El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, confirmó ayer que se presentó una propuesta y se avanza hacia una agencia estatal que se ocupe de la protección de testigos e imputados en investigaciones judiciales.
El funcionario hizo estas declaraciones al terminar la reunión de Gabinete Nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, donde Garavano y el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, oficiaron de voceros ante la prensa.
En rueda de prensa el funcionario dio por hecho que habrá "una agencialización del programa de protección de testigos" y agregó que esta semana trabajarán "arduamente en los detalles".
Consultado sobre a qué se refería con el término "agencialización", explicó que se va a "avanzar hacia un modelo de agencia como se ha avanzado con la ANMaC (ex RENAR), la Agencia Nacional de Materiales Controlados o con la Agencia de Protección de Datos Personales".
"Son instituciones dentro del Estado que actúan con independencia y son autosustentables", añadió.
En Argentina el sistema de protección de testigos se encuentra regulado por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia.
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El sistema se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de la justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas) y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo.
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