Jorge Baclini, actual titular del MPA, tiene mandato hasta abril de 2023.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El gobierno provincial dio inicio al proceso de renovación de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de la Defensa Penal (SPPDP) con la selección de los cuerpos evaluadores (jurados) que examinarán los planes de trabajo que presenten quienes se postulen para ocupar los cargos de fiscal y defensor general y las cincos fiscalías y defensorías regionales.
El decreto formal de convocatoria a inscripción para los concursos sería publicado el lunes próximo, pero el Ejecutivo provincial ya avanzó con una serie de pasos preliminares que no estuvieron exentos de polémica.
El primero de esos pasos fue el decreto 1.538, con fecha del viernes pasado, que modifica el artículo 5 del decreto 854 de 2016. Es un cambio en la composición, características y funciones de los cuerpos evaluadores. El decreto se oficializó en el Boletín Oficial el lunes y el martes a las 7 de la mañana ya fueron sorteados los jurados. Todo en base a los cambios fijados en el decreto del último viernes.
Esa estrechez de tiempos despertó suspicacias en la oposición, pero funcionarios de alto rango de la Casa Gris indicaron que se debió a un retraso en la firma del decreto 1.538 (que lleva las rúbricas del gobernador Omar Perotti y de la ministra de Gobierno Celia Arena). Explicaron que la idea de la Secretaría de Justicia, que comanda Gabriel Somaglia, “siempre fue ampliar el número de integrantes de los cuerpos evaluadores, así como la participación de otros ámbitos para sumar mayor transparencia en el proceso”.
Hasta el miércoles por la noche, en la página oficial de la provincia, no estaban publicados los nombres de los jurados sorteados. AIRE pudo confirmar que para los cargos del MPA estarán los camaristas de Casación Penal Federal Alejandro Slokar y Ana María Figueroa y el procurador general de Córdoba. Y en el del SPPDP participará el camarista penal Gustavo Salvador, que a su vez es presidente del Colegio de Magistrados de Rosario.
El fiscal general Jorge Baclini y la defensora general Jaquelina Balangione terminan sus períodos de cinco años en abril de 2023. Lo mismo ocurre con las autoridades regionales, aunque hay casos que están funcionando con interinatos, como ocurre en la Fiscalía Regional de Rosario con María Laura Iribarren y en la de Venado Tuerto con Matías Merlo.
La renovación de las autoridades superiores del MPA es un procedimiento institucional de alto voltaje político. Deberá resolverse en una Legislatura donde el oficialismo no tiene suficientes votos para respaldar los pliegos que envíe el gobernador, por lo tanto requerirá acuerdos con la oposición. O con algún sector de la oposición.
La seguidilla de actos formales entre el viernes y el martes ya generó un primer cortocircuito. La diputada socialista Lionella Cattalini dijo que “el decreto se firmó el viernes, se convocó el lunes para un sorteo que debe ser público y no se enteró nadie. Y al día de hoy todavía nadie sabe quiénes son los jurados. Así empezamos los concursos de esta magnitud”.
Más crítico fue el jefe de la bancada de la UCR-Evolución, Maximiliano Pullaro: “Es un hecho de mucha gravedad institucional, porque entre gallos y medianoche se cambia un decreto, se publica que se va a hacer un sorteo de los jurados un día a la tarde (por el lunes) y al otro día (por el martes) a primera hora de la mañana, sin trabajadores del Estado porque había paro de UPCN, se hace el sorteo, sin que nadie pueda prestar atención si ese sorteo se hizo con las garantías que debemos tener para algo tan importante”. Para el diputado “arranca mal esto, parecería una maniobra fraudulenta e ilegítima, se debería investigar qué es lo que paso, que en principio parece un proceso bastante amañado”.
Desde el bloque Juntos por el Cambio, otro radical, Julián Galdeano, relativizó los cambios en lo referido a los cuerpos evaluadores: “Nosotros vamos a poner más énfasis en lo que se exige del proyecto que deberán ofrecer quienes se postulen para fiscal general y fiscales regionales que en las características personales de los jurados, que serán personalidades con las que uno puede estar más o menos de acuerdo, porque tienen una trayectoria y conocimiento del derecho y una experticia en la materia”.
Insistió: “Pero en lo que más vamos a enfatizar es respecto de lo que se jerarquiza y prioriza a la hora de definir los perfiles del fiscal general y los regionales para un MPA que atraviesa una situación… cuanto menos compleja, por algún nivel de fragmentación y de falta de conducción en una etapa a esta parte”.
El decreto 1.538 produjo una serie de cambios en los cuerpos evaluadores relativo a los procesos de selección que lleva adelante el Consejo de la Magistratura para aspirantes, no sólo a cargos del MPA y la Defensa Penal, sino también de jueces de primera y segunda instancia. Por eso el decreto circuló fuerte por todos los fueros del Poder Judicial, porque influye en todos los concursos para ocupar vacantes del Poder Judicial.
Las principales modificaciones son las siguientes:
* La cantidad de integrantes que antes era de un mínimo de tres integrantes, ahora establece un máximo de cinco.
* Antes se fijaba un cuerpo evaluador por cada concurso de cargo. Ahora se agregó la opción de “un mismo Cuerpo Evaluador para autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación y un mismo Cuerpo Evaluador de autoridades Superiores del Servicio Público Provincial para la Defensa Penal”.
* Hasta ahora la composición de cada cuerpo evaluador era un integrante del sector académico, uno de los colegios de magistrados y funcionarios de la provincia y uno de los colegios de abogados de la provincia. Tenían que tener 10 años de antigüedad en el cargo. El nuevo decreto dice que “podrá integrarse con representación de diversos estamentos de la siguiente manera: a) académico de reconocida trayectoria, con cargo de profesor titular o titular asociado, o adjunto, de universidad pública nacional; b) integrante del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial provincial c) otros funcionarios de los Poderes Judiciales provinciales; d) funcionarios del Poder Judicial federal, sea Juez, Fiscal o Defensores e) representante de los Colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe, de reconocida trayectoria en el ejercicio profesional con matriculación en algún Colegio de la Provincia; f) Juristas nacionales y/o internacionales de reconocida capacidad técnica y/o experiencia”. Elimina los mínimos de antigüedad.
El concurso para renovar las autoridades superiores del MPA y el Servicio de Defensa Penal lo organiza el Consejo de la Magistratura; con los resultados eleva una terna al Poder Ejecutivo y éste selecciona un nombre para cada cargo y pide el acuerdo a la Legislatura.
Para seleccionar a las autoridades superiores del MPA y el Servicio Público de la Defensa Penal el concurso no es de oposición y antecedentes como es con los fiscales y defensores de grado, sino que los postulantes presentan un plan de trabajo para la regional o el territorio provincial que debe merituar ante el cuerpo evaluador. Por eso es relevante el decreto de convocatoria al concurso que se conocerá la semana próxima, donde el Poder Ejecutivo debe fijar los parámetros del perfil de autoridades de MPA y SPDFP que se pretenden.
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