La Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, que preside la diputada María Luján Rey (PRO), comenzó a debatir sobre una ley que propone modificar el Código Penal en relación con la conducción imprudente de vehículos automotor e imposición de penas específicas en el caso de carreras ilegales, conocidas como "picadas".
Diputados armarán una ley para castigar a quienes corren picadas.
El martes, fueron invitadas integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor y Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió en septiembre de 2020 luego de ser atropellado durante una picada en Gregorio Laferrere.
La representante del colectivo Madres del Dolor e integrante del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, Viviam Perrone expresó “con estos proyectos queremos salvar vidas y evitar que otras personas estén en nuestro lugar”.
“Las muertes viales son una muerte por goteo. Todos los días mueren entre 15 y 20 personas, son todos hechos evitables y prevenibles, entre 15 y 20 familias que quedan destruidas en la Argentina”, agregó.
Qué proponen los diputados para castigar a los que corren "picadas"
Entre los distintos proyectos sobresale el de la diputada del PRO María Luján Rey y que establece que "será reprimido con prisión de 9 meses a 4 años e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena, el conductor que participare en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente".
"La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare dicha conducta, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, con conocimiento que será utilizado para ese fin", explicó.
Asimismo, en el proyecto se precisa que "si las conductas descritas fueran llevadas a cabo en una zona urbana, serán reprimidas con prisión de 2 a 5 años, e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena".
En el caso de que resultaren víctimas fatales, la pena será de prisión de 8 a 25 años, e inhabilitación especial vitalicia para conducir cualquier tipo de automotor", según establece la iniciativa.
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