Santa Fe es la quinta provincia con mayor cantidad de víctimas de trata de personas. Frente a un mercado ilegal que mueve 32 billones de dólares en el mundo, Milei ajusta las estructuras del Estado dedicadas a combatir ese delito.
En Santa Fe, las denuncias por trata cayeron un 35% respecto a 2023.
La desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes deja a la vista una decisión política del gobierno de Javier Milei que está calando hondo en toda la Argentina: el ajuste y la desmantelación de las estructuras estatales dedicadas a combatir la trata de personas.
Un dato lo ilustra: las denuncias por trata, en Santa Fe, cayeron un 35% respecto a 2023. Pero los números reales son peores, porque se trata de un delito subregistrado y supone la complicidad de fuerzas de seguridad provinciales y federales, de la Justicia y la política.
Según información actualizada a diciembre 2023 de la ONG Iniciativa Global contra la Trata de Personas (UNGIFT), la trata de personas mueve cada año alrededor 32 billones de dólares en el mundo.
Es una cifra estimada –al igual que la fuga de divisas, no hay contabilidad oficial, sino aproximada– del dinero que genera el robo y tráfico de menores y mayores con fines de esclavitud sexual, laboral y mercadeo de órganos vitales.
En otras épocas no haría falta aclarar que, además de una cifra capaz de comprar toda clase de voluntades y relajar controles a escala planetaria (imaginen Corrientes o Santa Fe), es una práctica que refleja lo peor de la condición humana: las modernas modalidades de un esclavismo que el capitalismo vino a abolir en la letra, a fines del Siglo XVII. Pero éstas son otras épocas, en las que mayorías electorales votan sin marcos morales ni éticos, o con otros marcos.
Repasemos un diálogo del año 2022 entre el periodista Jorge Lanata y el entonces diputado nacional Javier Milei:
—¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos?
—Yo digo que es un mercado más, vos podrías pensarlo como un mercado. ¿Por qué el Estado tendría que estar regulando la oferta y la demanda? Hay estudios hechos en los Estados Unidos que, si vos dejaras esos mercados libremente, funcionarían mucho mejor. Es una decisión de cada uno, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo?
Dos cuestiones preliminares: si decidir sobre el propio cuerpo es ley suprema, ¿por qué vale para la venta de órganos y no para el aborto legal seguro y gratuito?
Luego, a Milei esas declaraciones le costaron una recaída en los focus groups durante la campaña previa al balotaje y el hoy presidente negó haber dicho esto, pero Diana Mondino (hoy canciller) lo ratificó al decir que hay leyes que podrían modificarse. Habla de la Ley nacional 24.447 o Ley Justina, que prohíbe la publicidad para venta de órganos; es cierto también que –como las que protegían derechos laborales o económicos individuales y colectivos hasta la sanción de la Ley Bases–, ésta ley “restrictiva y distorsiva del mercado” puede modificarse o derogarse, dando paso a una nueva era de la ética capitalista.
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Si hasta hoy, según la UNGIFT, el mercado de la trata mueve 1,3 billones de dólares en América Latina y 800 millones en la Argentina, con estos retoques el mercado puede dos cosas: duplicar o triplicar esas ganancias y legalizarse. Ya no harían falta pantallas de blanqueo (financieras, inmobiliarias, fundaciones, medios de comunicación o emprendimientos gastronómicos) para lavarlos.
De hecho, ya existe un blanqueo –votado con la Ley Bases– que permite declarar hasta 100 mil dólares sin alícuota de recargo ni declarar origen, y blanquear montos por encima de ese valor también será sin cargo mientras ingresen al sistema financiero argentino con un encaje que vence después de las elecciones de medio término de 2025. “Me importa un rábano de dónde saquen los dólares, hay cosas que los políticos consideran delitos que para mí no son delitos”, asegura el presidente.
Pero ¿cuál es el límite de semejante refundación civilizatoria? Pues parece que es Loan, mientras siga siendo noticia y una cruzada nacional.
En la provincia de Santa Fe coexistían hasta diciembre de 2023 dos estructuras nacionales federalizadas para la prevención y la lucha contra la trata, contra la captación, robo y tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual:
Ambas líneas de gestión fueron víctimas del brutal recorte presupuestario que hizo posible el superávit fiscal del que se vanagloria el presidente. El PNR fue desfinanciado en un 90%, es decir prácticamente desmantelado, y el Comité –previo pase de la dependencia de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Seguridad– fue vaciado con la desvinculación de 40 delegados y delegadas de todo el país, incluyendo Santa Fe.
Como ustedes saben, solemos dialogar con nuestros lectores de izquierda, centro o derecha (es la suerte de escribir en un medio con una línea editorial plural y diversa) y contestamos juntas dos preguntas que resuenan a esta altura de la nota.
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La primera es si entonces no es como dice el vocero presidencial Manuel Adorni, que no se resiente la prevención ni la lucha contra éstos delitos complejos pues había duplicación de funciones.
La otra es si éstas dos estructuras eran suficientes y articulaban eficientemente con autoridades políticas y judiciales de la provincia de Santa Fe.
La respuesta es NO en ambos casos: el PNR también incluía equipos multidisciplinarios (asistentes sociales, psicólogos con el concurso de fuerzas federales) que acudían a las alertas de la línea 145; estos nunca fueron ni suficientes ni contaron con presupuestos acordes para su óptimo desempeño.
El Comité que dirigía Gustavo Vera también tenía limitaciones de recursos y estructuras, ambos paliados con el trabajo a destajo de los profesionales y operadores que enfrentaban a una mafia que permea todos los niveles de control (policías locales que desvían investigaciones, jueces de menores que facilitan la tenencia de los tratantes y fuerzas federales que consiguen los pasaportes para que los proxenetas saquen a los y las chicas del país) y cuenta con recursos tecnológicos para las captaciones, comunicaciones y traslado muy superiores a cualquiera que pueda ostentar el Estado.
Una operadora del PNR, bajo reserva de identidad (porque hoy su puesto de trabajo está en riesgo, como el de todas las que dependen de un programa que el ministro Mariano Cúneo Libarona se ha propuesto eliminar), hace una analogía de la duplicación de la que habla Adorni: “Estos programas son la Cenicienta de todas las gestiones, incluso de las que lo crearon y coinciden con las mejores políticas y estándares operativos, se sostienen en base al sacrificio y dedicación militante de sus trabajadores y trabajadoras, profesionales o no. Acá te sentís como enfrentando a un ejército armado hasta los dientes y con contactos en todas partes, muchas veces protegido por el mismo Estado que los combate con un escarbadientes. Si contás el Comité, la duplicación serían dos escarbadientes”.
Nicolás Del Mastro, abogado y referente de La Alameda en la provincia de Santa Fe y ex delegado del Comité contra la Trata, ante la consulta de AIRE definió la jugada de reflotar el Comité tras el escándalo de la desaparición de Loan: "Tardaron más de 10 días en despabilarse y siete meses para intentar poner en funcionamiento el Comité, cambian alguien con el perfil de Vera para nombrar (interna mediante) a Verónica Toller, periodista de FOPEA, cercana al Opus Dei y con muy poca experiencia en estos temas; pero tampoco hay representación de los ministerios que lo componen por ley, pues el gobierno reformuló la estructura del Estado, todo fue modificado por un DNU, la Ley Penal en principio, lo que está prohibido por la Constitución, hoy hay un enfoque policial”.
Estos cambios tuvieron un impacto considerable que puede dimensionarse en las cifras que consolida el mismísimo Ministerio de Justicia (ex Derechos Humanos) y que se publicaron hasta el cierre de la gestión del Frente de Todos.
Desde la creación del PNR en el año 2008 hasta hace seis meses (con la paralización del programa se dejaron de publicar estadísticas oficiales), se habían rescatado 20.106 víctimas. Y solamente entre enero y noviembre de 2023 se rescató a 1.609 personas, de las cuales 1.536 eran mayores de edad y 73 menores.
Durante el año pasado, la distribución por género de las víctimas fue la siguiente:
La alta cifra de varones se explica por gran cantidad de trabajadores (rurales más que urbanos) explotados laboralmente en condiciones de semi-esclavitud, rescates de los que participa el Comité de Lucha con el concurso del RENATRE y el sindicato de trabajadores rurales UATRE.
Cuando relevamos las cifras de rescate, Santa Fe es la quinta provincia con mayor cantidad de víctimas del delito de trata (121), por detrás de Buenos Aires (409), CABA (313), Córdoba (245) y Mendoza (204).
Corrientes, el feudo donde fue captado Loan Danilo Peña, apenas registra 62 rescates, pero hay que señalar que la cantidad está en directa relación con las fortalezas del Programa Nacional de Rescate en el territorio y, como señalara Gustavo Vera, “la única provincia donde no pudimos articular con nadie, ni tuvimos receptividad para el trabajo de las mesas del Comité, fue precisamente Corrientes”.
Al debilitarse los canales denuncia (básicamente la línea 145 pero también los Centros de Referencia Territorial que dependían del Ministerio de Desarrollo Social o los Centros de Acción Judicial que Cúneo Libarona piensa eliminar o fusionar), se ve claramente cómo decrecen las denuncias en territorio santafesino.
Hay que recordar siempre que la emergencia administrativa dispuesta por el vigente decreto 70/2023 (que ninguno de los gobernadores del Pacto de Julio tiene pensado enfrentar legislativamente) le permitió a Milei empezar una reformulación y ajuste de las estructuras del Estado sin Ley Bases, y que se verifica con una retirada de las agencias y servicios nacionales de las provincias. Una desfederalización que a ninguna autoridad ejecutiva (gobernadores, intendentes) o legislativas locales parece preocuparle demasiado.
Manuel Adorni, volvió a utilizar una fórmula insensible, más bien cruel (“otra barrida y limpieza” de lo que considera como sobra o mugre) para referirse a los 50 mil nuevos despidos que se conocerán después del 30 de junio. La mayor parte de esos nuevos desocupados serán trabajadores de las dependencias que los organismos descentralizados poseen en el interior del país, también en Santa Fe.
Al cierre de esta nota, ya recibían notificaciones de cese trabajadores de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), CONICET y el Ministerio de Desarrollo Social.
Sobre la realidad santafesina en materia de captación y trata, Del Mastro asegura que “nosotros hemos intentado trabajar con municipios de toda la provincia, en el Gran Santa Fe trabajamos muy bien con Recreo, Sauce Viejo, Santo Tomé, en el sur con Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Funes y el corredor San Lorenzo, fuertemente en pasos interprovinciales, aeropuertos y puertos, que conforman la ruta de la trata”.
“Nuestra provincia no se divide norte y sur para la trata, sino este y oeste: el sistema de navegación troncal, el sistema de puertos y los grandes aglomerados que están sobre la costa este, que es también el esquema del sistema extractivo, esa economía está muy cerca de un país que tiene reglamentada la prostitución como Uruguay, que también es un paraíso fiscal donde se lava el dinero de éstas actividades”, agrega del Mastro.
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A la hora de identificar actores en la trama de la trata para fines de explotación laboral y sexual, Del Mastro acepta que las justicias provinciales, algunos juzgados federales y las fuerzas de seguridad son parte del problema más que se las soluciones. “En algunas cadenas de valor, como la de la frutilla, donde hay un esquema de producción cartelizado, se naturaliza la explotación e incluso el trabajo infantil, y si la política participa del negocio ni hablemos, desenmarañar eso es muy difícil y con la retirada del Estado nacional va a ser directamente imposible”.
Sobre el cierre del año pasado, ingresó un actor novedoso a la explotación con fines laborales, que en Brasil genera una economía monumental con las iglesias pentecostales.
En diciembre de 2023, la Policía de Investigaciones dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, allanó una iglesia evangélica en el barrio de Villa Hipódromo, donde el pastor retenía a tres mujeres que lo denunciaron por abusos sexuales reiterados. En el mismo allanamiento se encontraron 5 millones de pesos, 1.255 dólares, armas y municiones de variado calibre.
Si cualquier cosa es pasible de compra y venta para su explotación –soja, litio, seres humanos– en algún tipo de mercado, si el Estado ya no inspecciona ni regula (es decir que “ya ni trata”), habrá muchos y muchas Loan, como así también ministros y ministras embravecidos, cazando pumas y yacarés para radiografiarles la panza.
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