Rechazo al veto y el escándalo de los audios
La sesión, que promete ser tensa, estará marcada por el escándalo que involucra al gobierno tras la difusión de supuestos audios comprometedores del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y su vinculación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Esta situación ha provocado un fuerte cruce dentro del oficialismo y la oposición, con cinco cuestiones de privilegio centradas en las presuntas coimas y la cautelar del juez Alejandro Maraniello, que impide la difusión de los audios.
milei council
La oposición en el Senado tendrá este jueves otra sesión para marcarle la cancha al presidente Javier Milei.
En los últimos días, circuló la idea de impulsar una interpelación a Karina Milei, una cruzada encabezada por el interbloque peronista liderado por José Mayans. Sin embargo, debido a la falta de dictamen de comisión, la propuesta debería ser habilitada por dos tercios en el recinto, lo que requeriría el apoyo de otros bloques. Aunque la posibilidad es remota, no se descarta que la situación se reabra durante la sesión.
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El Congreso, a 22 años del último rechazo de un veto
El rechazo al veto presidencial al proyecto que declara la emergencia en Discapacidad tiene una carga histórica, ya que hace 22 años que el Congreso no insiste en una ley vetada por el Ejecutivo, la última vez ocurrió en abril de 2003.
Esta situación resalta la tensión política en torno a la administración de Javier Milei, que podría enfrentar una dura derrota en el Senado.
En paralelo, el Senado debatirá el proyecto que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU), un tema que ha generado consenso en diferentes bloques, incluyendo el kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales. Este proyecto busca limitar el uso de los DNU por parte del Ejecutivo, una herramienta que el presidente Milei ha utilizado con frecuencia en estos primeros meses de su gobierno.
El dictamen, que fue consensuado en la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por Alejandra Vigo, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras aprueben un DNU o este se considere derogado. Además, se establece que el rechazo de uno de los cuerpos legislativos deja sin efecto el DNU, entre otros puntos.
