La calle dijo basta. El jueves unas 8.000 personas cortaron avenida Alberdi, en el norte de Rosario, para reclamar seguridad. La protesta no tuvo un solo destinatario, sino que la paleta de reclamos abarcó a toda la clase política. La bronca tras el crimen del arquitecto Joaquín Pérez, que ocurrió el martes pasado, provocó que volvieran las estrofas: “Que se vayan todos….”.
La marcha de esta semana recordó las protestas convocadas bajo la consigna "Rosario Sangra" en agosto de 2016.
La estadística de homicidios señala que se produjeron 189 en el departamento Rosario, en lo que va del año. El de Pérez, por la trama del crimen y por la historia de la víctima, agitó las aguas de la protesta social. La historia del arquitecto está por fuera del 60 por ciento de las que movilizan los homicidios, que son enfrentamientos entre grupos criminales. Según datos del Observatorio de Seguridad Pública, sólo el 2 por ciento de los crímenes que se produjeron este año fueron en ocasión de robo.
“Es la seguridad, estúpido”, decía un cartel que portaba una joven en la marcha. Iba dirigido a la clase política que desde que recrudeció la violencia en 2013 en Rosario, tras el crimen del líder de Los Monos Claudio Pájaro Cantero, no le encontró la vuelta a un problema en ascenso que no parece tener límites. La situación tiene también responsables coyunturales. El gobernador Omar Perotti basó su campaña electoral que lo llevó a la Casa Gris con el lema “paz y orden”. Esos eslóganes tan determinantes no se olvidan.
Hace una semana arribaron a Rosario 575 gendarmes, que aún no aparecieron en escena, tras el acto que encabezaron el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández y el gobernador Omar Perotti. Se activaron los operativos contra bandas narco, con allanamientos por lavado de dinero, como el que se produjo la semana pasada contra los miembros de una banda, liderada por el piloto peruano Julio Rodríguez Granthon desde el penal federal de Marcos Paz. Está naturalizado que un narco haga negocios desde la prisión, en este caso federal, ubicaba a 350 kilómetros de Rosario.
Esta organización liderada por el exmiembro de Sendero Luminoso, imputado por participar en el crimen del exconcejal de Ciudad Futura Eduardo Trasante, cambiaba la jugosa recaudación de los búnkeres de Villa Banana, en el oeste de Rosario, una de las zonas más pobres de la ciudad, en una cueva financiera del extitular de Terminal Puerto Rosario Gustavo Shanahan.
Cuando se camina con miedo
La calle sigue igual. Peligrosa. Y ahora caliente. Con gente que camina con miedo porque en cualquier momento pasa un ladrón en moto y le roba el celular, un aparato vital hoy en la vida de una persona que por su costo es complicado de reponer.
La calle está peligrosa no sólo porque se ven pocos policías realizando tareas de prevención, y los que están apostados en alguna avenida transitada están más pendientes de su celular que de lo que pasa alrededor. La gente no sólo reclama más policías, sino que haya otro tipo de predisposición del agente que lo debe cuidar.
En el censo policial que se realizó el año pasado, basado en un trabajo del Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe, se observa que los propios policías perciben esa demanda, aunque no hagan mucho por cambiar la situación. Siete de cada diez agentes de la Unidad Regional II creen que es la de mayor presencia en el espacio público.
Más del 80% de los agentes consultados respondió que perciben poca confianza o directamente nada por parte de los vecinos para con la fuerza. Cuáles son las razones A esos ocho de cada diez agentes que no perciben confianza les preguntaron cuáles podrían ser las razones. La respuesta más elegida, por un 37,8% de los consultados, fue la corrupción policial; seguida por “la falta de presencia policial en las calles”, opción tomada por un 27,4% y luego otras relacionadas con la falta de efectividad y las demoras en responder a los llamados de emergencia.
Según datos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, en Rosario hay 5.400 policías, a los que se suman casi un total de 3.000 efectivos federales. Esta ciudad es hoy una de las más custodiadas del país, pero las estrategias de prevención hasta ahora no funcionaron.
Eso simplemente es lo que reclama la gente en la calle. Y esa bronca estalló por un crimen demencial, de un arquitecto al que dos ladrones lo mataron para robarle un Renault Clio modelo 2006, al que luego abandonaron a diez cuadras. Dejaron dentro del auto una pistola calibre 40 marca Steyr, que tiene un poder de fuego impresionante. No les importó ni siquiera los rastros y las pistas que dejaron dentro del auto. A Joaquín Pérez lo mataron por nada y con disparos de dos armas, la Steyr y un revólver calibre 38.
Un contexto de crisis económica extrema
La tensión es grande por la crisis de seguridad, que se da en un contexto de extrema fragilidad económica y social, después de una pandemia que parece haber dejado de azotar pero que dejó consecuencias profundas no sólo en los bolsillos flacos sino en las cabezas saturadas.
La gente ni siquiera espera una reacción del gobierno. El alto nivel de descreimiento en la clase política es un elemento que adoba un problema mayor, con sensaciones de hartazgo sin fronteras, quizá peores a la bronca que afloró en agosto de 2016 con las multitudinarias marchas de Rosario Sangra.
El ministro de Seguridad Jorge Lagna anunció la reapertura de cinco comisarías para intentar de plantear una respuesta a los reclamos. Es una salida de emergencia para un problema más grave. Su antecesor, Maximiliano Pullaro, había impulsado un plan de construcción de estaciones policiales para cerrar paulatinamente las comisarías. Ahora parece volver todo atrás.
La urgencia del momento va a contramano de la pasividad y hasta indiferencia de los legisladores para tratar las leyes de seguridad que están desde el año pasado en la Legislatura. El problema va más allá de estas jugadas políticas del oficialismo y de la oposición que parecen subestimar la bronca de la calle.
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