El Gobierno encabezado por Javier Milei ha oficializado medidas que afectan significativamente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). A través de la Resolución 16/2024, publicada en el Boletín Oficial, se decretó la suspensión de los apoyos económicos destinados a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires que iban dirigidos al organismo.
Bajaron todos los contratos que se vencen el 31 de marzo, podaron horas extras y viajes del personal del INCAA.
El Gobierno oficializó desfinanciamiento y despidos en el INCAA
La decisión implica una interrupción en la realización de erogaciones económicas vinculadas a apoyos y aportes institucionales, lo que ha generado una profunda preocupación en la industria cinematográfica argentina. Además, se suspende la asignación de apoyo económico a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impactando directamente en el desarrollo y financiamiento de proyectos audiovisuales en todo el país.
La resolución también aborda la situación laboral en el INCAA, anunciando el despido de alrededor de un centenar de trabajadores monotributistas cuyos contratos finalizaban el 31 de marzo de 2024. Estos contratos no serán renovados, y se prohíbe la realización de nuevas contrataciones bajo la misma modalidad.
Adicionalmente, se suspenden los desplazamientos del personal, así como de invitados, tanto dentro como fuera del territorio argentino, en el cumplimiento de misiones y comisiones oficiales. La medida afecta la movilidad y presencia del personal del INCAA en eventos nacionales e internacionales, limitando su participación en actividades clave para la promoción y desarrollo del cine argentino.
En un paso adicional, el Gobierno decidió poner fin a todos los contratos con compañías de telefonía celular a partir del 1° de marzo de 2024. Estas acciones conjuntas representan un impacto directo en la estructura y funcionamiento del INCAA, generando incertidumbre en la comunidad cinematográfica y cultural del país.
En el organismo además analizan implementar retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de concursos y reestructuración de algunos sectores, como está sucediendo en otras dependencias públicas.
