La caída en la recaudación y el aumento del gasto público atado a la inflación erosionan, lentamente, el superávit no solo de la economía libertaria, sino también del relato oficialista.
El verdadero talón de Aquiles que enfrenta Javier Milei.
No son días fáciles para el Gobierno de Javier Milei. Si bien el superávit todavía sigue en pie —al cierre del primer trimestre el primario cerró en $6,8 billones—, lo cierto es que la caída en la recaudación y el aumento del gasto público atado a la inflación erosionan, lentamente, este pilar clave no solo de la economía libertaria, sino también del relato oficialista.
Los números fríos de la economía al cierre del mes pasado no fueron alentadores. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los ingresos impositivos cayeron en el primer trimestre del año un 11,4% en términos reales, un verdadero desplome que revela la caída en la actividad.
En simultáneo, los gastos totales presentaron un crecimiento de 2,9%, el cual estuvo motorizado por mayores pagos por intereses de la deuda, pago de subsidios a la energía y de las jubilaciones, que están atadas a la inflación. Dicho sea de paso, el índice de precios no da señales de tregua: trepó al 3,4% en marzo pasado, la más alta en 12 meses.
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Las únicas buenas noticias llegaron desde Washington, una vez más. Allí, el ministro de Economía Luis Caputo y su equipo lograron que el FMI aprobara la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025 y, trascartón, consiguió del Banco Mundial una garantía por U$S 2000 millones para refinanciar, a una menor tasa que la que ofrece el mercado, los vencimientos de la deuda de julio, que llega a US$4300 millones.
Mientras Economía hace malabares para despejar el horizonte de pago de la deuda, pisa gastos en obra pública, PAMI y transferencias a las provincias y, en simultáneo, ordena a los distintos ministerios recrudecer el ajuste para mantener el frágil equilibrio fiscal, la feroz pelea interna dentro del gabinete libertario amenaza con hacer volar todo por los aires.
El conflicto del Gobierno con las universidades nacionales da cuenta de ello. Un fallo en segunda instancia de la Justicia obliga al Gobierno a pagar 2,5 billones a las 56 casas de altos estudios por no haber cumplido con la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso el año pasado.
El sector que responde a Santiago Caputo le achaca este revés a los primos Menem (Martín y Lule) por haber demorado de manera deliberada la sanción de una ley modificatoria que presentó el Poder Ejecutivo en febrero pasado y que, dice, le hubiese evitado al Estado el estallido de este problema.
Esa iniciativa se presentó con el objetivo de desactivar el frente judicial que amenazaba con agravarse luego de que en diciembre pasado un fallo de primera instancia obligara al Estado a pagar esa suma a las universidades. El Gobierno apeló pero, al mismo tiempo, presentó un nuevo proyecto de financiamiento universitario que, en resumen, propone reforzar el presupuesto de las casas de altos estudios para este año, convocar a paritarias cada tres meses pero desconocer la deuda con los universitarios desde 2023 a la fecha.
Caputo venía negociando el proyecto con algunos rectores y la UBA parecía dispuesta a aceptar, con algunas modificaciones. Sin embargo, Menem nunca puso en tratamiento el proyecto, confiando en que la Justicia finalmente daría vuelta el fallo de primera instancia. Eso no sucedió y ahora el Estado debió recurrir a la Corte para evitar el pago millonario a las universidades.
“No podemos pagar semejante dineral. Pone en peligro el superávit”, se quejan ahora en el Gobierno.
La feroz pelea interna en el gobierno libertario no se limita a los cruces en las redes que puedan protagonizar Lilia Lemoine y el Gordo Dan. Afecta a la gestión misma. Ese es el verdadero talón de Aquiles que enfrenta Milei.
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