Diputados de Santa Fe no tratará el polémico proyecto sobre discursos de odio
Diputados de Santa Fe decidió frenar de manera definitiva el tratamiento del proyecto de ley que buscaba sancionar los denominados "discursos de odio".
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe decidió frenar de manera definitiva el tratamiento del proyecto de ley que buscaba sancionar los denominados "discursos de odio".
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe decidió frenar de manera definitiva el tratamiento del proyecto de ley que buscaba sancionar los denominados "discursos de odio", confirmándose que la iniciativa no tendrá renovación de preferencia para ser debatida en el recinto.
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Según informaron fuentes parlamentarias a AIRE, la falta de consenso político entre los bloques y el vencimiento de los plazos reglamentarios sin una prórroga para su discusión provocaron la caída de la propuesta, dando a entender que fue formalmente bajada y quedaría archivada sin sanción.
Diputados de Santa Fe no tratará el polémico proyecto sobre discursos de odio
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La iniciativa, impulsada originalmente en el Senado por el legislador Felipe Michlig, contaba con media sanción y pretendía declarar a Santa Fe como provincia libre de discursos de odio. El texto proponía incorporar modificaciones al Código de Convivencia e imponía severas sanciones económicas que alcanzaban multas de hasta 8 millones de pesos para quienes incurrieran en conductas discriminatorias o violentas en ámbitos públicos e institucionales.
Como alternativa a las penalizaciones monetarias, el proyecto contemplaba la realización obligatoria de cursos de formación y talleres de concientización sobre la temática.
Sin embargo, el articulado generó fuertes controversias técnicas y políticas. Una de las principales voces críticas fue la diputada provincial Silvia Malfesi, de Somos Vida, quien cuestionó duramente la propuesta y advirtió sobre sus riesgos institucionales.
"Es una herramienta sumamente peligrosa"
"Es una herramienta sumamente peligrosa. Utilizar la estructura del Estado para juzgar el contenido de las opiniones puede derivar en mecanismos de censura previa o en la persecución de disidencias políticas y periodistas", remarcó la legisladora, al tiempo que sostuvo que "la libertad de expresión es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Nacional que no puede ser cercenado bajo figuras ambiguas o subjetivas".
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La discusión ya había sufrido reveses semanas atrás, cuando la Cámara baja postergó el debate ante la imposibilidad de unificar criterios sobre el límite entre la prevención del odio y el resguardo de las garantías constitucionales.
Pese a que desde sectores promotores y especialistas en salud mental se enfatizaba la necesidad de frenar el impacto de estas narrativas en la convivencia social y el bienestar psicológico de la población, los cuestionamientos vinculados al peligro de ejercer control ideológico sobre el discurso público terminaron por paralizar el avance de la norma en el ámbito legislativo.
