Alberto Fernández aseguró que el mayor problema de adicciones en los jóvenes argentinos está relacionado con el consumo de alcohol y no con el cannabis.
En el marco del II Encuentro Federal de Derecho, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a una de las discusiones sociales pendientes en Argentina, relacionada con las libertades individuales: el uso social o recreativo de la marihuana.
Mientras el aspecto medicinal e industrial del cannabis se sigue desarrollando -e incluso sigue sumando normativas regulatorias- el uso social, recreativo o lúdico todavía sigue estando desamparado legalmente y sus usuarios siguen siendo perseguidos.
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Durante el II Encuentro Federal de Derecho, el mandatario nacional sostuvo que “el derecho siempre va corriendo detrás de la cultura”, e hizo referencia a las conquistas logradas por el movimiento feminista. “La movilización del feminismo, donde las mujeres reclamaban el derecho a que la interrupción voluntaria del embarazo no sea un crimen, fue llevando a que el Estado haga una ley que diga eso”, dijo Fernández.
“Ahora se abre otro debate y que es sobre el uso de la marihuana con fines recreativos”, adelantó el presidente y advirtió que “es un debate muy confuso porque hay mucha hipocresía”.
El mandatario reconoció la supuesta toxicidad del cannabis, pero alertó que es la misma toxicidad que tiene el tabaco y alcohol. “Que la marihuana es tóxica no está puesto en tela de juicio, pero también el tabaco y el alcohol son tóxicos, sin embargo hay una industria montada detrás donde lo tóxico pasa a un segundo plano”.
Al mismo tiempo, Alberto Fernández aseguró que el mayor problema de adicciones en los jóvenes argentinos está relacionado con el consumo de alcohol.
“Nuestros jóvenes se dañan antes que nada por alcohol, pero hay una industria detrás que hace difícil cuestionar porque hay una admisión social sobre el alcohol y su consumo. Esa aceptación social no existe sobre las drogas”, precisó y resaltó que “es un debate que en algún momento se tendrá que dar”.
En diálogo con Aire Digital, el abogado e integrante de organización Reset Políticas de Drogas y Derechos Humanos, Marcos Torti sostuvo que el uso social de la marihuana “es un debate pendiente, mucho más en el Congreso que en la sociedad”.
Torti recordó que en 2009 la Corte emitió el fallo llamado Arriola que exhorta a los demás poderes del Estado a implementar políticas públicas para dejar de perseguir penalmente a usuarios de drogas.
“Con aciertos y errores hay que continuar con el camino de la regulación integral del cannabis”, dijo y precisó que su crítica sobre las legislaciones “es que no se abarca la legalización de cannabis como sustancia y la despenalización del delito de tenencia para el consumo personal. Hay que dejar de gastar millones de pesos en perseguir a usuarios y usuarias”.
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El integrante de Reset hizo referencia a un informe realizado durante el 2020 por Procunar -Procuraduría de Narcocriminalidad- del Ministerio Público Fiscal donde revela que durante el primer semestre la apertura de causas por drogas descendió un 70%. “Eso demuestra claramente que la mayoría de las causas por drogas se inician a personas por l hecho de tener estupefacientes para consumo personal”, dijo Torti.
El abogado opinó que los recursos que el Estado destina en la persecución penal de usuarios deberían direccionarse para robustecer el sistema de salud para el abordaje de los consumos problemáticos.
“Hay mucho prejuicio en la sociedad”, dijo y aseguró que “no se entiende la situación de las personas que usan drogas”.
Nadia Podsiadlo es abogada penalista y representante legal de la agrupación PPP (Presos por plantar), formada para evidenciar y exponer las experiencias de quienes son perseguidos por la ley por consumir marihuana.
En contacto con Aire Digital, Podsiadlo comentó que la organización surgió “por la necesidad del grupo de personas allanadas, detenidas y criminalizadas por delitos a la ley de estupefacientes que decidieron juntarse para exponer sus experiencias con la Justicia argentina”.
La letrada destacó que “como sociedad no podemos ser tan hipócritas de seguir permitiendo que haya personas presas por cultivar mientras alentamos el cannabis industrial”.
Sobre la falta de articulación con las fuerzas de seguridad y ciertos sectores del Poder Judicial –que actúan desconociendo las nuevas normativas- Podsiadlo aseguró que uno de los reclamos es el indulto. “Tenemos conductas que están autorizadas por la ley de cannabis medicinal pero quedaron en el camino. Hay personas criminalizadas por tener tres o cuatro plantas cuando están autorizadas a tener nueve”.
