La letra chica del acuerdo entre Nación y Provincia para el pago de la deuda, revelado este jueves por AIRE, habilita el intento por traspasar los tecnicismos propios de esta materia a la comprensión llana de un episodio político y económico de singular relevancia.
En primer lugar, es necesario señalar, como ya anunciaron el gobernador Omar Perotti y el ministro Walter Agosto, que el acuerdo establece un monto actualizado de la deuda en $160.958,94 millones, cifra a la que se le debe descontar $9.085,76 millones por la restitución de bonos originados en el Consenso Fiscal 2017. En consecuencia, la cifra a pagar por el Estado Nacional es de $151.873,18 millones.
En ese contexto, hay cuatro puntos que es conveniente comprender:
1- El convenio de cumplimiento de la sentencia de la Corte impone que la Nación emitirá 8 títulos públicos: 3 letras del tesoro y 5 bonos. Tienen un valor nominal que se ajusta por CER y una tasa de interés que no supera el 3% anual. Dicho en criollo: es plata de hoy que se actualiza por inflación y sobre esa cifra se suma un porcentaje extra.
2- Esos títulos tienen fechas de cobro: agosto y diciembre en 2022, abril y agosto en 2023, julio en 2024, noviembre en 2026, noviembre en 2028 y noviembre en 2031. Esos bonos y letras tienen un valor de mercado, que hoy es pequeño por las conocidas turbulencias económicas de la Argentina. El argumento del gobierno de Omar Perotti es que, gracias a la solidez de las cuentas públicas, no es necesario vender los papeles. Traducido: el Estado santafesino esperará los vencimientos y recibirá todo el dinero previsto sin pérdida alguna.
3- Lo explicado en el punto 2 no impide a la Provincia (y a los municipios y comunas que recibirán su parte proporcional por ser fondos coparticipables) eventualmente comercializar esos papeles, con los valores bursátiles del momento. Eso es así en todos los casos, salvo el que vence en 2031, el TXT31, que aún no cuenta con mercado. Pero lo tendrá: “Serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país”, señala el Anexo I del acuerdo. En castellano: si el gobernador, intendente o presidente comunal actuales o los que vengan resuelven vender esos títulos aún atendiendo el deterioro en el precio, lo podrán hacer.
4- El bono generado en el Consenso Fiscal 2017 fue sustancialmente distinto a los actuales. Algo evidente: no se ajustaba por inflación. Claro que su origen no fue el cumplimiento de una deuda sino un pacto entre Nación y todas las provincias, salvo San Luis. Se acordó en esa oportunidad la emisión de un título a cambio del desistimiento de juicios por coparticipación. Como Santa Fe ya contaba con sentencia firme, ese papel operó como adelanto. Eso es lo que explica, en lenguaje corriente, que hoy se cobren casi $10 mil millones menos.
El convenio completo entre Santa Fe
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