La única empresa que se presentó fue la belga DEME, luego de la sorpresiva retirada de Jan de Nul, actual concesionaria del dragado. La firma alegó impugnaciones de sus competidores, una “durísima campaña mediática” en su contra y exigencias contractuales que, según argumentó, excedían el alcance del servicio.
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Ante este panorama, el Gobierno decidió frenar la licitación y remitir el caso a la Justicia para investigar posibles maniobras anticompetitivas. Ahora, la administración de Javier Milei deberá definir cómo garantizar la operatividad de la Hidrovía, que moviliza el 80% del comercio exterior del país.
El ente encargado de la licitación y su posterior anulación es la ANPYN, bajo la conducción de Iñaki Arreseygor, abogado con trayectoria en el sector público y privado. Su llegada al organismo ocurrió en mayo de 2024, tras la disolución de la Administración General de Puertos (AGP SAU).
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El funcionario de puertos Iñaki Miguel Arreseygor firmó la resolución 7/2025
Ahora, la gestión de Milei enfrenta el desafío de rediseñar un nuevo esquema para la Hidrovía en un contexto de incertidumbre y tensiones con empresas del sector.
Mientras tanto, el Gobierno espera explicaciones de otras firmas que decidieron no participar en el proceso y aún no confirmó cuándo se relanzará la licitación.
