Este lunes por la mañana se desarrolló en los Tribunales provinciales de la ciudad de Rosario la segunda audiencia en el marco del pedido de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal, impulsado por los fiscales Matías Edery y Luis SchiappaPietra.
El artículo 27 del Código Procesal Penal es el que impide que un legislador provincial pueda ser imputado en una causa penal, sin el aval de la cámara legislativa. Los fiscales Edery y SciappaPietra son quienes investigan una red de juego clandestino en la provincia y, según sostienen, el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri es parte importante de dicha red.
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En la audiencia de esta mañana, presidida por el juez José Luis Mascali, el senador Traferri fue representado por una defensora oficial designada de oficio, ya que interpreta que no debe ser parte del proceso.
El magistrado escuchó la postura que vienen sosteniendo los fiscales desde hace tiempo sobre la necesidad de imputar al legislador como parte de una organización delictiva. Edery y SchiappaPietra hicieron hincapié en que la Constitución Nacional permite iniciar un proceso contra un legislador, mientras que la carta magna santafesina no lo contempla. Ese es el principal argumento por lo que los fiscales sostienen que el artículo 27 del CPP es inconstitucional.
Sin embargo, el juez Mascali no emitió una resolución, sino que pasó a un cuarto intermedio. El magistrado cuenta con el plazo de cinco días para expedirse, por lo tanto, se espera que la resolución llegue a fines de esta semana o principios de la próxima.
Los fiscales solicitan poder someter al senador Traferri a una audiencia imputativa donde se pueda defender, los fiscales puedan aportar sus pruebas y evidencias y finalmente, el juez pueda resolver.
Hasta el momento, se desconoce la postura de la defensora oficial de Armando Traferri, Lucila De Ponte.
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El punto que debe resolver el magistrado tiene que ver con el planteo de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal que es el que establece que un legislador no puede ser imputado por un delito sin que antes la cámara a la que pertenece le quite las inmunidades legislativas.
Mascali debe expedirse en el marco de la apelación que presentaron los fiscales al fallo en primera instancia de la jueza Verón, quien rechazó el planteo de inconstitucionalidad. Los integrantes del MPA recurrieron a la Justicia luego del revés obtenido en el Senado provincial donde fue rechazado el pedido de desafuero de Traferri.
Las pruebas de la fiscalía
Edery y Schiappa Pietra están convencidos de que cuentan con elementos suficientes como para sospechar firmemente de que Traferri pudo haber delinquido. El primer elemento que remarcan los fiscales es el hecho de que Traferri dijera que conoció al líder del juego clandestino de Rosario, Leandro Peiti, hace apenas un año, cuando existen evidencias de que ya mantenían algún tipo de contacto desde 2017.
Desde ese año, existen conversaciones telefónicas que -según los fiscales- prueban que Traferri mintió. "El Senador tenía llamadas telefónicas con Leonardo Peiti al menos desde el mes de abril del año 2017, cuando precisamente el 29 de ese mes se registran llamadas telefónicas por línea entre Traferri y Peiti", afirman los fiscales.
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Según Edery y Schappa Pietra, "Peiti lo llama a Traferri y mantienen una conversación de 44 segundos. En ese momento a Traferri lo toma la antena de celulares de San Lorenzo (donde está su oficina) y a Peiti lo toma la antena de Jorge Newbery (donde está su casa).
A partir de ese momento las conexiones móviles de antenas lo ubican a Peiti trasladándose hacia Ricardone y al senador a las 18.16 en esa misma localidad. Todo ello nos hace afirmar definitivamente que Peiti y Traferri hablaron en ese momento y que muy probablemente, analizado desde la lógica y el sentido común, se hayan reunido en la localidad de Ricardone".
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