Vicentin puede valer unos 600 millones de dólares, pero necesita 400 millones en capital de trabajo para volver a producir.
Noelia Vetach / Aire Digital
Un núcleo relevante de acreedores comerciales de Vicentin está ocupado en encontrar una alternativa a la quiebra. Alternativa que por ahora es resistida por los directivos y accionistas de la agroexportadora, pero que cosechó un guiño importante desde el sector público, concretamente desde la banca oficial en su doble condición de acreedora y eslabón imprescindible para financiar la reactivación de lo que fue Vicentin.
Caída toda posibilidad de expropiación como se planteó un año atrás, el Estado se prepara para participar del rescate sin poner dinero pero con un rol activo. El objetivo es el mismo: que la empresa vuelva a producir, preservar las fuentes de trabajo y evitar la extranjerización. En este sendero el diálogo involucra a las cuatro entidades bancarias del sector público con créditos millonarios impagos por parte de Vicentin: Nación, Bapro, Bice y Ciudad.
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Las normativas actuales impiden que los bancos oficiales capitalicen deuda. Por lo tanto está en estudio cuál sería la figura técnica para hacer funcionar a Vicentin y que las cuatro entidades públicas puedan jugar. La posibilidad más difundida es la de un fideicomiso; otros barajan la constitución de un nuevo capital social (en ese caso los bancos no estarían financiando a un deudor sino a una empresa nueva).
Fuentes consultadas por Aire Digital señalaron como “muy positivo” que el problema de Vicentin haya vuelto a tener presencia en la agenda del Estado. Y sobre todo la posibilidad concreta de que toda la banca pública vaya en la misma línea, incluido el Banco Ciudad, que es conducido por un gobierno de signo político distinto al nacional. La entidad porteña necesita una salida de este tipo o corre el riesgo de tener que capitalizar el banco ante el daño patrimonial que le provocó la agroexportadora.
Cabe recordar que los bancos oficiales argentinos verificaron al 10 de febrero de 2020 las siguientes acreencias: Nación $18.182.297.617,70; Bapro $1.814.311.396,16; Bice $313.231.794,52; Banco Ciudad $318.704.986,75. En total suman el 20% de la deuda de Vicentin. Está por verse el rol que pueda jugar Afip: Vicentin le debe más de 1.500 millones.
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Otro actor central a la hora de proyectar cualquier salida es el comité de bancos extranjeros. En conjunto esas entidades reclaman unos 500 millones de dólares. No parece tarea sencilla involucrarlos en una solución productiva y a largo plazo.
Pero todo es incipiente y está por construirse. En ese sentido no es un detalle menor que el presidente de Banco Nación, que es el principal acreedor individual, haya expresado públicamente la voluntad de acompañar una posible salida como la esbozada por los acreedores granarios.
Es que rota la confianza del mercado tras el default de diciembre de 2019, el rol de la banca oficial resulta decisivo para que Vicentin pueda volver a producir. Según cálculos privados, para arrancar requiere unos 400 millones de dólares en capital de trabajo (mercadería para procesar). Acreedores granarios dispuestos a capitalizar su parte dicen estar en condiciones de garantizar las 8 millones de toneladas por campaña que necesita Vicentin. En ese grupo no está ACA. La Asociación de Cooperativas Argentinas, que es el mayor acreedor comercial en el concurso, por ahora juega la individual.
La principal traba es que los propietarios resisten la entrega de las acciones y su participación en la empresa. Mejor que nadie saben que el actual sendero conduce a la quiebra, lo que no le conviene a nadie, pero menos que menos a los acreedores, que corren el riesgo de quedarse sin nada. Posicionados en esa certeza estiran los tiempos, probablemente con la intención de llegar a una negociación que les permita conservar parte de las acciones o salir airosos de la compleja situación en la que se encuentran, incluso frente a la Justicia penal.
En el marco de esa estrategia, casi 60 accionistas –que dicen representar el 82% del capital accionario– acordaron en privado y ante escribano la sindicalización de sus acciones. Le dieron un poder de negociación a Alberto Macua, uno de los hombres fuerte de la empresa. De todos modos, como las desconfianzas reinan y los accionistas no son una sola cosa, a la par le designaron 17 interlocutores a los cuales debería reportar antes de la toma de decisiones.
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Distintas fuentes consultadas estiman que Vicentin produciendo puede valer unos 600 millones de dólares, pero necesita 400 millones en capital de trabajo y además tiene que pagar 1.600 millones de dólares de deuda. Para los acreedores privados, esos números demuestran la falsedad de las proyecciones que hacen Diego Guelar y otros voceros de Vicentin. “Si hubiera un inversor privado dispuesto a poner dinero para entrar en el mercado lo haría por muchísima menos plata comprando alguna de las otras empresas saneadas y que coticen en bolsa”, razonan.
Cabe recordar que en la actualidad Vicentin no opera por sí misma sino a través de contratos a fazón con terceros. Se trata de un negocio pequeño que sólo permite pagar salarios, mantenimiento de instalaciones y pago de impuestos. Aun cuando obtiene superávit, a este ritmo necesitaría mínimo medio siglo para pagar la deuda.
Así como los accionistas y directivos de Vicentin juegan con el paso del tiempo para debilitar a los acreedores, éstos siguen con expectativa las varias causas penales abiertas a lo largo de 2020. Hasta el momento se acumulan medidas cautelares como inhibiciones de bienes o levantamiento de secretos fiscal, bancario y bursátil, pero no se llegó a imputaciones con nombres y apellidos. En la investigación que se sigue en la Fiscalía Regional Rosario se espera a corto plazo la declaración por escrito, en condición de testigo, del presidente de la Nación.
El abogado Gustavo Feldman, representante de un puñado de acreedores comerciales, se hizo eco de una presentación de los veedores Juan José López Forastier y Sergio Arelovich, en la que pusieron la lupa sobre la contratación de pólizas de seguros de la compañía.
“Los veedores, dos profesionales reconocidos por su solvencia y rectitud, alertan al juez Lorenzini sobre posibles delitos de acción pública con los seguros”, señaló Feldman al tiempo que acusó al juez de “hacer oídos sordos” y a los auditores forenses de “mirar para otro lado”.
En esa presentación, los veedores pidieron, entre los puntos principales, “determinar si las sumas aseguradas se corresponden con los valores reales de los activos de la empresa. La verificación de las sumas permitirá conocer si los activos del grupo se encuentran debidamente cubiertos con el fin de garantizar efectivamente el patrimonio que es resguardo de los acreedores del concurso”.
Y “verificar si existieron contrataciones de seguros de vida con prima única que favorezcan a los directivos y accionistas de la empresa, ya que con dichos mecanismos hemos visto en nuestro país una de las ventanas utilizadas para la Formación de Activos Externos, esto es fuga de divisas al exterior”.
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