Tras más de seis décadas, Santa Fe sancionó una nueva Constitución con consensos políticos, ampliación de derechos y un amplio debate sobre el equilibrio de poderes.
La nueva Constitución de Santa Fe fue aprobada por amplia mayoría en la sesión del 10 de septiembre de 2025.
Después de 63 años de vigencia de la Constitución sancionada en 1962, la provincia de Santa Fe atravesó uno de los procesos institucionales más relevantes de su historia democrática reciente: la reforma constitucional.
La denominada Convención del 25 no solo actualizó un texto que había quedado desfasado tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994, sino que puso en juego un debate profundo sobre el equilibrio de poderes, la ampliación de derechos y la calidad democrática del sistema político provincial.
El proceso se desarrolló en un contexto político singular. El oficialismo no contó con mayoría propia ni quórum automático en la Convención, lo que obligó a construir consensos y a negociar con los distintos bloques. Para algunos actores, esta condición fue una limitación; para otros, constituyó uno de los principales activos del proceso reformista.
La nueva Constitución, aprobada el miércoles 10 de septiembre, incorpora 46 artículos nuevos, reforma otros 42 e incluye 27 cláusulas transitorias. Fue el punto final del proceso de reforma constitucional que demandó casi dos meses de trabajo por parte de los 69 convencionales reformadores.
La sanción en general fue por 52 votos a favor y 17 en contra. Tras la aprobación en general, los convencionales aprobaron las 27 disposiciones transitorias con idéntico resultado: 52 votos a favor y 17 en contra. La aprobación en particular los 161 artículos de la nueva Carta Magna provincial ya se había hecho en forma parcial durante las sesiones anteriores.
El presidente de la Convención, Felipe Michlig, reivindicó el espíritu democrático que atravesó el proceso y recordó que la Constitución de 1962 también había nacido del consenso y la pluralidad.
Sin embargo, subrayó que el paso del tiempo y los cambios introducidos a nivel nacional hicieron inevitable una actualización profunda. En ese marco, sostuvo que la Constitución de 2025 es “la reforma más importante y extensa de la historia de Santa Fe”, al incorporar nuevos derechos, garantías e institutos de avanzada.
Entre los ejes centrales destacó la consagración constitucional de Ficha Limpia, la limitación de los mandatos, la autonomía municipal y la eliminación de privilegios de la política. Para Michlig, la clave del proceso fue haber resistido las “tentaciones del poder temporal” y optar por reglas permanentes que ningún gobierno podrá desconocer. El refuerzo del federalismo interno y el rol estratégico del interior provincial aparecen como uno de los pilares del nuevo texto.
En la misma línea, el convencional Julio "Paco" Garibaldi subrayó el alto nivel de consenso alcanzado, reflejado en artículos aprobados por más de dos tercios de los votos. Destacó además la transparencia del proceso, con sesiones y comisiones transmitidas en vivo, audiencias públicas y participación de instituciones y ciudadanos. “Nada fue oscuro, nada fue secreto”, remarcó, y sostuvo que el debate contribuyó a elevar la vara del intercambio público en Santa Fe.
Garibaldi identificó tres grandes avances: la incorporación de mecanismos de participación ciudadana —como audiencias públicas, iniciativa popular y revocatoria de mandatos—; el recorte de privilegios y el fortalecimiento de la transparencia; y la ampliación de derechos, con la inclusión de derechos digitales, una mirada actualizada sobre educación y salud, y el reconocimiento de la salud mental como una dimensión central.
Desde el peronismo, Diego Giuliano ofreció una lectura más crítica, aunque reconoció el carácter progresivo del resultado final. Señaló que la falta de mayoría propia del oficialismo moderó un posible sesgo ejecutivista y permitió una Constitución que, aun sin reflejar plenamente todas las aspiraciones de su espacio, significó “el paso adelante posible” en la Santa Fe de 2025.
Giuliano destacó como uno de los mayores logros la consagración de la autonomía municipal, que “saca del cautiverio” a los municipios y amplía el alcance de la autonomía institucional al fijar un piso de 10.000 habitantes para dictar cartas orgánicas. También valoró la incorporación de la región como herramienta para el desarrollo económico y político, la limitación de las reelecciones de todos los cargos y el principio de proporcionalidad en la Cámara de Diputados, preservando al Senado como cámara de representación territorial.
No obstante, advirtió sobre aspectos problemáticos que, a su juicio, “manchan” el nuevo texto. Entre ellos mencionó la ampliación del indulto, la debilidad constitucional de la Defensoría del Pueblo y la exclusión explícita del principio de resocialización de las penas, una omisión que consideró simbólicamente negativa, aunque jurídicamente subsanada por los tratados internacionales.
Por su parte, el convencional Emiliano Peralta cuestionó el origen y el desarrollo del proceso de reforma constitucional y sostuvo que no respondió a una demanda social amplia, sino a un acuerdo político entre partidos. “Desde el primer momento dijimos que no fue fruto de un consenso de la sociedad santafesina, sino de un consenso entre partidos políticos. Se alcanzaron los dos tercios en la Legislatura, pero no existía una demanda concreta de la gente para reformar la Constitución”, afirmó.
En ese sentido, Peralta señaló que algunas dinámicas propias de la Legislatura se replicaron durante el funcionamiento de la Convención. Según explicó, el frente Unidos para Cambiar Santa Fe tuvo dificultades internas para unificar posiciones, lo que derivó en acuerdos de último momento.
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“No creo que la Constitución haya estado escrita de antemano, pero sí que Unidos tenía muchas dificultades puertas adentro y llegaba a acuerdos intrabloque sobre la hora, que en muchos casos fueron endebles y de pobre técnica legislativa”, sostuvo.
El convencional agregó que esos acuerdos internos dificultaron la incorporación de aportes de la oposición. “Después, someter esos acuerdos a modificaciones de la oposición era muy difícil. No fueron permeables a muchas propuestas, salvo algunas del peronismo, pero no del resto de las fuerzas”, señaló, y aclaró que, al menos desde su rol en la comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo, no adoptó una postura de rechazo sistemático.
Peralta remarcó además que un punto clave para destrabar el debate fue la decisión de permitir dictámenes por temas en las comisiones. “Eso fue lo que terminó de cambiar la suerte de la Constitución. Incluso fue reconocido por Pablo Farías. Si no se habilitaba esa modalidad, la Constitución iba a salir únicamente con los votos de Unidos”, advirtió.
Al evaluar el contenido del nuevo texto constitucional, el dirigente reconoció diferencias ideológicas. “No estoy parado desde un lugar socialista o progresista, como claramente lo es esta Constitución”, expresó. Sin embargo, destacó algunos aspectos positivos, especialmente en la reorganización institucional. “Hay avances importantes en la reforma del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Terminar con la mayoría automática no es poca cosa”, subrayó.
No obstante, consideró que se perdió la oportunidad de realizar una reforma más profunda del sistema judicial y advirtió que su funcionamiento dependerá en gran medida de la legislación que reglamente los nuevos institutos. También planteó interrogantes sobre la autonomía municipal: “Para Rosario es algo que viene funcionando o al menos se viene pensando desde hace tiempo, pero para el resto de las ciudades, incluidas Santa Fe, es una incógnita”.
Desde el ámbito académico, el abogado Mariano Bär evaluó el proceso como más participativo de lo esperado, aunque todavía insuficiente en términos de apropiación ciudadana. Resaltó avances sustanciales como la autonomía municipal, el reconocimiento general del derecho a la participación ciudadana y la reforma electoral, además de cambios relevantes en la organización del Poder Judicial.
El abogado constitucionalista Oscar Blando, en cambio, fue más crítico del proceso preconstituyente, al señalar la ausencia de un debate público robusto previo a la ley de necesidad de la reforma aprobada a fines de 2024. Sin embargo, reconoció que una vez iniciada la Convención se abrió un espacio de participación que permitió rectificar propuestas iniciales y enriquecer el texto final.
Blando valoró especialmente la ampliación de derechos, el reconocimiento de desigualdades estructurales y el compromiso del Estado provincial con acciones afirmativas. También destacó innovaciones como el derecho a la ciudad, los derechos digitales y la ampliación de los derechos a la salud y la educación.
Aun así, advirtió que la ampliación de derechos no siempre tuvo su correlato en una reorganización efectiva del poder, señalando persistencias estructurales como el sistema uninominal del Senado, que dificulta la paridad de género, y mecanismos que concentran poder en el Ejecutivo, como la designación de jueces y la ampliación del indulto.
Pese a las diferencias, existe un punto de convergencia entre oficialismo, oposición y especialistas: la Constitución de 2025 representa un avance significativo respecto del texto de 1962. En palabras de Giuliano, Santa Fe logró concebir la Constitución como una “casa común” en un contexto de fuertes tensiones ideológicas.
El verdadero desafío comienza ahora. Como recordó Blando, ninguna Constitución transforma la realidad por sí sola: requiere una práctica democrática sostenida, leyes reglamentarias acordes y un compromiso activo de los poderes del Estado y de la ciudadanía.
La reforma constitucional cerró una etapa histórica; su implementación efectiva definirá si ese consenso logrado en la Convención del 25 se traduce en mejoras concretas para la vida institucional y social de la provincia.
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