Sin embargo, las protestas ciudadanas y, sobre todo, la dificultad para reunir la mayoría en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es primera minoría con 118 diputados, obliga a un cambio de estrategia. Al bloque del Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner, le faltan 11 votos para llegar al mágico número de 129 legisladores para alcanzar el quorum. No los tienen.
maximo kirchner sergio
massa Sergio Massa postergó el tratamiento del proyecto de reforma judicial. Al bloque que encabeza Máximo Kirchner le faltan votos para asegurarse el quorum propio.
Ante esta situación, Sergio Massa, pragmático como pocos, en consonancia con Máximo Kirchner, decidió enfriar el debate del proyecto. ¿Por cuánto tiempo? “Hasta fines de octubre, principios de noviembre. El mes próximo ingresarán en la Cámara de Diputados los proyectos de presupuesto 2021 y de reforma tributaria. Ésas serán nuestras prioridades. Después vendrá la reforma judicial”, aseguran en el entorno más cercano de Massa.
El objetivo de Massa es ganar tiempo para sumar los votos que hacen falta. Juntos por el Cambio ya anticipó su rechazo. El oficialismo buscará las adhesiones en aquel mosaico de bloques e interbloques que, en leyes anteriores del Gobierno, ya prestaron su voto y que ahora, con la reforma judicial, se muestran renuentes. Entre ellos los diputados del interbloque Federal, que preside Eduardo “Bali” Bucca, donde conviven los legisladores cordobeses que responden a Juan Schiaretti y el lavagnismo, representados por Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini. También los socialistas Luis Contigiani y Enrique Estévez, ambos santafecinos. Este bloque, que en otras oportunidades supo votar dividido, esta vez cerró filas para rechazar la iniciativa tal como fue diseñada por el Senado.
El rol del Interbloque Federal
La posición del Interbloque Federal fue clave para definir el cambio de estrategia en Diputados. Los legisladores de izquierda también anticiparon su rechazo; incluso la bancada más afín al oficialismo, el interbloque Unidad para la Equidad y el Desarrollo que preside el mendocino José Ramón mostró fisuras internas y no aseguró que sus ocho miembros apoyaran el proyecto.
Para estos sectores, el proyecto que se aprobará la semana próxima en el Senado no sólo es inoportuno; también es inconstitucional. Los senadores que responden a Cristina Kirchner incorporaron modificaciones al texto, pero ninguna altera el corazón de la reforma: la ampliación de los tribunales federales en Comodoro Py con la creación de 23 nuevos juzgados a ser cubiertos por jueces subrogantes, es decir, interinos. La oposición advierte que, con esta maniobra, el oficialismo pretende colonizar los juzgados federales penales con magistrados interinos afines.
Para estos sectores, el proyecto que se aprobará la semana próxima en el Senado no sólo es inoportuno; también es inconstitucional.
Para peor, incluyó una cláusula por demás controvertida. A pedido del senador Oscar Parrilli, ladero de Cristina Kirchner, propuso incorporar en el texto un artículo que obliga a los jueces a denunciar las supuestas presiones "de los poderes mediáticos" que reciban en el ejercicio de sus funciones.
Massa y Máximo Kirchner reconocen que, así planteado, el proyecto no se aprobará en la Cámara de Diputados. Ergo, la estrategia será ganar tiempo e incorporar modificaciones que hagan más “amigable” la iniciativa. Difícil el desafío: el proyecto ya quedó teñido de kirchnerismo puro y duro. Para intentar revertir esta imagen, Massa sugiere incluir en el proyecto algunos temas que la sociedad pueda ver con agrado, por ejemplo, el juicio por jurados.
En declaraciones periodísticas, Massa sugirió también la posibilidad de instrumentar algún mecanismo de control sobre los jueces. Esto promete polémica. “Así como cada cuatro años la ciudadanía le sube o le baja el pulgar al intendente, al gobernador, al Presidente, vemos que los jueces, a los que no elegimos, están en su cargo para toda la vida y no hay mecanismos de control. Acá hay un tema de fondo, resolver el problema que los ciudadanos tienen con el Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado. Porque el Estado está al servicio del ciudadano y claramente la actitud de algunos jueces que demoran años en condenar o en absolver a alguien no es una actitud de servicio”, sostuvo Massa.
Para peor, incluyó una cláusula por demás controvertida. A pedido del senador Oscar Parrilli, ladero de Cristina Kirchner, propuso incorporar en el texto un artículo que obliga a los jueces a denunciar las supuestas presiones "de los poderes mediáticos" que reciban en el ejercicio de sus funciones.
Es sugestivo el comportamiento del comportamiento del presidente de la Cámara de Diputados. Massa no suele dar puntada sin hilo: con la excusa de que no tiene los votos, intentará ponerle su sello a la iniciativa. Pero corre un riesgo: la cámara iniciadora es el Senado. Si la Cámara baja modifica el texto aprobado por la mayoría oficialista en la Cámara alta, Cristina Kirchner puede ordenar a su séquito que insista con la sanción original y desconocer los cambios introducidos en Diputados.
“Entonces no habrá reforma judicial”, retrucan los massistas, convencidos de que la iniciativa ingresará en un incierto derrotero judicial para ser declarada inconstitucional
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