domingo 16 de enero de 2022
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Deuda por coparticipación: cómo es el acuerdo de San Luis con la Nación que Santa Fe busca replicar

Para saldar la deuda con la provincia de San Luis, la Nación emitirá bonos de Tesoro actualizados por el CER hasta el año 2028. Es para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a las provincias de San Luis y Santa Fe.

La provincia de San Luis y el gobierno nacional llegaron este año a un acuerdo para el pago de la deuda que Nación mantiene con el Estado puntano por la retracción de recursos por coparticipación. Se trata del cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2015 que favoreció a las provincias de San Luis y Santa Fe.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con el caso de Santa Fe, la provincia de San Luis ya logró un acuerdo con la administración central nacional sobre el monto de la deuda y la forma de pago. En ese sentido, Nación –a través del Ministerio de Economía– tuvo que emitir varias series de bonos por un monto total de $25.749 millones, en el marco del fallo dispuesto por la Corte Suprema en noviembre de 2015, que también favoreció a Santa Fe.

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Con la finalidad de saldar la deuda con San Luis, el gobierno nacional tuvo que emitir bonos cuyos vencimientos van desde 2022 hasta 2028. Las secretarías de Finanzas y de Hacienda publicaron en el Boletín Oficial una Resolución Conjunta para saldar la deuda con la ampliación de la emisión de los "Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,30% Vencimiento 20 de septiembre de 2022", emitidos originalmente el 15 de mayo de 2020, por un monto de hasta 5.406.473.380 que serán colocados a la provincia de San Luis.

Además, se determinó la ampliación de la emisión de los "Bonos del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,45% con vencimiento el 13 de agosto de 2023, por un monto de hasta 5.675.552.110 pesos; otra ampliación con ajuste por CER 2,00% con vencimiento en 2026, por un monto de hasta 7.334.224.044 pesos y una última, con ajuste por CER 2,25% con vencimiento 2028", por un monto de 7.332.597.470 pesos.

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Tras la Resolución de la Corte de este martes –en el que establece el monto y la modalidad del pago que deberá hacer la Nación a Santa Fe– el acuerdo entre San Luis y el gobierno central es una posibilidad que podría replicarse.

Sobre la modalidad de pago, el mandatario santafesino opinó que debería utilizarse una similar a la utilizada con el caso San Luis. “Serán con bonos y actualizados por CER. Tenemos que ver si es el mismo bono del tesoro que se ofreció a San Luis y o son otros tipos de bonos”, dijo el gobernador de Santa Fe Omar Perotti.

“Nosotros íbamos visualizando que cualquier instancia de acuerdo no superaba lo que el fallo de la Corte podría determinar, basándose en el acuerdo con San Luis. Defendía mejor los intereses de Santa Fe”, reconoció.

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Al ser consultado por los plazos de pago, Perotti dio a entender que se debería usar lo dispuesto en el fallo del 2015. Allí se establece que el gobierno nacional y la provincia de Santa Fe deben ponerse de acuerdo en el término de 120 días. “Estamos conformes con este fallo”, destacó el gobernador.

En 2015, la Corte emitió un fallo favorable a Santa Fe, ante un reclamo similar al que hicieron las provincias de San Luis y Córdoba. En ese fallo quedó establecido un plazo de 120 días para que las partes –la Nación y provincia de Santa Fe– acuerden y establezcan las formas de pago. Según el mandatario santafesino, ese es el plazo que debería aplicarse en el caso de Santa Fe.

Resolución

La resolución –firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, y Carlos Maqueda– se destaca que las sentencias de fondo del 2015 "tuvieron el firme propósito de que las partes convinieran y determinaran tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de su cumplimiento", pero a su vez se explica que "habiendo transcurrido seis años y a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente en el Consenso Fiscal de 2017, ese propósito no se ha alcanzado.

Según fundamenta la Corte, esa situación coloca nuevamente al Tribunal “en la situación de tener que decidir acerca de la cuantía de la condena de restitución de los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente a la Provincia".