciones Fallo Corte Suprema de Justicia”. Se trata de una parte del dinero correspondiente al pago de la deuda de la Nación con la provincia por los descuentos irregulares sobre la coparticipación federal que se utilizará para seguridad. Son 2 mil millones de pesos para el año 2023.
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